Dirigentes de periodistas se escudan en libertad de expresión para evadir justicia

Quieren coaccionar al Ministerio Público amenazando con denuncias internacionales por presunta violación a la libertad de prensa

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

TEGUCIGALPA.-  Los directivos del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) convocaron a una asamblea extraordinaria urgente para el sábado, bajo el argumento de defender la libertad de expresión, pero al parecer es para tratar de evitar una investigación del Ministerio Público de denuncias por el ilegal cálculo de pensiones en el ente de previsión de los comunicadores.

Los directivos, encabezados por Dagoberto Rodríguez Coello, presidente del CPH y a la vez de la junta directiva del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), llamaron a la asamblea después de que fiscales del Ministerio Público citaron al gerente, Nelson Omar Calderón, y a los dirigentes del ente de previsión a ofrecer explicaciones sobre las denuncias.

Las conocidas periodistas jubiladas, Delia Mejía y Vilma Gloria Rosales, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia en la que aseguran que la pensiones que les fueron otorgadas se calcularon basándose en una resolución aprobada por la Junta  Directiva y no en lo establecido en la ley del IPP.

El gerente del IPP y los dirigentes del CPH que integran la directiva del IPP, que fueron citados a comparecer esta semana ante los fiscales del Ministerio Público que conocen de la denuncia y realizan la investigación de rigor, respondieron el martes también convocando a  una asamblea extraordinaria para el sábado 28 de septiembre.

Aunque las declaraciones que los directivos periodistas rinden ante los fiscales del Ministerio Público sobre las presuntas irregularidades en el ente de pensión de los periodistas, no están relacionadas con asuntos de libertad de expresión o de prensa, los directivos del CPH convocan a una asamblea urgente como si se tratara de estos temas.

En la convocatoria los dirigentes encabezados por el periodista, Dagoberto Rodríguez Coello, dicen que es “para abordar los siguientes temas: Ataque a la Libertad de Expresión y de la Institucionalidad del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP)”.

Nota relacionada Amplían escudo de impunidad a directivos de periodistas

Pero la periodista Vilma Rosales dijo que la acción del Ministerio Público “no se trata de ataques a la libertad de expresión o de prensa. Se trata de una denuncia que conoce el Ministerio Público y que los directivos del IPP deben responder con normalidad como lo harían los dirigentes de cualquier otro ente de pensiones en Honduras”, dijo a criterio.hn.

                   USAN LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA COACCIONAR AL MP

Es claro que con su reacción, los dirigentes del CPH pretenden coaccionar a los fiscales del Ministerio Público para que desistan de examinar las denuncias o desestimarlas, argumentando a su conveniencia que la acción atenta contra la libertad de expresión y de prensa.

El ente de pensiones de los periodistas, que ha operado cientos de millones de lempiras,  desde su creación en 1987 nunca ha sido auditado por lo que fue hasta 1995, la Superintendencia de Bancos del Banco Central de Honduras (BCH), y de ese entonces a la fecha por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

El ente de previsión de los periodistas, es el único de los institutos de pensiones que nunca ha sido auditado por la CNBS.

Los directivos del IPP evadieron rendir cuentas ante los organismos especializados, primero intimidando con su condición de periodistas, y a partir del año 2000 con el decreto 59-2000 que exime al ente del control, supervisión y vigilancia de sus operaciones financieras y administrativas.

Este decreto les fue ratificado y ampliado el jueves en el Congreso Nacional, en una votación en la que 50 diputados nacionalistas votaron a favor y 23 en contra del Partido Libertad y Refundación (Libre), al igual que del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).

En la ampliación del decreto, solicitado por los directivos del CPH, el IPP es excluido, aunque es un órgano de derecho público de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y pasado a la jurisdicción de lo Civil pretendiendo bloquear las demandas de Rosales y Mejía, que ya están en marcha.

Los directivos de CPH en la convocatoria, dicen que en la asamblea de va a “preparar pronunciamiento y denuncia internacional ante los órganos nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión y de prensa” y “definir estrategias de defensa de nuestras instituciones”.

Por su lado, Mejía dijo que “lo que hemos hecho es ejercer nuestro derecho de acudir a un tribunal y ante autoridades del Ministerio Público a reclamar por el cálculo de nuestras pensiones, que fue hecho no en base a la ley del IPP sino a una resolución de los directivos”.

Es evidente que la reacción de los directivos es infundada pues no existe ningún ataque a la libertad de expresión y de prensa o contra el CPH y el IPP, sino que dos demandas judiciales y una denuncia en el Ministerio Pública que deben responder.

“Si pretenden destruir al CPH y al IPP y exhibir a sus directivos por no plegarse a presiones e intereses del poder, impulsando acciones oscuras de tres ambiciosos que quieren que se haga ‘piñata’ con los fondos del IPP, vamos a denunciar al Estado ante @RELE_CIDH y @EdisonLanza”, dijo Rodríguez Coello en su cuenta de Twitter.

Pero a quien el poder político del gobernante Partido Nacional favorece es a la dirigencia del CPH, lo que quedó en evidencia en la ratificación y ampliación en el Congreso Nacional de su decreto de impunidad que les permite no rendir cuentas sobre cientos de millones de lempiras del ente de pensiones de los periodistas.

“Que gran ‘coincidencia’ que entre tantos rumores y teorías conspirativas, @M_Honduras active una denuncia, sin ningún fundamento, que Vilma Rosales, Delia Mejía y Gustavo Palencia impulsan en ese ente contra junta directiva del IPP porque no aceptan el cálculo de sus pensiones”, agregó Rodríguez Coello.

Palencia, un periodista que desde mediados de 2015 pide información  financiera del IPP con poco éxito y que no está jubilado ni participa en la denuncia de Rosales y Mejía, dijo a criterio.hn que “los dirigentes del Colegio de Periodistas están aterrorizados porque nunca han rendido cuentas y temen que la investigación del Ministerio Público ponga al descubierto hechos que quieren ocultar”.

“Los dirigentes del CPH y el IPP deben responder a la denuncia y a las demandas y no estar usando la libertad de expresión como escudo para eludir la justicia”, agregó Palencia.