Directivos de periodistas reinciden en ocultar información

En esta ocasión el presidente del CPH se niega a entregar los nombres de los afiliados al ente de previsión, alegando que no son sujetos de la Ley de Transparencia

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) reinciden en el desacato al negarse nuevamente a entregar información pública sobre sus operaciones, alegando que no son sujetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los directivos del IPP, que han operado más de 300 millones de lempiras, han logrado durante décadas sustraerse de la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a diferencia de todos los institutos de previsión, incluyendo el de los militares.

Los dirigentes del IPP se han opuesto siempre a rendir cuentas de  sus operaciones administrativas y financieras, mientras la sociedad civil, políticos de oposición  y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), demandan la derogación, incluso, de la llamada «Ley de Secretos», que originalmente se aplicaría a temas de seguridad pero se extendió a sectores como el energético.

El presidente del CPH y también de la directiva del IPP, Dagoberto Rodríguez Coello, en esta ocasión se niega a entregar los nombres de los afiliados al ente de previsión, que en su mayoría son personajes públicos de medios, alegando que el sistema no capta fondos públicos, aunque el Estado le ha transferido más de 53 millones de lempiras.

Asegura, además, que los nombres de los afiliados son «información confidencial», aunque no entran dentro de esta categoría en la Ley de Transparencia, que se reserva a los datos de origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico, dirección electrónica, afiliación a agrupación política, religiosa, estado de salud físico y mental, el patrimonio y la intimidad personal y familiar.

Rodríguez, en un documento remitido al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), responde a la petición de los nombres con una misiva en la que acompaña un decreto de interpretación del año 2000  de la ley del IPP, que dice que al ente no le son aplicables las leyes vigentes en cuanto a control, supervisión y vigilancia de sus operaciones administrativas.

Pero esta legislación, no es aplicable en la materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debido a que el IPP legalmente capta fondos públicos, e incluso, la nueva ley de Protección Social obliga a los entes de previsión que reciben directa o indirectamente fondos públicos a someterse a la auditoría de la CNBS.

Los directivos del IPP adjuntaron otro decreto del año 2004,  mediante el cual se modificó la directiva del ente suprimiendo la participación de los ministros de Finanzas y Trabajo, lo que dejó al ente bajo el control de los periodistas, sin ninguna  mirada intrusa sobre  cómo manejan los fondos.

«Constituye para nosotros una oportunidad de hacerle llegar los Decretos Legislativos No. 59-2001 y 75-2004 en donde se define la estructura jurídica del Instituto de Previsión Social del Periodista, no estando dentro de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia», dijo Rodríguez en la respuesta enviada al IAIP.

La ley de Transparencia señala como instituciones obligadas de la legislación, además de los poderes del Estado, municipalidades, organizaciones no gubernamentales y en general «todas aquellas personas naturales o jurídicas que ha cualquier título administren fondos públicos», que es el caso del IPP.

Rodríguez asume esta postura de desacato a la Ley de Transparencia emulando a su antecesor en la presidencia del IPP, Eduin Natividad Romero, sancionado con una multa de 8,000 lempiras por el IAIP en el 2016 por su negativa a proporcionar información requerida por Gustavo Palencia.

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Rodríguez Coello, además de presidente del IPP y presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, es catedrático de periodismo y trabaja para Diario La Prensa, medio que ha hecho uso frecuente de la ley de Transparencia para documentar sus crónicas de investigación.

El IAIP, en su último informe de evaluación en 2017, lo aplazó con la peor calificación de «0 %», en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, junto a otras 10 instituciones, en su mayoría municipalidades.

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«Es evidente que si el IPP operara en una cápsula de vidrio en la que se pudiese ver transparentemente, los directivos de este ente no querrían ocupar sus cargos», dijo a criterio.hn Palencia, a quien el IPP no le ha entregado información en doce casos presentados en el año 2015.

«Cuando estas personas se niegan de manera tan obstinada a no dar información o a someterse a una auditoría de la CNBS, ponen en evidencia que hay situaciones graves que quieren esconder», comentó el periodista.

Romero, quien ahora es presidente del Tribunal de Honor del CPH –posición que le permite seguir integrando la directiva del ente de previsión por cuarto período–, después de la sanción pecuniaria entregó otra información solicitada posteriormente por Palencia, e incluso, Rodríguez que asumió la presidencia del ente en enero pasado, suministró alguna información en el año 2017.

El nuevo presidente del IPP, aunque asegura que los fondos del ente se han manejado y se siguen manejado «con manos limpias» rechaza tenazmente una auditoría por parte de la CNBS.

En tanto, su antecesor Romero, cuando entregó el cargo de presidente reveló en tono amenazante que él ha investigado los «expedientes de colegas que hacen daño a la institución» y no solo los del CPH, si no que de los «organismos de investigación del Estado».

«Es vergonzoso que periodistas y en este caso sus directivos se nieguen a transparentar cómo se administran los fondos dentro del IPP. Los periodistas somos los más obligados a ser transparentes y no ocultar información», dijo Palencia.