Directivos de periodistas pagan abogados para ocultar información

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los directivos del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP) pagan abogados para que los representen en busca de evitar entregar información sobre las operaciones administrativas y financieras del ente que ha operado más de 300 millones de lempiras.

El flamante presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y el IPP, Dagoberto Rodríguez, otorgó un poder a una abogada para que lo represente, después de que se negó a entregar información del ente de previsión o la entregó incompleta o tardíamente al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Rodríguez, como presidente del IPP, otorgó un poder de representación a la abogada Emy Claudet Asfura Asfura, quien ha presentado al menos tres recursos de reposición sobre peticiones de información pública, gestionadas a través del IAIP, después de que los directivos del ente de previsión no respondieran a los solicitantes.

Los directivos del IPP se gastan los fondos contratando abogados para sustraerse de la obligación de suministrar información sobre las operaciones financieras y administrativas del ente de pensiones, mientras ofrecen raquíticas pensiones a los periodistas jubilados o que pretenden jubilarse.

Un caso es el del veterano periodista Mario Valladares, que solicitó su pensión tras más de 20 años de aportaciones y el gerente del IPP, Omar Calderón, le ofreció unos 1.000 lempiras de pensión, según  el relato del comunicador.

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La abogada Asfura, ante uno de los casos de petición de información sobre las operaciones del IPP, presentó al IAIP un Recurso de Reposición en el que respalda la negativa a atender la solicitud, bajo el argumentó que el ente no es “una institución obligada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Pero el IPP es una institución obligada de la Ley de Transparencia debido a que el ente, legalmente capta fondos públicos desde su entrada en operación en el año de 1987, recibiendo más de 53 millones de lempiras, lo cual fue confirmado al IAIP por la secretaría de Finanzas.

El expresidente del IPP, Eduin Natividad Romero García, incluso fue sancionado por el IAIP a través de la Procuraduría General de la República con una multa de 8.000 lempiras por desacatar la Ley de Transparencia al no entregar información solicitada por el afiliado y periodista Gustavo Palencia.

Sin embargo, Rodríguez a través de su apoderada legal asegura en el escrito presentado al IAIP que “en el caso particular del solicitante” Gustavo Palencia “el Instituto de Previsión Social del Periodista, le ha informado directamente de su gestión de forma completa, veraz, adecuada y oportuna”.

Consultado Palencia sobre la aseveración de Rodríguez, a través de su representante legal, aseguró que “esa afirmación es falsa, a mí no me han entregado la información que ordenó el IAIP por lo que los dirigentes están en situación de desacato de una ley del país”.

“Es increíble que los dirigentes del CPH y el IPP mientan descaradamente para ocultar la información financiera y administrativa del ente de pensiones de los periodistas”, comentó Palencia.

Y más recientemente, el IAIP en su última evaluación sobre el cumplimiento de la colocación de información en el Portal Único de Transparencia por parte de las instituciones obligadas, otorgó al IPP una calificación de 0 por ciento, junto a una decena de municipalidades.

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La abogada, en su defensa de la postura de los directivos periodistas, dice además en su escrito que la obligación de rendir cuentas la “cumple cabalmente” el IPP “en la memoria, resoluciones y decisiones de la Junta Directiva y Asambleas”. 

Sobre tal aseveración de la abogada, el órgano de la Asamblea General de Afiliados como instancia de decisiones y resoluciones no existe en la Ley de creación del IPP, pues solamente están contempladas asambleas parciales de la zona nor-occidental y centro-oriente, que nunca han sido convocadas.  

Romero y Rodríguez ni siquiera han respondido a tres peticiones escritas  de varios miembros para que convoquen a asambleas de afiliados del IPP con el fin de discutir sobre decisiones arbitrarias adoptadas por la Junta Directiva.

Romero García, quien aún es directivo del IPP por su condición de presidente del Tribunal de Honor del CPH, en el año 2015 contrató al abogado Edmundo Orellana Mercado, quien emitió una opinión en la que aseguraba que el ente de pensiones no era sujeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La opinión legal de Mercado, leída por Eduin Romero en una audiencia en el IAIP, fue desestimada por este ente debido a que en la ley del IPP se establece la transferencia de fondos públicos como una fuente de recursos.

Los directivos del IPP evaden de manera tenaz la supervisión y auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aunque Rodríguez jura que los fondos del ente han sido manejados con las “manos limpias”.

El IPP es el único de los institutos de previsión del país que nunca ha sido auditado por la CNBS, una prerrogativa que no tienen ninguno de los entes de previsión, ni siquiera el de los militares, y hasta las entidades privadas que captan fondos de pensiones son fiscalizadas.

“Los directivos del IPP en vez de estar gastando dinero en pagar abogados deben entregar la información y abrirse a una auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros”, dijo Palencia, quien también se pregunta: “Si ellos juran que los fondos han sido manejados con las manos limpias, ¿por qué gastan en pagar abogados, qué es lo que ocultan con tanto afán?”.