Por: Daniel Girón
Tegucigalpa, Honduras.- Los diputados del Congreso Nacional y funcionarios públicos no podrán postularse para los cargos de fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público (MP), debido a que la Constitución de la República, la ley orgánica de la entidad fiscalizadora y el reglamento interno de la Junta Proponente, los inhabilita.
“El derecho de petición como hondureños lo tienen todos. Sin embargo, el artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, establece inhabilidades y, una de las inhabilidades, es ser diputado y estar en las altas jerarquías de Estado”, expresó el oficial de transparencia de la Junta Proponente, Odir Fernández.
Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) ante esta instancia, dijo que este artículo está agregado en la norma jurídica que regirá para llevar a cabo esta elección de segundo grado, con la finalidad de hacer un proceso justo y transparente ante la sociedad.
El reglamento que la Junta Proponente aprobó, el 10 de junio, y fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 15 del mismo mes, establece los requisitos que se deben cumplir para postularse al cargo de fiscal general y fiscal adjunto, y, además, fija las inhabilitadas que saca del juego a los diputados y funcionarios que pensaban postularse.
Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aclara que no puede ser fiscal un diputado, cónyuge, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad a la presidenta de Honduras, designado presidencial, titular del Congreso Nacional o de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Y los requisitos, estampados en el artículo 19, de la misma ley, establece que se debe ser hondureño, mayor de 35 años, abogado, estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud.
Para el caso, esta prohibición generó debate entre los integrantes de la Junta Proponente porque muchos diputados se podrían amparar en la Ley Orgánica del Ministerio Público que especifica que pueden renunciar a sus funciones para asumir otro dentro un órgano del Estado, como pasó con José Manuel Matheu, quien dejó su diputación para asumir la titularidad de la Secretaría de Salud.
Sin embargo, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, quien también preside la Junta Proponente, advirtió que el congresista que opte por esa medida, será inhabilitado por el doble de tiempo que dura su cargo, como manda la Constitución, es decir, que no podrá participar en una elección popular durante los siguientes de 8 años.
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SÓLO QUEDÓ EN IDEAS
La normativa de la Junta Proponente para las postulaciones deja sin posibilidades, por ejemplo, al diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, quien meses atrás alardeó que cumple con los requisitos para asumir al cargo de fiscal general de Honduras, que actualmente ostenta Oscar Fernando Chinchilla (2018-2023).
“En la vida uno tiene que aceptar los retos que se le presentan; yo tengo la capacidad para dirigir el Ministerio Público (…) se debe ser hondureño, mayor de 35 años, ser abogado legalmente inscrito, no tener cuentas pendientes con la ley, con la salvedad que no se necesita ser notario público” aseveró.
“Estoy evaluando las posibilidades que podría tener en este proceso: tengo los méritos, pero aún no he tomado una decisión (…) no es una cuestión sencilla, se ocupan 86 votos y hay que esperar que los demás candidatos aparezcan”, agregó el congresista, que años atrás fue fiscal anticorrupción del MP.
Criterio.hn trató de contactarse con Herrera para conocer cuál sería su postura, pero hasta la publicación de este artículo no respondió ni llamadas ni mensajes. En su perfil de Twitter publicó sobre la normativa de la Junta Proponente, y escribió “El sistema ha hablado”.
Para José Ramón Ávila, representante de la sociedad civil ante la Junta Proponente, no es de extrañar que en los próximos días funcionarios o diputados se postulen para el cargo de fiscal general y fiscal adjunto, pero confía que los proponentes harán una labor transparente y apegada a la norma establecida.
“Llenaría también de sorpresa el hecho que venga un diputado a tratar de incorporarse o meterse en el proceso. Los funcionarios que han representado empresas que están depredando nuestros recursos naturales, me parece que, por ética, no deberían estar”, comentó.
De igual manera, recordó que los criterios de evaluación para la elección de los fiscales son claros: los postulantes deben ser profesionales de reconocida honorabilidad, de conocimiento legal, de independencia e imparcialidad, compromiso con los derechos humanos y democracia, de transparencia en la actuación y con conocimiento de los principales que tiene el MP.
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PROCESO DE SELECCIÓN
Este lunes 19 de junio, después que se publicara en La Gaceta la norma que regirá el proceso, la Junta Proponente abrió la convocatoria para que los abogados que consideren que cumplen con los requisitos puedan postularse y participar en este proceso de evaluación y selección para ostentar el cargo de fiscal general y fiscal adjunto.
Después de concluir con el proceso de convocatoria, la Junta Proponente tendrá la tarea de investigar los perfiles de los postulantes y, en ese espacio, la población jugará un papel primordial porque entra el proceso de tachas y denuncias, en el que se podrá señalar a algún postulante que ha incumplido con los requisitos que establece la norma, como ser, violentar los derechos humanos y tener actos reñidos con la ley.
Posteriormente, los aspirantes serán evaluados con base en su experiencia como operadores de justicia, principalmente en materia penal y procesal y, dependiendo de los resultados, se les dará una calificación de 1 a 100, para así seleccionar a los mejores cinco.
Finalmente, el 21 de julio, la Junta Proponente enviará la nómina de los mejores cinco, en la que tendrá que incluirse a dos mujeres, al Congreso Nacional, para que en una elección de segundo grado, con la mayoría calificada de votos de los diputados (86), sean elegidas las nuevas figuras del Ministerio Público, que entrarán en funciones a partir del 1 de agosto.
