Mecanismos de defensores de derechos humanos, instan a las autoridades hondureñas a generar una política penitenciaria integral
Tegucigalpa. – Ante la crisis generada en el Sistema Penitenciario, la presidenta Xiomara Castro anunció la intervención en los centros penales de Honduras y nombró a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para presidir el plan de intervención.
Sin embargo, diputados, analistas y defensores de derechos humanos se muestran escépticos ante las juntas interventoras.
El diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Obed López, mencionó que las intervenciones no son el mejor camino. “No creo que sea esta la medida necesaria”.
También, el diputado de Libre, Jari Dixon, expresó no estar de acuerdo con las juntas interventoras, por lo que sugirió destituir a los funcionarios que no cumplan con sus funciones.
“No estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de la mandataria, porque no se puede mantener a funcionarios que no pueden resolver problemas” enunció.
Las juntas interventoras se han convertido en una medida de emergencia adoptada por el gobierno de Xiomara Castro, como la intervención en Servicio Civil, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y el Servicio de Emergencia 911.
“Aquello que alguna vez Libertad y Refundación, cuando era oposición, fustigaban al oficialismo, ahora están haciendo la misma práctica que hacían los nacionalistas, interventora tras interventora”, cuestionó el abogado, Fernando González, militante del partido Alianza Patriótica Hondureña.
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FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
La intervención al Sistema Penitenciario, se da luego de los amotinamientos producidos el pasado fin de semana, cuando registraron tiroteos al interior de cuatros cárceles de máxima seguridad en el país, donde murió un privado de libertad y diez resultaron heridos.
Para el diputado de Libre, Bartolo Fuentes, a largo plazo, se debe reestructurar todo el sistema carcelario, procedimientos, instalaciones, dirección, personal y las políticas.
Además, consideró que la intervención, aunque es una medida de corto plazo, adoptada ante una emergencia, es para “detener planes, que se supone impulsan desestabilizar y justificar la militarización”.
Por su parte, la comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (CONAPREV), Sandra Rodríguez, indicó que con el plan de intervención que se anunció anunciado por la presidenta se pueda desmontar la corrupción carcelaria, que, de acuerdo con la defensora de derechos humanos, “ha permanecido históricamente por más de dos décadas en nuestro país”.
En ese sentido, Rodríguez señaló en entrevista con Criterio.hn, que este proceso de fortalecimiento va desde una depuración en los agentes penitenciarios y policiales, el fortalecimiento de la academia penitenciaria y mejorar las condiciones de vida del personal, para que no haya ventanas abiertas que den paso a actos de corrupción, como en el pasado.
Para el abogado Fernando Gonzáles, excandidato a la alcaldía capitalina por el Partido Alianza Patriótica, el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, radica en la “voluntad política” de los tres poderes del Estado, sin embargo, denunció que “hay mucha gente que se ha lucrado del sistema penitenciario”.
En consecuencia, el abogado advirtió “hay muchas voces disonantes que llaman a una privatización del sistema penitenciario”.
HABLAR DE DERECHO PENITENCIARIO Y NO SÓLO DE DERECHO PENAL
El derecho penitenciario es el conjunto de normas que regulan la ejecución de las penas y medidas penales privativas y no privativas de libertad, además busca la reinserción social de los privados de libertad.
En consecuencia, la comisionada del CONAPREV, urgió a la Universidad la formación de profesionales expertos en derechos humanos como en derecho penitenciario.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, esta formación vendría a fortalecer el Sistema Penitenciario, que según Rodríguez se ha visto como un “negocio” y además permitiría que personas civiles estén al frente de esta institución, que ha estado en manos de policías y militares.
Por su parte, la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre, instó a las autoridades a la creación de una política penitenciaria integral.
El CONADEH desde el 2003 al 2022, registró que más de 987 personas privadas de libertad, perdieron la vida de manera violenta.
