Tegucigalpa.- Tras haber denunciado internacionalmente al Gobierno por “persecución política”, hay sectores que apuntan a que los diputados del Partido Nacional podrían estar buscando protegerse de un sometimiento a la justicia, con miras a la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la eventual instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
Durante la semana anterior, un grupo de diputadas y diputados viajó a Estados Unidos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Gobierno hondureño por “persecución política” y a la Junta Directiva del Congreso de la República por “ilegal instauración”.
Sin embargo, diversas personalidades del oficialismo como el presidente del Legislativo, Luis Redondo, han calificado la acción de estos legisladores como un “show político”, mientras que el diputado disidente del Partido Nacional, Rolando Barahona, ha tildado el acto de sus excompañeros de bancada como una estrategia de cara a someterse a la justicia.
A pesar de evidentes amenazas al proceso, el 25 de enero de 2023 las diputadas y los diputados elegirán a las 15 personas que ocuparán las máximas magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, un evento que sería crucial a nivel de administración e impartición de justicia entre 2023 y 2030, ante lo cual habría sectores interesados en evitar que se conforme una nueva Corte.
PARTIDO NACIONAL PERDIÓ EL CONTROL QUE EJERCIÓ
Durante los tres últimos períodos constitucionales, entre 2010 y 2022, el Partido Nacional estuvo al frente del Ejecutivo y del Legislativo. Desde el Congreso, primero con Juan Orlando Hernández como presidente y después con Mauricio Oliva, se aprobaron diversas leyes que dieron vida a un andamiaje de corrupción e impunidad, que, de momento, continúa sin ser desmontado.
En esos años, con un dominio total del Legislativo, se aprobaron nocivas leyes como la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), la Ley de los Fondos Departamentales y su reglamento, el Código Penal y reformas a la Ley de Lavado de Activos. Asimismo, fraguaron la no renovación del convenio que dio vida a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
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Ahora, con la llegada al poder de Libre y una promesa de transformar el sistema judicial, se puede interpretar las recientes acciones del Partido Nacional como una maniobra para protegerse. Así lo explicó el sociólogo Armando Orellana.
“Esos son movimientos tácticos, digamos que pretenden de alguna manera generar algún blindaje, ante acciones que estaría realizando un nuevo sistema de justicia, con una modificación de la estructura administrativa en la Corte”, dijo a Criterio.hn.
Orellana manifestó, además, que esa transformación del sistema judicial sería desfavorable a la posición en que están algunos dirigentes del Partido Nacional que, mientras fueron funcionarios entre 2010 y 2022, se vieron involucrados en ejemplares actos de corrupción. “IHSS, hospitales móviles, Caso Pandora, Caso Arca Abierta”, ejemplificó.
CORRUPTOS HABLANDO DE PERSECUSIÓN
Por su lado, el analista político Rodil Rivera Rodil dijo que no es “descartable” que la pretensión de estos diputados, al denunciar internacionalmente al Gobierno, sea protegerse.
“Para mí no es descartable que la intención sea protegerse. Hay que recordar que entre los diputados acusados por la Maccih, hubo mucho diputados mencionados en Caso Pandora, por eso expulsaron a la Maccih, e impulsaron un nuevo Código Penal. Creo que sí habría temores de que una CICIH o una nueva Corte pueda juzgar los casos en los que puedan esta involucrados”, dijo Rivera Rodil.
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Entre 2016 y 2020, la Maccih evidenció distintos casos de impunidad en que participaron diputados y funcionarios del Partido Nacional. El 13 de junio de 2018, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) -ahora Uferco- y la Maccih presentaron el Caso Pandora, que desnudó la malversación de unos 282 millones de lempiras sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. La operación fue dirigida por Hilda Hernández, hermana de Juan Orlando Hernández, ahora procesado por narcotráfico en Estados Unidos.
En el caso de Tomás Zambrano, actual jefe de bancada del Partido Nacional, se presentaron acusaciones por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos en el denominado Caso Fe de Erratas. Sin embargo, amparándose en un sistema de justicia a sus servicios, se vio beneficiado con un sobreseimiento definitivo.
