Redes familiares en instituciones públicas reavivan sombras del nepotismo. Los primeros nombramientos del nuevo gobierno han sido señalados como ejemplos de cómo las relaciones personales continúan influyendo en la administración estatal.
Tegucigalpa, Honduras. ––Mientras comienzan a evidenciarse las primeras redes familiares dentro del aparato estatal del gobierno de Nasry Asfura Zablah, los diputados liberales Carlos Umaña y Rashid Mejía presentaron proyectos de Ley contra el Nepotismo en la Administración Pública, una iniciativa que busca frenar la concentración de poder en manos de familias o círculos cercanos de ministros dentro del Estado.
La propuesta legislativa surge en medio de crecientes cuestionamientos sobre la formación de nuevos “familiones” en los primeros 44 días de administración de Asfura Zablah.
El proyecto tiene como finalidad sancionar los nombramientos que prescindan de los procedimientos establecidos en la normativa pública o que ignoren los requisitos técnicos para los cargos, una práctica que, según analistas y organizaciones de sociedad civil, ha sido recurrente en distintos gobiernos hondureños.
La iniciativa establece mecanismos para castigar el quebrantamiento de la prohibición contenida en el artículo 13 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, que impide a los funcionarios nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad en instituciones bajo su responsabilidad.
El proyecto busca prohibir que los servidores públicos influyan para que familiares sean contratados en otras dependencias del Estado, una práctica que ha permitido históricamente la creación de redes familiares distribuidas en diferentes instituciones.
De acuerdo con el artículo 8 del anteproyecto de ley, el funcionario que incurra en nepotismo enfrentaría inhabilitación para ejercer cargos públicos entre cuatro y ocho años, además de una multa equivalente a 15 salarios mínimos.
La propuesta también establece sanciones para los familiares beneficiados, quienes podrían ser inhabilitados de tres a seis años para ejercer funciones públicas. Estas alcanzarían además a los funcionarios responsables de las contrataciones o nombramientos que avalen estos procesos fuera del marco legal.
El proyecto contempla que órganos competentes del Estado supervisen el cumplimiento de la normativa para garantizar la correcta aplicación de las disposiciones éticas dentro del sector público.
Lea: ZEDE, nepotismo y viejas redes marcan el arranque del gobierno de Nasry Asfura
GOBIERNO DE ASFURA YA MUESTRAN REDES FAMILIARES EN EL APARATO ESTATAL
La discusión y señalamientos sobre el nepotismo vuelve a cobrar fuerza en la actual administración de Nasry Asfura Zablah, donde ya comienzan a configurarse redes familiares y políticas que concentran cargos estratégicos en diferentes secretarías y direcciones.
Uno de los casos que ha generado debate es el de los hermanos Ehrler Martínez. Aníbal Alberto Ehrler Martínez fue nombrado titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), una de las instituciones con mayor presupuesto del Ejecutivo y encargada de atender la emergencia vial, aprobada en el Congreso Nacional en febrero de 2026.
De forma paralela, su hermano Andrés de Jesús Ehrler Martínez fue designado como secretario de Turismo, lo que ha sido interpretado por analistas como una concentración de poder dentro de un mismo núcleo familiar.
A estos casos se suma el nombramiento de José Argueta Padilla como titular de la Secretaría de Comunicación y Estrategia, quien mantiene vínculos personales y políticos con figuras influyentes del oficialismo.
El familión Anduray. Otro de los casos que ha generado debate es el de la familia del dirigente nacionalista Fernando Anduray, nombrado comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con un salario superior a los 100 mil lempiras.
Su esposa, Abeli Lozano, fue designada como subdirectora del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE). A la vez, su hija Fernanda Anduray, que en el pasado cuestionó los “familiones” del gobierno de Castro Sarmiento, ocupa un cargo como asistente técnica en el despacho de Redes Integradas de la Secretaría de Salud, según publicaciones en las cuentas oficiales de la Sesal.
Ante los cuestionamientos, Fernando Anduray ha defendido su situación argumentando que su familia no se compara con redes más amplias del pasado.
“Yo y dos o tres miembros de mi familia no se pueden comparar con los 60 de Rixi o 120 de Mel Zelaya”, afirmó el funcionario al ser consultado por periodistas el pasado 5 de marzo.
Otro ejemplo es el de las hermanas Casasola Alcerro, quienes también ingresaron a la cosa pública el mismo día.
El 27 de enero de 2026, el presidente Nasry Asfura Zablah nombró a María Jimena Casasola Alcerro como secretaria ejecutiva de la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSEC), con un salario de más de 92 mil lempiras.
Ese mismo día, su hermana María Fernanda Casasola Alcerro fue designada como subdirectora del Instituto Nacional de Migración (INM) con un salario de 64,900 lempiras mensuales.
Lea: El nepotismo sigue siendo práctica de los gobiernos en Honduras
NEPOTISMO: UNA PRÁCTICA HISTÓRICA
El nepotismo no es un fenómeno nuevo en Honduras. Durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) se denunciaron múltiples casos de familiares de funcionarios ocupando puestos estratégicos en el Estado.
Uno de los casos más señalados fue el de la exministra de Defensa y excandidata presidencial Rixi Moncada Godoy, cuya red familiar se extendió a distintas instituciones públicas.
Entre ellos figuró su hermano Mario Moncada Godoy, quien dirigió la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor); su hija Marcela Arias Moncada, designada como representante permanente de Honduras ante la ONU; su sobrino Dassaev Aguilar Moncada, vinculado al Sistema Nacional de Emergencias 911, entre otros.
Las redes familiares también se extendieron a otros núcleos políticos, como el entorno de Enrique Flores Lanza, exfuncionario del gobierno de Manuel Zelaya, así como a estructuras de poder dentro del Congreso Nacional.
Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción documentó redes de nepotismo durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, quien posteriormente fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
El documento también detalló la presencia de familiares de funcionarios clave como el expresidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera; el extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez y el exfiscal general Óscar Chinchilla en distintos puestos de la administración pública.
La aparición de estas redes familiares en los primeros meses del gobierno de Asfura ha reabierto el debate sobre la necesidad de establecer reglas más estrictas contra el nepotismo dentro del Estado.
Mientras el proyecto inicia su camino legislativo, los casos recientes sugieren que el debate sobre el nepotismo seguirá siendo uno de los temas más sensibles en la nueva administración.
