Los diputados, que ya huelen los requerimientos fiscales, van a continuar en esta carrera por blindarse y en un momento de desesperación van a expulsar a la MACCIH
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa. Los diputados al Congreso Nacional de Honduras están gestando el cuarto o quinto Pacto de Impunidad, ahora queriendo cambiar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (LOTSC), para que este no investigue las organizaciones no gubernamentales, fundaciones, fideicomisos y otras instancias donde se manejen fondos públicos, dijo Lester Ramírez, director de gobernanza y estudios aplicados de la ASJ
Explicó que lo que se busca al querer reformar el artículo 5 y 77 de la LOTSC, es eliminar a las ONGs y a las fundaciones para que no sean auditadas e investigadas por el TSC.
Señaló que ya estas reformas que incluyen unos 10 artículos de la LOTSC ya están en una comisión de dictamen en el Poder Legislativo.
Agregó que ya es momento de hacer un paro a estos intentos, porque ya la población, las organizaciones de sociedad civil y la comunidad internacional están más que alertados de las intenciones de los actores de la corrupción.
Ramírez dijo a Criterio.hn que conoce de algunas actividades que se están gestando para buscarle una salida a esta situación, procurando que haya justicia y que se devuelvan los dineros robados y se castigue a los culpables.
Agregó que las víctimas de la corrupción son los pobres del país y por esa razón hay que buscar salidas porque de lo contrario esta situación se seguirá arrastrando y habrá diputados que van a estar haciendo campaña y de repente les carea la justicia.
Ramírez es del criterio que hay que buscar salidas, obviamente legales, para no seguir en esta situación que genera inestabilidad e incertidumbre.
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El funcionario de ASJ dice que hay mecanismos para restituir los fondos robados y que estos fondos vayan a parar a un fondo que será destinado para el combate a la pobreza.
Explicó que un diputado que no devuelva el dinero con la debida compensación se le aplicaría una muerte política para que no vuelva a participar en cargos de elección popular, ni en un cargo público.
Ramírez dice que será bastante difícil procesar a más de cien diputados en los últimos diez años y por esa razón se busca aplicar un mecanismo para que devuelvan lo robado con una compensación acorde con los fondos sustraídos o mal manejados y de esta forma acelerar que los diputados devuelvan los dineros, pero evitando que todos vayan a la cárcel.
Un comentario
Este tipo no tiene ni padre, ni madre, ni vergüenza…