Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Diputados de la oposición política consideran que la intención del gobierno es declarar la inconstitucionalidad de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
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Los diputados Jari Dixón Herrera, del Partido Libre y Doris Gutiérrez del PINU-SD, junto al ex diputado del Partido Liberal, Osman Aguilar coincidieron esta mañana en un foro televisivo que el gobierno de Juan Hernández, no quiere que la Misión de la OEA continúe porque muchos diputados y funcionarios del Partido Nacional están siendo investigados por actos de corrupción.
Los tres que son miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, concordaron además en que el gobierno está ganando tiempo para lograr “comprar la conciencia” de varios diputados de la oposición para reunir los votos y aprobar vía reforma constitucional las polémicas reformas a la Ley de Privación de Dominio y así evitar que a los funcionarios acusados por corrupción se les incauten los bienes que han adquirido de manera dudosa.
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El 3 de abril, el gobernante Juan Hernández, vetó las reformas que habían sido aprobadas el 20 de marzo en el Congreso Nacional. Sin embargo, al cumplirse los 90 días del veto, el Parlamento podría proceder a hacer la aprobación vía reforma constitucional, para lo cual se necesita la mayoría calificada, es decir el voto de 86 congresistas.
De acuerdo a los cálculos de Jari Dixon Herrera, el Partido Nacional cuenta con 67 votos, 61 de su bancada y los otros seis de los partidos aliados del gobierno. Los 19 restantes—según su análisis— serán comprados por el gobierno del resto de las bancadas opositoras, integradas por los partidos Libre, Liberal y PINU.
Ayer la Cancillería hondureña emitió un comunicado mediante el cual en el fondo deja entrever que no está dispuesto a dar el beneplácito para que Luiz Antonio Guimaraes Marrey, propuesto por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro, se convierta en el nuevo vocero de la MACCIH.
INCONSTITUCIONALIDAD
El exdiputado y miembro honorario del Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH, Osman Aguilar, dijo que la Corte Suprema de Justicia debería sopesar declarar la inconstitucionalidad de la MACCIH porque al hacerlo podría generar una convulsión entre el pueblo hondureño, además de frenar la ayuda y cooperación internacional.
En tanto el diputado de Libre, Jari Dixon Herrera, apuntó que el gobierno está luchando no solamente por destruir la MACCIH sino “por lo que representa la destrucción de la MACCIH”. A renglón seguido indicó que la destrucción de la Misión “representa que muchos diputados, ministros, exministros y el propio Presidente y el presidente del Congreso Nacional, tienen en juego su propia libertad”.
El parlamentario apuntó que hay muchas investigaciones y que solo en el Parlamento hay más de 50 diputados involucrados en actos de corrupción que ya están siendo investigados por la MACCIH.
Concluyó que la primera intención del gobierno es debilitar a la MACCIH y si ven que no pueden con este propósito, y al ver que su libertad está en juego, “se van a lanzar por el recurso de inconstitucionalidad”.
“Ellos están ahí desesperados, no es que están con media temblequera. Tienen una crisis nerviosa”, sentenció.
En tanto la diputada del PINU-SD, Doris Gutiérrez, manifestó que la declaratoria de inconstitucionalidad está en las manos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integrada por miembros de los partidos Nacional y Liberal.
“Yo lamentablemente debo decir que en este sentido magistrados liberales y nacionalistas están en la misma onda (misma dirección). Pero definitivamente esa Corte Suprema de Justicia, así como fue estructurada, nosotros lo advertimos y no nos equivocamos en nuestro análisis. Esa Corte Suprema de Justicia está totalmente matriculada con el partido de gobierno”, expresó la legisladora.
Por Unanimidad de votos la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió el pasado 20 de marzo un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en contra del convenio MACCIH. El recurso legal fue interpuesto el 6 de marzo por un grupo de exdiputados y miembros de una Organización No Gubernamental, acusados de drenar fondos públicos para fines particulares.
