Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Un proyecto de ley encaminado a reconocer la figura de Dios en la Constitución de la República de Honduras y otro para incorporarla en la moneda, ha generado controversia en sectores que ven en dichas acciones un atentado al Estado laico, proclamado desde la Constitución de 1924, y el uso de estrategias religiosas para manipular los asuntos públicos.
Los proyectos de ley fueron introducidos al Congreso Nacional por el diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo y plantean una reforma al artículo 77 de la Constitución de la República, en el que se pide se incluya la figura de Dios, pero que se mantenga el texto de la Constitución de 1982, que garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, siempre que no contravengan las leyes y el orden público.
El parlamentario también propone que en las monedas y en los billetes del lempira se reconozca la figura de Dios, como ocurre en otros países.
El primer proyecto que conlleva una reforma al artículo 77 de la Carta Magna fue introducido el 1 de octubre pasado. En tanto el orientado a establecer a Dios en la moneda fue presentado el 4 de noviembre, adicional al decreto 51 del 31 de enero de 1950, de la Ley Monetaria y pide que, tanto en las monedas y billetes de la moneda nacional, se inserte de manera visible la frase: “En Dios confiamos”.
CONTRAVERSIA
Los planteamientos de Redondo han levantado la voz de protesta de varios hondureños que creen que éstos llevan implícito la ruptura del Estado laico de Honduras y una manipulación en los asuntos del Estado al involucrar el dogma.
Uno de esos sectores es la Asociación Libre Pensamiento Honduras, que en un pronunciamiento enviado a CRITERIO exponen sus puntos de vista y argumentan lo siguiente:
En Honduras, a partir de los serios cuestionamientos que ha hecho la comunidad internacional durante los últimos años (2009-2015) con respecto a su estabilidad democrática, se ha dado un fenómeno particular en el país: el intento de validar el sistema de gobierno a través de estrategias que incluyen discursos tradicionalmente aceptados entre la mayoría de la población del país.
Estos discursos parten de la utilización de figuras mediáticas (presentadores de televisión, estrellas deportivas, etc.) hasta el no menos común de la utilización de figuras religiosas. Es este último fenómeno el que más preocupa si pensamos que todo sistema democrático tiene entre uno de sus fundamentos la laicidad.
En Honduras, durante los últimos dos gobiernos, se ha incrementado la injerencia de la Iglesia Católica y Protestante en la vida política del país; al punto que se ha vuelto moneda común hacer proselitismo desde el púlpito con venia y presupuesto estatal. Si consideramos que el 12 % de la población no es cristiana -2 % de otras religiones y 10 % sin religión, según Latinobarómetro- dicho fenómeno vulnera la libertad de decidir e incidir en la vida política del país desde fuera de cualquier religión.
Nosotros, Asociación Librepensamiento Honduras, denunciamos dichos atropellos y nos hemos erigido en una de las pocas voces dentro del país en denunciar dicho fenómeno. Dado que en el país la libertad de expresión está también seriamente cuestionada -véase para el caso el último informe de «reporteros sin fronteras»- estamos en la disposición de expresarnos a través de cualquier medio de difusión alterno e independiente dispuesto a darnos voz y así poner a la comunidad internacional en guardia ante esta estrategia de legitimar dolosamente cualquier discurso ideológico desde la trinchera de la religión.
Más adelante la Asociación Libre Pensamiento Honduras, cuestiona los argumentos dogmáticos planteados por el diputado y fundador del PAC, Luis Redondo, en su página de Facebook, al buscar el establecimiento de la figura de Dios en la ley fundamental del Estado y porque pide la iluminación divina para que los 127 diputados restantes aprueben sus dos proyectos de ley.
ARGUMENTOS DE LUIS REDONDO
A forma de contexto, Redondo, explicó a CRITERIO que desde que inició su carrera política y la intención de crear el PAC, se reunió junto a Salvador Nasralla con diversos sectores de la sociedad, entre ellos varios pastores de iglesias evangélicas, quienes ante la situación de violencia del país, les pidieron que se considerara que dentro de la Constitución de la República se reconociera la existencia de Dios y que dentro de la moneda se introdujera alguna frase como: “En Dios confiamos”, etc., como ocurrió en algún momento en Nicaragua y en Estados Unidos, en la actualidad.
El congresista considera que sus iniciativas de ley no atentan contra el Estado laico porque la libertad de religión queda incólume, pues solo reconoce una realidad de los hondureños, que es a su juicio, “una profunda fe en Dios”.
“No cambia nada, el Estado sigue siendo laico, es lógico que el Estado sigue siendo laico, pero se reconoce la profunda fe en Dios”, argumentó.
Según su análisis la existencia de Dios en Honduras ha sido reconocido desde siempre como en el Himno a la Granadera (himno a Centroamérica) que en una de sus estrofas establece: “Dios unión, libertad, y de hecho en la actualidad el Estados de Honduras ya reconoce la existencia de Dios legalmente, al tener un departamento legalmente constituido desde 1957 con el nombre de Gracias a Dios”, sustentó.
El parlamentario señaló que ambos decretos de ley serán los más importantes que él presentara en su vida como legislador.
Consultado sobre qué logros conlleva para Honduras la introducción de la figura de Dios en la Constitución y en la moneda, Redondo respondió que permitirá tener una visión diferente a los legisladores y un compromiso diferente, “porque no es lo mismo jurar ante una ley que después violentan, que bregar ante una ley que tiene dentro de su legislación y en sus articulados, el reconocimiento a la fe en Dios”.
RESUMEN DE CONTEXTO
Honduras desarrolló su primer Constitución con bases laicas en 1880 en la que el Estado prohíbe a los ministros religiosos ejercer cargos públicos y se fomenta y protege la instrucción laica en todos los niveles educativos, pero fue hasta 1924 cuando se declara y oficializa la separación entre la iglesia y el Estado.
Con la separación entre la iglesia y el Estado se obtuvo la nula injerencia de cualquier organización o confesión religiosa en el gobierno, ya sea a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial y se evitó en algún tiempo el desvío de dinero a cúpulas religiosas, así como el proselitismo político utilizando a las religiones.
Sin embargo durante el gobierno liberal de Carlos Roberto Flores Facussé se aprobó un decreto Ejecutivo que autorizaba la entrega de 100 mil lempiras mensuales al cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. La ayuda fue suspendida en la también administración liberal de Manuel Zelaya, aunque anteriormente había sido entregada durante las administraciones de Flores Facussé y Ricardo Maduro.
El favoritismo de la iglesia católica siguió vigente durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) cuando bajo el decreto 277-2013 se pactó con Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, en su calidad de presidente de la Fundación para la Educación y la Comunicación Social, el adendum número tres, vigente desde el 12 de junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2030.
El adendum contempla la obligación del Estado en cuanto al pago de los gastos para la compra del equipo técnico de Suyapa TV (órgano de difusión de la iglesia católica) y los gastos anuales para su operación hasta el 31 de diciembre del 2030.
La comparsa entre la clase gobernante y los religiosos, también se evidencia en la integración de los jerarcas de las iglesias católica y evangélica en las diferentes comisiones que se integran en el país para debatir los asuntos más importantes. Un ejemplo de esa complicidad es lo que está ocurriendo con la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, donde la iglesia evangélica acaparó la representatividad de la sociedad civil en la integración de la Junta Nominadora.
Recientemente también salió a luz la entrega de 30 millones de lempiras provenientes de la Tasa de Seguridad al arzobispo auxiliar de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, Juan José Pineda y otras cantidades de dinero distribuidas a otros sacerdotes, para la supuesta ejecución de obras de desarrollo social en sus comunidades.
