Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El PINU salió al paso una vez más a denunciar irregularidades que comprometen la administración y dirección legislativa por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional.
En esta ocasión la denuncia surge a partir de la aprobación de un dictamen de Ley para beneficiar a los empresarios del transporte con un bono especial para minimizar el impacto económico generado por la pandemia de la COVID-19 a este rubro.
La diputada Doris Gutiérrez comunicó a su bancada que la Junta Directiva sometió a votación un dictamen que no fue discutido y aprobado por la comisión que por Ley debe autorizarlo, lo cual incurre en el delito de falsificación de dictámenes.
El primer paso cuando se pretende aprobar una Ley, es presentarlo ante la Secretaría del Poder Legislativo, luego la Junta Directiva debe turnarlo a una comisión de dictamen, esta comisión debe discutirlo y someterlo a votación y si la mayoría de integrantes de la comisión lo autorizan pasa al pleno para ser debatido y votado.
Desde el punto de vista del diputado Luis Redondo, esto no se cumplió, porque el dictamen votado en el pleno no fue el discutido y aprobado por la comisión de dictamen, por tal razón la Junta Directiva que dirige Mauricio Oliva incurrió en otro delito de falsificación.
“Los diputados del Congreso Nacional que se quieren reelegir siguen cometiendo delitos legislativos, hay corrupción legislativa que afecta a toda la población, han falsificado dictámenes, el del sector del transporte fue uno de ellos, llamó al Ministerio Público para que investigue esta situación”, recalcó Redondo.
El congresista siguió argumentando: “le están dando un bono que solo beneficiará a los dueños de los autobuses y no para los conductores o ayudantes, ellos que traicionaron al pueblo en aquel momento siguen siendo beneficiados por el Gobierno, pero es importante mencionar que el bono autorizado se dio bajo una ilegalidad”.
De acuerdo a Redondo el hecho de que se haya cometido la irregularidad en el proceso, solo demuestra que el oficialismo no tiene respeto por las Leyes del país y eso sucede desde la óptica del diputado, porque el control que tienen de la institucionalidad les entrega impunidad.
“Si no hacemos algo, si se sigue apoyando a estos diputados vamos a acabar perdiendo al país, por el peor huracán que ha llegado que se llama el Partido Nacional”, enfatizó Luis Redondo.
El diputado remarcó que en un país con una institucionalidad independiente, ya se hubiese abierto una investigación de oficio para proceder contra los responsables de la falsificación.
La MACCIH durante su operación en el país imputó a varios diputados por delitos cometidos en contra de la actividad parlamentaria, delitos de los que fueron absueltos por el Poder Judicial, esta acción fue repudiada por la sociedad civil y por el Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH que se concentra en el Congreso Nacional.
“Nos toca denunciar esta situación porque es lo único que nos queda ante estas ilegalidades, esa Ley que se aprobó inventada es un acto de corrupción y seguiremos alzando la voz para clamar por justicia”, finalizó el diputado Redondo.
