Tegucigalpa, Honduras. – Juez de Letras dictó auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión contra la diputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, por suponerla responsable del delito de malversación de caudales por uso diferente, informó este viernes el Ministerio Público.
Esta medida también fue expedida contra Ricardo Enrique Padilla Ordóñez, exjefe de planificación e ingeniería del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE), por la supuesta violación de los deberes de los funcionarios al omitir la responsabilidad de supervisión del proyecto con el objetivo que este se ejecutara acorde a lo establecido en el acta.
La acción causó un perjuicio por más de 290 mil lempiras al Estado de Honduras, según indicó el ente investigador del Estado a través de un comunicado.
La diputada López gestionó en junio de 2021 una solicitud de materiales de electrificación que tenían como fin un proyecto social en La Ceibita en Opatoro, La Paz, departamento fronterizo con El Salvador. Los materiales fueron retirados, sin embargo, terminaron en un proyecto privado en San Pedro Sula, municipio ubicado en el noroccidente de Honduras.
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En 2022, el FOSODE realizó una inspección de campo en la que se verificó que los materiales retirados por López no estaban en la comunidad de La Ceibita, la cual fue electrificada en 2019 a través de un proyecto municipal. Finalmente, el equipo fue localizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en un proyecto privado en San Pedro Sula.
A inicios de febrero, la diputada Gladys Aurora López afirmó, que ella únicamente gestionó los materiales y que no era su función custodiarlos hasta Opatoro. “Una vez entregados es responsabilidad de la alcaldía de hacer el proyecto”, argumentó. Agregó que cuando escuchó que los materiales no habían llegado al destino, ella misma fue a la Fiscalía Especial Para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que trasladó el expediente a Comayagua, pero ahora no aparece la certificación de la denuncia.
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Este viernes, López se expresó en la misma línea, argumentando su inocencia en que firmó el acta de entrega de materiales porque iba dirigido a ayudar a una comunidad, sin embargo, los materiales nunca estuvieron en su poder. Aseguró, sin presentar pruebas, que los transformadores en San Pedro Sula tienen una capacidad de 50 kilovatio-amperios (kVA), y no corresponden a los que ella solicitó para la comunidad de 25 kVA.
Además de la diputada López y Padilla Ordóñez, también son acusados el exdirector de FOSODE por omitir su deber de velar por la ejecución del proyecto y al excoordinador de la Unidad Municipal Ambiental de Opatoro. Este último tenía conocimiento que la comunidad ya contaba con electricidad, y pese a esto emitió una constancia en la que especificaba que el proyecto no provocaría daños ambientales, detalló el MP.
CONCESIONES ILEGALES Y ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
Esta no es el primer señalamiento en contra de Gladys Aurora López. En 2017, Global Witness apuntó que ella y su esposo Arnold Castro, habrían utilizado el poder político de la diputada para obtener licencias ambientales y concesiones para la venta de energía al Estado. A través de dichos proyectos se afectaron a pobladores de los departamentos de los departamentos de La Paz, Valle y Choluteca, quienes fueron amenazados, criminalizados y hasta asesinados por oponerse a la imposición de los proyectos.
Previamente, en 2016, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció a la diputada y a Castro por las constantes amenazas y conflictos que derivaron de la construcción de proyectos hidroeléctricos en La Paz. El señalamiento fue realizado tras el asesinato de la ambientalista Lesbia Yaneth Urquía.
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En 2018, la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) imputó a Arnold Castro en el caso Pandora por el delito de lavado de activos, pero posteriormente fue cambiado a encubrimiento, lo que permitió que se defendiera en libertad. En 2020, Castro fue beneficiado con sobreseimiento definitivo, junto a 21 de los otros imputados.
Siempre en 2018, la MACCIH acusó a Gladys Aurora López, junto a otros diez diputados y exdiputados, por la malversación de más de 21 millones de lempiras de la Asociación Planeta Verde, en el caso conocido como Arca Abierta.
En junio de 2021, el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Gladys Aurora López por corrupción significativa en el Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos, mejor conocido como Lista Engel.
