Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, reconoció que es difícil garantizar que se va a respetar el voto que obtengan los movimientos de los tres partidos políticos en las elecciones primarias del próximo 14 de marzo.
Y no precisamente por el conflicto que hay en este momento al interior del Consejo Nacional Electoral (CNE) con las credenciales y el conteo de votos, sino porque hay “toda una cultura, cosas que se han vuelto costumbre y hasta se aceptan como normales”.
Entre ellas está la compra de votos y credenciales, algo que ocurre en casi todos los procesos electorales, pero más en los primarios, según afirmó Aguilar en una entrevista con Radio Progreso.
Augusto Aguilar, expresidente del TSE
Estos delitos electorales se dan sobre todo en el nivel de diputados, pasa menos en el presidencial y un poco en el de las municipalidades, donde “se ve otro tipo de irregularidades”.
No obstante, “nunca me he dado cuenta de que alguien haya ido a la cárcel por un delito electoral”.
El problema empieza con la conformación de los organismos electorales a propuesta de los partidos políticos que no buscan a las personas con más conocimiento o que sean más correctas y honestas, sino a las que tienen más habilidades para cometer irregularidades, reflexionó Aguilar, quien es uno de los redactores de la nueva Ley Electoral que está en discusión en el Congreso Nacional y que sería aprobada después de las elecciones primarias.
El extitular del TSE dijo que el tema de las credenciales y el conteo de votos debió haber quedado muy claro hace seis meses, antes de la convocatoria a elecciones primarias.
“El gran problema, y por eso estamos en este entuerto, es porque esas dos cosas, el nombramiento de los miembros de mesas con nombres y apellidos y lo del escrutinio que se iba a hacer ya sea con las actas o con departamentales se debió haber consignado en la convocatoria en el mes de septiembre”.
No obstante, consideró que el problema se ha magnificado ya que no son las elecciones generales sino las primarias las que se avienen, en las que cada partido con su militancia está decidiendo quiénes serán sus candidatos para las generales y quiénes serán sus autoridades para el próximo período.
“Entonces, no es una lucha entre partidos, es una lucha entre corrientes, movimientos o líderes de un mismo partido” y en caso de que se presente un fraude interno “en eso ya no tiene que ver el otro partido”.
Aguilar dijo que la ley establece que el escrutinio general sea en base a la totalidad de las actas originales de cierre de las juntas receptoras de votos, pero también que el informe final puede darse en base a la sumatoria de las 18 actas departamentales, “entonces los dos procedimientos están, diríamos, enmarcados en ley”.
Así que, como se trata de dos vías completamente legales, lo que cabe es que cada partido se reúna con el CNE y decida cuál de los dos caminos quiere que se le aplique.
El Partido Nacional “se ha puesto radicalmente” a que tiene que ser solamente por el conteo de las actas, mientras que la presidenta interina del CNE, Rixi Moncada, dice que tiene que ser en base a las actas departamentales, “entonces, ¿Cuál es la solución? Que cada partido decida cuál de las dos líneas o cuál de los dos procedimientos quiere y los dos son perfectamente legales”.
A su juicio, el problema radica en que “no hay consensos, son posiciones muy radicales”.
Sobre el otro tema en pugna, el de las credenciales, explicó que la ley establece que los miembros de las mesas electorales son propuestos por los partidos políticos en el caso de las elecciones generales y en el caso de las primarias son propuestos por los movimientos, “pero quien los nombra es el TSE”, ahora CNE.
Entonces, “la ley está indicando que tienen que proporcionar los nombres”, lo cual es “un trabajo enorme” porque un movimiento tiene que dar 16 mil nombres y apellidos aproximadamente, ocho mil propietarios y ocho mil suplentes, lo cual a tres semanas de las primarias “es muy difícil”.
Las dudas que han surgido a raíz de este conflicto en el CNE tiene que ver también con la desconfianza que existe con la mayoría de las instituciones, “por eso lo conveniente, lo saludable, incluso para la salud mental” era haber dejado claras las reglas hace seis meses.
