La detención sin orden judicial del padre de la defensora de derechos humanos Fátima Martínez ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones sociales, que denuncian un patrón de criminalización y hostigamiento hacia las comunidades indígenas.
La situación se agrava con acusaciones penales contra Fátima Martínez, lo que refleja una estrategia de despojo hacia las comunidades indígenas en el marco de la creación de áreas protegidas en su territorio.
Tegucigalpa, Honduras. – En un operativo miembros de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigación (DPI) detuvieron a José Martínez, padre de Fátima Martínez, defensora de la tierra y coordinadora del Consejo de Tribu Tolupán de Agalteca, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, en un acto que ha generado preocupación y rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los agentes policiales, que no presentaron una orden de captura durante el operativo, argumentaron que el nuevo Programa de Control Militar (PCM) les otorga la facultad para actuar sin este requisito. Esta justificación ha sido cuestionada por la comunidad de Agalteca, quienes señalaron la falta de transparencia en las acciones policiales.
Durante la intervención, los agentes también tomaron fotografías y vídeos de las defensoras que se encontraban en el lugar apoyando a Martínez. A quien también pretendieron capturar.
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FÁTIMA MARTÍNEZ ENFRENTA CRIMINALIZACIÓN
La situación se agrava por el hecho de que Fátima Martínez enfrenta acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesta explotación ilegal de recursos naturales. Para este 17 de septiembre estaba programada la audiencia de declaración en los Juzgados de Letras de Olanchito, Yoro; sin embargo, la Procuradora General de la República (PGR) no se presentó, lo que llevó a que la audiencia fuera reprogramada.
Ante ello, Fátima Martínez, expresó “es indignante que nos sigan tratando de esta manera”, ya que no es la primera vez que no se presentan, según detalló Martínez, el 15 de agosto fueron convocados a una reunión para trabajar de manera conjunta, siempre y cuando se respetara la autonomía de los pueblos a la cual, la PGR no se presentó.
Fátima Martínez se presentó a la audiencia inicial acompañada de la Tribu Tolupán, quienes exigen la autonomía del pueblo ante la pretensión de despojo de la Tribu al crear un área protegida en el territorio Tolupán.
Ante este panorama, los eventos de intimidación son interpretados como parte de un ataque sistemático contra Fátima Martínez, quien ha sido objeto de criminalización y hostigamiento debido a su labor en defensa del territorio y la autonomía del pueblo Tolupán.
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REPUDIO DE LA CRIMINALIZACIÓN CONTRA LA TRIBU TOLUPÁN
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha exigido un alto a esta persecución y ha demandado al Estado garantizar el derecho a la autodeterminación y respeto por los territorios ancestrales a través de una alerta.
Por su parte, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), ha expresado una firme condena y repudio ante el hostigamiento y la criminalización que enfrenta Fátima Martínez.
Miranda a través de su cuenta en la red social X, criticó la actuación de la Policía Nacional, que ha incursionado en la comunidad Tolupana para detener al padre de Martínez.
Además, la coordinadora de la Ofraneh, responsabilizó al Instituto de Conservación Forestal (ICF) y a la PGR de la criminalización, exigiendo un alto a estas prácticas represivas. Su mensaje resuena con un llamado urgente a la defensa de los derechos humanos y el respeto por las comunidades indígenas.
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ESTRATEGIA DE DESPOJO
El abogado de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Caleb Navarro, detalló que Fátima Martínez enfrenta una acusación por el delito explotación ilegal de recursos naturales.
De acuerdo con el abogado, de materializarse la acusación implicaría que la coordinadora del Consejo de Tribu Tolupán de Agalteca, enfrentaría una pena de entre seis a nueve años de prisión por el referido delito. “Es un delito que el Estado lo ha reformado para que sea un delito grave”, señaló Navarro.
Además, Navarro enfatizó que hay una estrategia de despojo de las comunidades indígenas con la creación del área protegida. “Es una idea absurda y contra natura pensar que un pueblo indígena es deforestado, es ilógico porque los pueblos indigenas han existido y coexistido con los ecosistemas que los rodean”, recriminó Caleb Navarro.
Ante la condena de defensores de derechos humanos sobre las actuaciones de las instituciones estatales implicadas, el titular del ICF, Luis Soliz, a través de su cuenta X informó que había sostenido una conversación con el procurador general Manuel Díaz Galeas
Según Soliz, se han dado instrucciones al personal de las oficinas regionales de la Procuraduría General de la República y del Instituto de Conservación Forestal para que desistan de las acciones legales en curso en contra de Fátima Martínez y opten por resolver estos asuntos a través de vías administrativas.
