La destrucción de armas en Honduras, anunciada por las autoridades en julio de 2023, plantea serias interrogantes sobre la opacidad en la gestión de armamento, especialmente porque ocurrió apenas un mes después de la masacre en el Centro Penitenciario Femenino de Adaptación Social (PNFAS).
Tegucigalpa, Honduras. – La destrucción de armas es un procedimiento que demanda una supervisión estricta y protocolos definidos para salvaguardar la seguridad pública y asegurar la justicia. Este proceso debería estar respaldado por una investigación minuciosa para garantizar su transparencia y efectividad. No obstante, en julio de 2023, se suscitó un evento que puso en tela de juicio estos principios.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) llevó a cabo una operación de destrucción masiva de armas que, se supone, habían sido confiscadas en diversos centros penitenciarios del país. Lo preocupante de esta situación es la falta de información en torno a la “destrucción histórica”, como lo catalogaron las autoridades.
La Frase
“Se informa que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), no es la institución competente para atender su solicitud. Se recomienda que la misma se remitida al Instituto Nacional Penitenciario”
Oficio SDN-UT-0267-14-08-2024
“En atención a su solicitud SOL-442-2024, le informamos que la misma se encuentra clasificada como reservada bajo resolución No. SO-669-2024 emitida por el instituto de Acceso a la Información Pública”
Unidad de Transparencia institucional, Instituto Nacional Penitenciario, 02 de septiembre de 2024
“El departamento de Armas en Comiso en lo que corresponde a los años del 2020 a la actualidad no ha realizado ningún proceso de destrucción, las armas que durante el periodo antes descrito fueron decomisadas continúan en el inventario físico de los almacenes de dicho departamento”.
Oficio DGPN-No. 7929-2024, 19 de agosto de 2024 Secretaría de Seguridad
Lo anterior fueron las respuestas proporcionadas por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Instituto Nacional Penitenciario (INP) y Secretaría de Seguridad ante la solicitud de Criterio.hn de proporcionar el número y tipo de armas destruidas durante los últimos cuatro años.
Honduras se encuentra bajo un estado de excepción desde el 06 de diciembre de 2022, medida que adoptan los estados en tiempo excepcional, pero Honduras lo mantiene como una estrategia de seguridad permanente. Durante ese periodo, según informes de la Secretaría de Seguridad, se han decomisado más de 12,000 armas de diferentes calibres.
Honduras no solo enfrenta un estado de excepción, sino que el control penitenciario está actualmente en manos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) –una entidad armada, señalada de violaciones a los derechos humanos—, lo que añade una capa de complejidad a la gestión de la seguridad en el país. En este contexto, es crucial conocer el destino de las armas decomisadas, ya sea durante operativos policiales o en el interior de los centros penales.
En ese sentido, Criterio.hn realiza una verificación para conocer el destino de las armas decomisadas, para establecer si siguen en los almacenes o si han sido destruidas.
LA OPACIDAD EN EL MANEJO Y DESTRUCCIÓN DE ARMAS DECOMISADAS
Criterio.hn, en su búsqueda por obtener información sobre las armas destruidas, solicitó en julio de 2024 información a diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el Instituto Nacional Penitenciario (INP) y la Secretaría de Seguridad, a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho).
Sin embargo, las respuestas obtenidas han evidenciado una falta de claridad en la gestión de estas armas. La Sedena se ha deslindado de la responsabilidad, remitiendo el asunto al INP, pero esta entidad que está bajo el mando de las Policía Militar, informó que la información solicitada estaba en calidad de reservada.
Además, la Secretaría de Seguridad, por medio del departamento de Armas en Comiso, respondió que no ha llevado a cabo ningún proceso de destrucción de armas desde 2020, lo que sugiere una acumulación peligrosa de armamento sin un control adecuado.
Pero, ¿quiénes son los entes facultados para la destrucción de armas según la ley?, pues bien, la Ley de Control de Armas de Fuego en Honduras, establece en el artículo 56 que la Secretaría de Seguridad es la institución facultada de ordenar la destrucción de armas decomisadas en caso de deterioro o extrema peligrosidad. Pero a través del Decreto NO. 101-2018, sobre las reformas ala Ley de Control de Armas de Fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, en su artículo 5 numeral 4, se autorizó a la Sedena a realizar destrucciones de armas.
La falta de transparencia en el manejo de las armas decomisadas y su destino plantea serias preocupaciones sobre la rendición de cuentas y el control efectivo en un contexto donde la violencia y el uso ilegal de armamento son problemas críticos para la seguridad pública.
Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cuestionó porqué, a pesar de estar facultadas por la Ley, estas instituciones no están proporcionando información clara sobre sus acciones.
En medio de un creciente problema de violencia, Nelson Castañeda, subraya que la falta de transparencia en la destrucción de armas decomisadas podría estar comprometiendo los esfuerzos para erradicar el tráfico de armas en el país. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn)
Además, señaló que, en virtud de que la coordinación no se está llevando a cabo adecuadamente, podría implicar una violación a los deberes establecidos para los funcionarios públicos.
PERO, ¿Y LAS ARMAS QUE DESTRUYERON EN JULIO DE 2023?
En julio de 2023, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) anunció un “hito significativo” en la lucha contra la violencia en Honduras: la destrucción de armas decomisadas, la mayoría de las cuales provenían de centros penitenciarios.
Bajo la operación Fe y Esperanza, en el marco del estado de excepción, se llevó a cabo una incineración de droga y la destrucción no sólo de armas de fuego y granadas de fragmentación, sino también municiones y cargadores de fusiles de guerra y armas cortopunzantes.
A pesar de las afirmaciones de las autoridades de que no ha habido destrucción de armas o la opacidad, sus publicaciones en redes sociales indican lo contrario, lo que genera confusión y desconfianza.
Para Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, la ambigüedad en la información sobre la destrucción de armas puede atribuirse a un intento de ocultar la conexión entre las armas y la violencia que azota al país.
“Ya hemos visto intencionalmente que se pretende destruir armas sin peritaje”, denunció la viceministra Villanueva en entrevista con Criterio.hn. Además, enfatizó que las armas de fuego son los principales instrumentos detrás de las muertes violentas, y su manejo inadecuado por parte de las instituciones refleja una falta de interés en abordar la raíz del problema.
Villanueva argumenta que el ocultamiento de información sobre el origen y el uso de estas armas es un mecanismo para evitar que se expongan las complicidades entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado –complicidades mencionadas en los juicios en Nueva York—.
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¿LAS AUTORIDADES ESCONDEN ALGO?
La suspicacia en torno a la gestión de las armas decomisadas aumenta significativamente ante el ocultamiento de información, considerando que la destrucción de armamento se llevó a cabo a menos de un mes de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), el 20 de junio de 2023, cuando 46 mujeres privadas de libertad perdieron la vida de manera violenta.
A raíz de este hecho, la presidenta Xiomara Castro, cedió el control del Sistema Penitenciario –que ya estaba bajo una junta interventora dirigida por Julissa Villanueva— a la Policía Militar del Orden Público. Desde ese momento el hermetismo en torno a los centros penitenciarios se volvió una norma, imposibilitando a las organizaciones defensoras de derechos humanos ejercer su trabajo de observación.
Los organismos internacionales cuestionaron la decisión de Castro, quien había prometido, en campaña política, desmilitarizar la seguridad ciudadana.
El hermetismo en el manejo de la información en torno a la destrucción de las armas decomisadas, incluyendo las encontradas en los centros penitenciarios, ha suscitado serias dudas sobre la transparencia del proceso, ya que muchas de las armas involucradas en la masacre del PNFAS podrían haber sido destruidas sin un adecuado peritaje técnico.
En diciembre de 2023, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, denunció, en un programa televisivo, que en los cuerpos de las privadas de libertad se identificaron impactos de bala pertenecientes a la Policía Nacional. De acuerdo con Villanueva, el 96% de los casquillos de bala encontrados y algunas de las armas involucradas en el crimen eran de esta institución, lo que pone de manifiesto una alarmante conexión entre las fuerzas de seguridad del Estado y la violencia que azota al país.
Además, Julissa Villanueva denunció la supuesta pérdida de uno de los lotes de armas vinculados a la matanza en la PNFAS. En ese sentido, para Villanueva, la Policía Nacional no sólo ha fallado en mantener un control adecuado sobre estas armas, sino que su desaparición plantea serias dudas sobre la transparencia y la integridad del proceso de destrucción.
La funcionaria cuestionó que “cómo es posible que se haya perdido el lote que estaba relacionado con las balas encontradas en la escena del crimen”, sugiriendo que esta situación podría ser parte de una confabulación para ocultar evidencia crucial.
Bajo este panorama, la subsecretaria de Seguridad, no descarta que, en la destrucción de armas desarrollada por la Sedena, en julio de 2023, estuvieran las armas que desaparecieron y que fueron utilizadas en la masacre de la PNFAS. “Claro que pudieron haber estado y las pudieron haber roto y nadie se hubiera dado cuenta que eran armas de la Policía Nacional y con eso se borró la evidencia, entonces vea lo grave que es destruir sin investigar de manera legalizada”.
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PROCESO DE DESTRUCCIÓN DE ARMAS
El artículo 111 de la Ley de la Ley de Control de Armas establece que el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otros organismos competentes tienen la obligación de informar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional sobre el decomiso de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados. Esta comunicación debe realizarse dentro de un plazo de cinco días hábiles después del decomiso, garantizando así una gestión oportuna y transparente de los materiales incautados, mismos que pasarán al análisis para su destrucción.
Además, el artículo 115 establece la obligación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional de coordinar con la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial las actividades relacionadas con la destrucción de armas de fuego, municiones y materiales conexos.
De igual manera, establece que la Sedena debe llevar un registro detallado de cada destrucción, que incluya informes sobre decomisos y actas que documenten el proceso, garantizando así la identificación precisa de cada elemento destruido y su destino final. La Ley refiere que antes de cualquier destrucción, se realice un peritaje exhaustivo para confirmar que las armas no estén vinculadas a delitos.
Para el abogado penalista, Kennet Madrid, hay contradicciones en las declaraciones oficiales sobre la destrucción de las armas, mientras algunas entidades afirman haber llevado a cabo destrucciones, otras niegan cualquier actividad similar en los últimos cinco años.
Ante la falta de coordinación y opacidad, Madrid, propuso la creación de una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Secretaría de Defensa y la Policía Nacional. Esta mesa tendría como objetivo unificar estadísticas y proporcionar información precisa sobre las armas involucradas en actos ilícitos.
URGE IMPLEMENTAR PROCESOS EFECTIVOS PARA GARANTIZAR LA JUSTICIA
La falta de peritajes técnicos antes de la destrucción impide la identificación del origen de las armas, lo que podría contribuir a la impunidad en un país donde el uso ilegal de armamento está estrechamente vinculado a la violencia y el crimen organizado.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), enfatizó que es crucial registrar las armas decomisadas y aquellas en poder de las autoridades, ya que muchas son parte de escenas del crimen. “Estas armas deben ser destruidas, pero deben pasar ese proceso de registro con las autoridades”, señaló.
Ayestas, también, destacó que las destrucciones de armas dentro de las Fuerzas Armadas o los entes armados del Estado, deben seguir parámetros internacionales, y que es esencial que esas acciones sean coordinadas con la Policía Nacional y supervisadas por organizaciones de la sociedad civil.
La falta de un proceso investigativo previo a la destrucción, podría interpretarse como un intento de ocultamiento, lo cual es perjudicial para el país. Además, subrayó que organismos internacionales están apoyando a Honduras en el almacenamiento y capacitación sobre armas incautadas, lo que resalta la necesidad urgente de implementar estándares rigurosos para garantizar la seguridad y la justicia en el manejo de armamento.
“La implementación de protocolos internacionales y el uso de tecnología avanzada son cruciales para evitar que las armas destruidas se conviertan en evidencias ocultas que perpetúen la violencia en el país”, enfatizó la especialista en materia de seguridad ciudadana.
Criterio.hn concluye, que la respuesta facilitada por la Sedena, el INP y la Secretaría de Seguridad es ENGAÑOSA, y que el proceso de destrucción de armas en Honduras no sólo carece de la transparencia necesaria, sino que también está marcado por la falta de rendición de cuentas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad pública y la justicia. Pero, lo más preocupante es que la falta de claridad y el secretismo en torno a los procesos de destrucción alimentan una percepción generalizada de que las autoridades podrían estar encubriendo complicidades entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos criminales.
