La tragedia ha expuesto graves deficiencias en la protección y rehabilitación de menores infractores. Organizaciones de derechos humanos exigen acciones inmediatas y contundentes.
Tegucigalpa, Honduras. – La muerte de un adolescente de 13 años al interior del Centro Pedagógico de Internamiento (CPI) Nueva Jalteva, la noche del martes 19 de junio, ha develado la fragilidad del Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora
A criterio de Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza Honduras, dicha situación es lamentable porque no hay una garantía de derechos ni de seguridad para los niños y niñas al interior de estos centros.
Se conoció que la menor edad había solicitado un cambio de centro debido a que temía que algo le pasara, sin embargo, las autoridades del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
En ese sentido, Sauceda refirió que dicha omisión genera alarma porque “quién escucha a los niños, quien escuchó la voz de este niño que pidió: Protéjanme”, a razón de ello, expresó que es inquietante porque la responsabilidad del Estado es la protección de la niñez, principalmente en situación de vulnerabilidad.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estima que entre el 2010 y junio del 2024 alrededor de 24 niños y adolescentes han perdido la vida en circunstancias violentas en centros de privación de libertad, bajo la custodia del Estado.
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DESTITUCIÓN NO ES SOLUCIÓN
Esta mañana se conoció que luego de la muerte violenta del menor de edad al interior de nueva Jalteva, la directora del INAMI, Ninfa Suyapa Flores Castellanos fue separada de su cargo.
De acuerdo con la ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Lizeth Coello, recibió las instrucciones por parte de la presidenta Xiomara Castro. “He sido instruida para informar la decisión de la presidenta Xiomara Castro sobre cambios en la dirección del INAMI”, detalló.
Según la titular de la Senaf, es necesario fortalecer la capacidad institucional especialmente para los niños y niñas en conflictos con la ley, lo que conlleva al fortalecimiento de la estructura del INAMI, para asegurar la protección integral y del mismo modo, con la responsabilidad del Estado.
Sin embargo, analistas consideran que el Estado hondureño está actuando bajo las mismas estrategias políticas. “No nos da una respuesta adecuada a lo que estamos esperando”, increpó Cándida Sauceda.
La directora de Casa Alianza Honduras, recalcó que se están ubicando funcionarios que no tienen las competencias necesarias para garantizar la protección y garantía de derechos a la niñez hondureña. “Necesitamos respuestas claras contundentes ante una problemática y una deuda histórica en cuanto a las garantías de derechos”, instó Sauceda.
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NUEVO JALTEVA NO REÚNE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
De acuerdo con el Conadeh, el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva, no reúne los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, para que los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad puedan reeducarse e insertarse en la sociedad.
En ese sentido, Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh, señaló que es momento de revisar la administración de los centros de internamiento para menores de edad, así como lo programas socioeducativos y evitar con ello la perdida vidas.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), como parte del informe Situación de derechos humanos en Honduras, recomendó al Estado hondureño tomar acciones urgentes para que las condiciones de detención de los centros pedagógicos se ajusten a los estándares internaciones encaminada en la adopción de medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física y la vida de los adolescentes y estos estos a su vez, cumplir las medidas privativas de libertad en condiciones óptimas y adecuadas.
Por su parte, La Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) denunció que no se está asegurando el efectivo goce y ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia con alguna de las medidas impuestas en el marco de su vinculación a dicho sistema; ni se les está brindando los programas y servicios especializados que permitan la rehabilitación integral, como los establece el Código de la Niñez y la Adolescencia.
A razón de ello, instan a la presidenta Xiomara Castro para que “gire las instrucciones pertinentes, a efecto de revertir la delicada situación que atraviesa el sistema”. Que, de acuerdo con la Red Coiproden, se debe iniciar por corregir la falta de especialización, la ausencia de abordajes integrales restitutivos de derechos y reeducativos, lo que ha generado vulneraciones a los derechos de la niñez y adolescencia que, por ser víctimas de la no garantía de sus derechos, desde la primera infancia, se ven instrumentalizados en la comisión de acciones ilícitas.
