Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa. El influyente periódico Nuevo Herald de Miami, EEUU, recaba toda la trama sobre el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que vincula al Partido Nacional. CRITERIO reproduce a continuación la nota elaborada por el corresponsal de Associated Press Alberto Arce.
Autoridades hondureñas confirmaron el jueves que investigan la financiación ilegal del gobernante Partido Nacional por medio de un desfalco de decenas de millones de dólares del Seguro Social realizado por funcionarios públicos a través de una red de empresas.
En un comunicado, el Ministerio Público afirma que «en razón de la existencia de cheques que habrían sido emitidos a nombre de un instituto político» se aclara «que las sociedades mercantiles que emitieron estos y otros títulos valores han sido objeto de investigaciones que llevaron a la presentación de requerimientos penales», y las pesquisas continúan abiertas.
Aunque el Ministerio Público no ha confirmado de qué partido se trata, Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción, afirmó que tres testigos protegidos que han ofrecido información respaldada e investigada por la institución señalan al Partido Nacional.
«En el momento en que estos testigos, implicados en los actos de corrupción, nos mencionaron que ellos conocían que existían cheques emitidos a favor del Partido Nacional, los pusimos ante el Ministerio Público», afirmó Castellanos, la funcionaria anticorrupción de más alto nivel del país.
Ella ha declarado que los delitos van mucho más allá de los ya conocidos y de los funcionarios detenidos hasta ahora, y se ha mostrado preocupada por la impunidad que caracteriza al país.
«Hay altos empresarios, funcionarios, políticos. Hay información clara y contundente que hemos pasado al Ministerio Público y no se ha hecho nada», dijo. «En este caso emblemático lo que vemos muy bien planteado es una red y una estructura de poder. Vemos la colusión de empresas privadas con políticos».
Las afirmaciones de las autoridades coinciden con las reiteradas denuncias realizadas por la oposición en el Congreso y por el director de una emisora local de radio y televisión en torno a la existencia de cheques emitidos por las empresas responsables del desfalco del Seguro Social a favor del Partido Nacional, que tendrían como objetivo la financiación de la campaña electoral que llevó a Juan Orlando Hernández a la presidencia de la República.
Según el Ministerio Público, una red dirigida por Mario Zelaya, director del Instituto Hondureño de Seguridad Social durante el mandato del presidente Porfirio Lobo (2010-2014), se habría gastado de manera fraudulenta al menos 120 millones de dólares provenientes de la caja destinada a la compra de medicamentos, insumos para el sistema sanitario y el pago de pensiones de vejez e invalidez.
Zelaya, que se dio a la fuga en enero de 2014 al destaparse el caso y fue detenido nueve meses después, no es el único antiguo alto funcionario implicado en la red.
Toda la junta directiva del Instituto, formada por 18 personas entre las que se encuentran exministros y diputados, está bajo investigación. Los funcionarios fueron nombrados por el gobierno de Lobo y todos eran miembros del Partido Nacional o cercanos a él. Por el caso también se encuentran detenidos Javier Pastor, ex viceministro de Salud, y Carlos Montes, ex viceministro de Trabajo.
El sistema se basaba en una sobrevaloración de los productos y servicios requeridos por la seguridad social hondureña con sobreprecios de más de 100% a empresarios locales, que a su vez pagaban comisiones a los funcionarios.
Hay siete exfuncionarios encarcelados en Honduras, tres más en Estados Unidos, Panamá y Chile, cuentas bancarias y bienes asegurados en los mismos tres países, y 30 propiedades inmobiliarias incautadas en territorio estadounidense y 30 más en Honduras.
Los delitos de los que se les acusa son lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, cohecho y transferencias Ilícitas de fondos de pensiones. Las penas que acarrean este tipo de delitos son de hasta 20 años de prisión.
El Instituto Hondureño de la Seguridad Social, de donde salieron los fondos robados, cuenta con alrededor de 900 mil beneficiarios de pensiones. En el país, sólo 14% de la población activa está cubierta con una jubilación de la seguridad social y recibe en promedio el 50% del salario mínimo, unos 170 dólares al mes.
Y en otro suceso relacionado, uno de los implicados en el desfalco —sobre el cual existía orden de captura no ejecutada por ser propietario de una de las empresas que pagó comisiones y facturó sobreprecios— fue tiroteado el jueves en la ciudad y se encuentra gravemente herido, informó Jorge Rodríguez Montoya, portavoz de la policía hondureña en San Pedro Sula, en el norte del país.
El vehículo de John Charles Bográn, que viajaba con documentación falsa e iba acompañado de un guardaespaldas, recibió 16 disparos de hombres que se desplazaban en una motocicleta y se dieron a la fuga.
Siga esta noticia en Twitter: @criteriohn.
