El fiscal coordinador de la Uferco, Luis Javier Santos, teme que los políticos desde el Congreso Nacional atenten contra esa unidad que dirige y que ha venido siendo debilitada desde la salida de la MACCIH, en enero de 2020.

Desde el gobierno buscan inhabilitar a Luis Javier Santos en sus aspiraciones para fiscal general

Tegucigalpa, Honduras.-El titular de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, estaría siendo blanco del gobierno para que, sin causa literalmente justificada, la Junta Proponente lo excluya del proceso de selección que se está haciendo para elegir al nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público (MP) durante el periodo 2023-2028.

Lo anterior, se evidenció el pasado jueves 20 de julio de 2023, en la novena reunión de la Junta Proponente, celebrada en la Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando Procuraduría General de la República (PGR) mandó un escrito explicando que el abogado Santos está actualmente demandado por el gobierno y él, en consecuencia, también tiene denunciado al Estado.

12 casos presentados por la MACCIH
Luis Javier Santos, titular de la UFERCO

Luis Javier Santos y siete abogados más, entre ellos el actual director de fiscales del MP José Mario Salgado, desde el 2004 fueron asignados y llevaron el proceso de investigación del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas, quien fue ultimada en el interior de su vivienda ubicada en el barrio El Centro, en Tela, Atlántida, al norte de Honduras el 6 de febrero de 1995.

Lo anterior, luego que el 14 de enero de 2002, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el equipo de Reflexión, Investigación y Comunidades de la Compañía de Jesús de Honduras (Eric) presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado de Honduras por la muerte de la ambientalista Kawas.

Tras conocer el caso, Luis Javier Santos, después de varias investigaciones, descubrió que el sargento clase III de la Policía Nacional Ismael Perdomo, fue uno de los que participó en la muerte de la ambientalista alterando la escena del crimen y, tras los hallazgos, fue señalado por la comisión del delito abuso de autoridad y coacción en perjuicio de la administración pública.

Sin embargo, la investigación de Javier Santos fue el único hallazgo que se encontró en el caso de la ambientalista y eso fue suficiente motivo para que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el 3 de abril de 2009, condenara al Estado y, en consecuencia, en 2013, la PGR, demandó a los abogados que participaron en el caso por no tener eficiencia.

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POSICIONES

Lo anterior, fue evidenciado por el doctor en derechos humanos Joaquín Mejía, quien mencionó que él se desempeñó como litigante interamericano en ese caso y, gracias a eso, logró constatar que Luis Javier Santos fue el único fiscal que presentó evidencias y logró la captura de un autor intelectual del asesinato.

“De los fiscales que participaron en la investigación del caso Kawas, Luis Javier Santos fue el único que logró librar orden de captura contra policía involucrado por alterar escena del crimen, esto fue clave para probar ante Corte IDH participación de agentes estatales”, escribió Joaquín en su cuenta de Twitter.

En tanto, el analista político Lester Ramírez, aseguró que esta demanda fue conocida por los integrantes de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en 2016 y, por falta de sustentos, no la valoró y seleccionó a Santos, por sus méritos obtenidos en su desempeño como fiscal, para que acompañara las investigaciones.

“Ese caso llegó al escritorio de Oscar Chinchilla (actual fiscal general) y al de Juan Orlando Hernández (expresidente de Honduras), pero llegaron a la conclusión, después de un análisis, que era muy viejo y que, la Procuraduría General nunca inició el proceso, sólo presentó la demanda”, añadió Ramírez.

Luis Javier Santos y otros abogados, desde el 2020 se venían pronunciando contra el gobierno, argumentado que se les habían violentado sus derechos laborales, luego que se cerrara la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Ufecic) y se creara la Uferco, y con ello hubo cambios en el tema salarial, motivo el que denunciaron al Estado en 2022.

Esta demanda y contrademanda que protagoniza Santos podría ser la carta que está usando el oficialismo para que la Junta Proponente inhabilite a Luis Javier Santos, quien recibió dos tachas, pero fueron desestimadas.

NO PUEDE QUEDAR INHABILITADO

Josué Padilla, integrante de la mesa técnica de la Junta Proponente, mencionó que Santos, en su carpeta de postulación, no escondió que fue demandado por el Estado, en cambio, de haber sido así, sería suficiente causal para inhabilitarlo.

“Esa demanda no es causal para inhabilitarlo, no está ni en los requisitos del reglamento de la Junta Proponente, pero sí están en los requisitos para ser magistrado de la Corte, pero este es el proceso de la fiscalía”, precisó.

Agregó que “de inhabilitarlo, se estaría restringiendo un derecho y no se estaría aplicando el principio de legalidad. En ese sentido, para tomar una decisión se tiene que utilizar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) y el reglamento de la Junta, y ahí se encontraría que no es causal para ser marginado”.

Contrario a lo dicho por el representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, quien aseguró que en el inciso G del artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado, precisa que nadie que entre en un proceso de selección puede tener cuentas pendientes con el Estado.

“Hay que ser parejos. El artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado dice que no hay que tener cuentas pendientes con el Estado, ya sean colectivas o individuales, demanda es demanda. Por lo tanto, esta es suficiente causal para ser excluido del proceso.

COINCIDENCIA

Luis Javier Santos, se limitó a mencionar si el gobierno estaría detrás de esta jugada, pero sí aseguró que el encargado de orquestar este plan, sería Mario Morazán, secretario de la PGR y uno de los 15 abogados que continúan en el proceso de elección del próximo fiscal.

“Quiero pensar que es casualidad o coincidencia, no una mala intención, pero el secretario general de la Procuraduría General, quien es el encargado de llevar toda esta información y está participando en el proceso es el abogado Mario Morazán”.

Agregó que “no quiero pensar que es mala intención, no voy a juzgar a nadie, lo único es que existe la casualidad que uno de los participantes en este proceso es Mario Morazán (…) el currículum de él es superado por otros postulantes”.

De igual manera, mencionó que se apersonó ante la Junta Proponente para que solicitaran a la PGR toda la información relacionada con su expediente y bajo qué objetivo presentaron una demanda que nunca procedió.

“Pasaron 10 años y nunca se me emplazó. Ellos (PGR) tenían que mandar un texto diciendo: Luis Javier por este motivo lo demandamos y puede presentar sus descargos en los juzgados, pero nunca pasó; nunca se me emplazó”, explicó a Criterio.hn.

“Hasta hoy veo esa demanda y fue porque me apersoné a los juzgados de lo civil. Yo fui el abogado que mayor participación tuvo, a mí no se me tenía que incluir en esa demanda. Lo que pasará lo decidirá la Junta Proponente”, agregó.

La Junta Proponente se abstuvo de votar en contra a favor de inhabilitar al fiscal anticorrupción y la resolución de su caso será anunciada el próximo lunes 24 de julio, en la décima reunión que realicen los integrantes de esta instancia.

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PROCESO DE LA JP

Los integrantes de la Junta Proponente tienen la función de seleccionar, entre los 21 postulantes que quedan en el proceso, la nómina de los cinco mejores evaluados. Después, tendrán que enviarla al Congreso Nacional para que, en una sesión de segundo grado, elijan al próximo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, para el periodo 2023-2028.

En la primera fase de este proceso, la Junta Proponente recibió 26 postulaciones, de las que, a medida ha ido avanzado, varios abogados han renunciado a su aspiración y otros han sido inhabilitados por no cumplir con los requisitos ya establecidos en la norma que rige esta instancia.

Durante la fase de subsanación de información, los proponentes enviaron a 20 abogados a corregir sus carpetas porque presentaron información falsa, errónea e incompleta. Pero sólo 18 lograron completar lo requerido.

La abogada Karen Alicia Motiño, afín al Partido Nacional, y Arnaldo Alvarado García fueron los aspirantes que fueron separados en esa fase tras no poder subsanar la información requerida a tiempo ante la Junta Proponente. Para hacerlo tuvieron 48 horas (desde el 1 al 3 de julio).

Después, los proponentes determinaron inhabilitar a la abogada y exdiputada del Partido Liberal, Sobeyda Judith Andino Álvarez, tras encontrar que no cumplía con la experiencia en materia penal que se requiere para ser fiscal general o fiscal adjunto.

Entre tanto, argumentando estar atravesando problemas personales, la profesional del derecho y actual titular de la Secretaría de Trabajo, Lesly Sarahí Cerna renunció a su postulación. Sin embargo, de acuerdo con el reglamento, igual tenía que ser inhabilitada por ostentar un alto cargo en una institución del Estado.

Mientras se desarrollaba la fase de tachas y denuncias, lo equivalente a la segunda fase de este proceso, el abogado Alejandro Alvarenga Padilla renunció a su postulación y denunció que el trabajo de los proponentes está maniatado porque ya hay nombres y apellidos de las personas que tendrán los altos puestos de la fiscalía.

El proceso de tachas cerró con 21 abogados de los 26 que se postularon, y de esos 21, 17 fueron denunciados ante la Junta Proponente, mismos que tenían hasta el viernes 14 de julio para justificar, con evidencias, que no habían sido parte de ninguna irregularidad.

Después siguió la fase de pruebas toxicológicas, psicométricas y de patrimonio, mismas que terminaron el sábado 15 de julio, después los postulantes tendrán que presentarse a las entrevistas públicas.

Entre las pruebas toxicológicas y proceso de tachas y denuncias quedaron fuera del proceso los abogados: Plinio Leonel Consuegra, Olga Janeth Flores, Marco Antonio Zelaya Reyes y Omar Bonilla. También está la posibilidad que Luis Javier Santos sea apartado del proceso.

Los 15 abogados que continúan en el proceso, se someterán a entrevistas públicas, en la que se le consultará, por ejemplo, las intenciones si llegan a ostentar la titularidad de la fiscalía.

Posteriormente, los proponentes evaluarán a los abogados que pasaron los filtros anteriores, a quienes calificarán de 1 a 100 puntos, seleccionarán a los cinco que obtuvieron la mejor nota y posteriormente enviarán esa nómina al Congreso Nacional presidido por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo.

El Congreso, en esa etapa crucial, tiene dos opciones. La primera es reivindicarse con la sociedad escogiendo a los abogados por los méritos obtenidos en los filtros que hizo la Junta Proponente y, la segunda, es colocar a las personas que respondan a los intereses corruptos de la clase política y económica, siguiendo la misma hegemonía que mantiene la fiscalía en la actualidad.

  • Daniel Girón
    Me gusta trastear en los registros del dinero público, manipular y analizar datos para contar lo que no se sabe. Prefiero trabajar en equipo, antes que solo porque en el consenso está la clave. Aún no he llegado a donde quiero, pero volver no es opción. danielgiron@criterio.hn

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