Tegucigalpa, Honduras.- Honduras ha registrado 52 casos de mujeres víctimas de trata de personas en las que el 40% de estos casos son niñas entre 10 y 19 años.
Según datos del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), la mayor incidencia de casos se dio en el departamento de Francisco Morazán seguido de Cortés y Atlántida, además, el total de denuncias realizadas entre enero 2020 y agosto 2021 da un total de 85 y de 24 de estas se desconoce el sexo.
La Ley establece la trata de personas como la captación, el transporte, la cogida o la recepción de personas recurriendo a la amenazada o al uso de la fuerza u otras formas de coacción con fines de explotación.
Los delitos contra la libertad de las mujeres continúan en aumento y la justicia no presta atención a estos casos y muchos de ellos no son denunciados.
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“La gente tiene miedo de denunciarlos cuando se da cuenta porque muchas personas, dentro de la justicia, pueden estar compradas por los tratantes y hay involucramiento de altos funcionarios públicos en trata de persona de todo tipo ya sea sexual, tráfico y migración ilegal”, aseguró la activista feminista, Ana Pérez.
Pérez agregó que se debe implementar medidas contra la trata de personas, entre ellas, las campañas informativas, investigación por parte de la justicia, formación para los funcionarios públicos en legislación, sanción y reparación de las víctimas para crear un programa completo en atención a los y las sobrevivientes.
“Siempre se buscan a las personas más pobres porque son las que menos le importa al Estado y a la sociedad en general, en ocasiones, cuando la víctima no sabe leer ni escribir, le ponen el precio en un brazo de lo que cobran estos son casos de total violencia e impunidad”, detalló Pérez.
Analistas detallan que los migrantes y las personas con niveles de escolaridad bajos son
particularmente vulnerables a la trata, además, existen casos de menores a quienes sus familiares llevan a las cárceles para explotarlos.
También mencionan que la corrupción dentro del espectro político ha contribuido a facilitar los delitos de trata.
“Se necesita más atención al tema de violencia contra las mujeres y niñas y al tema de trata porque el país está como categoría 2 y también es un país reconocido como origen, tránsito y destino para víctimas de trata”, mencionó la defensora de derechos humanos y coordinadora del Grupo de Sociedad Civil, Jessica Sánchez.
Esta denominación se arrastra desde el año 2008 y permanece porque el país no cumple con normas en ámbitos claves como el enjuiciamiento a funcionarios cómplices o turistas involucrados en la explotación sexual comercial y trata de menores.
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Según la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas (CICEST), detalla que 14 personas son mensualmente víctimas de trata con diferentes fines, pero, la mayoría es con fines de explotación sexual comercial.
El Observatorio de Derechos de las Mujeres tipifica la trata de personas es una violación de los derechos humanos y un delito lucrativo que genera alrededor de 150,200 millones de dólares al año en todo el mundo.
“Las más afectadas son las niñas-adolescentes, viven en una vulnerabilidad de violencia en los barrios y las comunidades y escasa protección generando redes de trata que está ligado a grupos delincuenciales y si una joven no entra a una de estas redes es posible que la maten”, finalizó Sánchez.
