Con más de 47,000 personas desplazadas, la crisis humanitaria en Honduras se agrava por la ineficacia de las políticas de seguridad y la falta de protección para las víctimas
Tegucigalpa, Honduras. – El desplazamiento forzado en Honduras es una crisis alarmante que afecta a miles de personas, impulsada por una combinación de violencia, desconfianza en las instituciones estatales y la falta de protección efectiva para las víctimas.
Según estimaciones del Consejo Noruego para Refugiados, al menos 47,000 personas han sido desplazadas en Honduras debido a la violencia y otros factores combinados.
Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), refiere que el 56% de las personas que han sido víctimas o están en riesgo de desplazamiento no confían en las autoridades para denunciar este delito.
Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, lamentó que las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado no denuncien debido a que no confían en la institucionalidad del Estado.
Para Elsy Reyes, el Estado de manera urgente debe implementar el fortalecimiento institucional a fin de tener las suficientes garantías o los mecanismos de protección para que las personas que presenten una denuncia se sientan seguras que su caso va a ser investigado, que sienta la seguridad que el Estado le va a dar protección
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INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA ATENDER A VICTIMAS DESPLAZADAS
En Honduras, existe una profunda discrepancia entre el papel que debería desempeñar el Estado como garante de los derechos humanos y la desconfianza generalizada que sienten las personas hacia las instituciones estatales. A pesar de que la constitución y las leyes establecen al Estado como responsable de proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, muchas víctimas de violencia y desplazamiento forzado optan por no recurrir a estas instituciones debido a experiencias previas de ineficacia, corrupción o indiferencia.
Karen Valladares, coordinadora de Cristosal, destaca que muchas víctimas de desplazamiento forzado en Honduras prefieren y confían más en las organizaciones que abordan esta problemática, ya que sienten que estas les ofrecen seguridad y una respuesta efectiva a sus necesidades inmediatas.
Valladares confió a Criterio.hn que a menudo, las víctimas son referidas a Cristosal por instituciones estatales que reconocen su incapacidad para brindar la atención adecuada.
Esta situación, señala Karen Valladares, evidencia una discrepancia significativa, dado que el Estado debería ser el principal garante de derechos. Valladares enfatiza que las organizaciones de la sociedad civil, como Cristosal, deben actuar principalmente como acompañantes de las víctimas, proporcionando apoyo integral y especializado, en lugar de asumir la responsabilidad total de la atención que debería corresponder al Estado.
Cristosal, en los años 2023 y 2024, han acompañado a aproximadamente 1,851 personas de 476 familias que han sido víctimas de situaciones críticas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Un dato preocupante es que el 55% de estas víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, mientras que 15% son personas indígenas y afrodescendientes.
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EXTORSIÓN SEGUNDA CAUSA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Pese a las medidas de seguridad implementadas por el Estado hondureño, incluyendo la declaración del estado de excepción que suspende las garantías constitucionales, la extorsión persiste como la segunda causa principal de desplazamiento forzado en el país, según afirma Elsy Reyes.
Esta situación pone de manifiesto la ineficacia de las estrategias actuales para combatir este delito. La continuidad de la extorsión, a pesar de las medidas drásticas adoptadas, sugiere que las políticas de seguridad no están abordando adecuadamente las raíces del problema, lo que plantea serias dudas sobre la efectividad del enfoque actual del gobierno en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito. “La extorsión continua, eso significa que las políticas o estrategias que se han implementado no son las más eficientes”
La extorsión en Honduras se ha convertido en un fenómeno alarmante que afecta a miles de ciudadanos, representando una de las principales causas de desplazamiento forzado en el país.
En 2022, las denuncias de extorsión aumentaron un 153% en comparación con el año anterior, alcanzando un total de 1,824 casos, lo que marca el segundo registro más alto de la última década.
Este delito se concentra principalmente en áreas urbanas, con el 62% de las denuncias provenientes del Distrito Central y San Pedro Sula, dos de los municipios más violentos del país.
