A casi dos semanas después de los amotinamientos simultáneos en cuatro centros de reclusión del país, Gobierno anuncia medidas de control en cárceles hondureñas
Foto portada: Secretaria de Prensa
Tegucigalpa. – La corrupción e infiltración del crimen organizado han sido el detonante en la crisis en los centros penitenciarios, dijo la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, durante la presentación de las medidas que se implementarán en el plan de intervención de las cárceles en el país centroamericano.
Villanueva hizo un desglose de diez medidas de las tantas que se implementarán en los centros penitenciarios del país. Enfatizó que no pueden dar a conocer el plan completo por cuestiones de seguridad.
Como primera medida se hará un desarme general en las cárceles hondureñas, con esto se iniciará una serie de registros manuales y electrónicos a fin de despojar y evitar que los privados de libertad tengan acceso a armas (blancas o de fuego).
“Hay que trabajar también en uno de los pasos más importantes, que es la desarticulación del crimen y el desarme real a través de los registros manuales y electrónicos permanentes en todas las instalaciones. Aquellos -privados de libertad- que están escondiendo las armas, siempre las vamos a encontrar con tecnología e inteligencia penitenciaria”, puntualizó.
La segunda medida que se tomará es el bloqueo total de la señal telefónica en los perímetros de los centros penitenciarios, además se hará una intervención de líneas oficiales, para el registro de las comunicaciones internas y externas.
Villanueva señaló que en el pasado lo que se hizo fue un “bloqueo cosmético”, pues algunos privados de libertad siempre tenían a la mano diferentes formas de comunicarse para seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios.
El tercer punto es la remoción y depuración del personal penitenciario y policial, en todas las cárceles iniciando con una evaluación profesional y exhaustiva de los directores de Támara (al Este de Tegucigalpa); Siria en El Porvenir, Francisco Morazán (Norte de la capital); El Pozo en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva en Morocelí, El Paraíso (en el Oriente del país).
La cuarta medida es la instalación de un sistema de monitorio y vigilancia electrónica, con control central en las 24 horas del día.
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La quinta medida consiste en el traslado y la reubicación de los centros penitenciarios mencionados anteriormente, con mayor concentración de privados de libertad, considerando la gravedad de los crímenes y el estado del proceso (sentenciados y no sentenciados).
El sexto punto es la reclasificación y aislamiento de los privados de libertad con vinculación a la criminalidad organizada de los que no pertenecen a estos grupos para hacer una separación en los centros penitenciarios del país.
En ese sentido Villanueva explicó que, dicha separación contemplaría albergar a grupos criminales, como maras y pandillas en determinados centros penitenciarios y en otras cárceles a sectores vulnerables, como personas de tercera edad, enfermos terminales y mentales, así como de la diversidad sexual.
El séptimo punto es la revisión de los expedientes administrativos de privados de libertad con enfermedades terminales, los que están en proceso de preliberación u otras condiciones y evaluar las condiciones jurídicas para el otorgamiento de un indulto en casos menores.
Como octava medida anunció la evaluación y practica de pruebas de confianza al recurso humano (policías y civiles) que integran las cárceles.
El noveno punto consiste en aumentar el número de agentes penitenciarios y policial, el cual deberá ser dotado de equipos de comunicación, tecnología, capacitación y una revisión y ajuste salarial.
Por último, se anuncio la creación de un banco de datos de privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
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AMOTINAMIENTOS EN CÁRCELES DISPARA INTERVENCIÓN EN CENTROS PENITENCIARIOS
El 9 de abril varios centros penitenciarios del país fueron noticia por los amotinamientos simultáneos en cuatro centros de reclusión del país, mismo que dejaron como resultado varios heridos y la muerte de un privado de libertad. Según medios nacionales el conflicto se dio entre reclusos de dos pandillas rivales.
Los enfrentamientos ocurrieron en las cárceles de Támara (al Este de Tegucigalpa); Siria en El Porvenir, Francisco Morazán (Norte de la capital); El Pozo en Ilama, Santa Bárbara y La Tolva en Morocelí, El Paraíso (en el Oriente del país).
Ante esto la presidenta Xiomara Castro anunciaba a través de su cuenta de Twitter la intervención de los centros penitenciarios del país, “hasta transformarlas en Centros Penales de rehabilitación, no en escuelas de crimen y tortura como lo que he heredado».
Castro aseguraba que las medidas que se implementarán serán “duras”, pero respetuosas de la humanidad, de los encausados, sus familiares y defensores. Para esa tarea designó a la doctora Julissa Villanueva para dirigir la intervención de los centros de reclusión, que contempla el Plan Solución Contra el Crimen.
En un escueto mensaje de Twitter la mandataria Castro externo que dicha intervención tiene como fin desmontar las estructuras criminales que operan en centros penitenciarios. La acción llega a raíz de un amotinamiento simultaneo en cuatro cárceles hondureñas, la cual dejo como resultado varios heridos y la muerte de un privado de libertad.
