Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- Ante la ausencia de una respuesta estatal contundente para dar con el paradero de los líderes garífunas Alberth Snider Centeno Tomás, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix, Milton Joel Martínez Álvarez, y el allegado de la comunidad Junior Rafael Juárez Mejía, el Frente Parlamentario Contra la Corrupción advierte que la desaparición forzada de cinco garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, se enmarca en un contexto de represión sistemática en contra de personas líderes de los pueblos afrodescendientes e indígenas, que han alzado su voz en defensa de sus derechos.
el comunicado señala que así como lo ha manifestado la Coalición contra la Impunidad (CCI), “los hechos sostenidos hasta la fecha, dejan claro que no se trata de raptos o secuestros comunes, sino que se enmarcan en un patrón de ejecución, en un perfil de víctimas y en un patrón de manejo de las investigaciones que asegura la impunidad.”
El deterioro de las protección a los derechos humanos también se expresa en la negativa del Estado a dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhorta a ejecutar reparaciones y mitigar los riesgos a los que se enfrentan las personas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, la corrupción es un grave impedimento para el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos. La captura del Estado por parte de intereses privados, ha generado la inoperancia de los órganos de seguridad y justicia y ha garantizado la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. El caso de Berta Cáceres es prueba de ello; se identificó y encarceló a los autores materiales, pero los autores intelectuales siguen en la impunidad. Esto evidencia que existe un patrón de impunidad en casos de violaciones a los DDHH.
Ante el panorama descrito, el Frente Parlamentario Frente Parlamentario Contra la Corrupción condena este hecho, se solidariza el pueblo garífuna y demanda al Estado de Honduras, que movilice todos los recursos disponibles para asegurar la pronta ubicación y liberación de las cinco víctimas de rapto.
También recomienda adoptar la recomendación de desvincular a la Dirección Policial de Investigación (DPI) y de involucrar en la investigación a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, con el objetivo de garantizar un proceso independiente que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Además, piden a la ciudadanía seguir firme en la lucha para reconstruir el Estado de Derecho y a la cooperación internacional mantener siempre su solidaridad y apoyo a estos esfuerzos encaminados a fortalecer la democracia, instaurar una cultura de integridad y protección de los derechos humanos.
