Los desalojos forzosos en Honduras continúan afectando a la población campesina, evidenciando una preocupante falta de cumplimiento con los estándares internacionales de derechos humanos
La persistente inequidad en el acceso a la tierra y la violencia estatal plantean un desafío urgente para las autoridades hondureñas en materia de protección de los derechos fundamentales
Tegucigalpa, Honduras. – La población campesina en Honduras, sigue enfrentando serias dificultades por el acceso a la tierra, y la defensa constante de sus territorios codiciados por la empresa privada que, en su afán por apoderarse de estos espacios, destruyen todo lo que encuentran a su paso.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos (OACNUDH) impacta en el goce de los derechos socioeconómicos que continúa siendo afectado por la desigualdad, pobreza y la falta de acceso equitativo a la tierra y a los recursos naturales.
«El acceso equitativo a la tierra es una de las principales causas de desigualdad y pobreza en el país, originados por factores como la inseguridad y le tenencia de la tierra y la limitada capacidad institucional de dirimir los derechos de propiedad y la superposición de los títulos privados sobre los títulos ancestrales», refirió la representante de la OACNUDH en Honduras, Isabel Albaladejo.
En junio de 2023 se creó la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en el marco del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, con el objetivo aparente de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente y además, de velar por la seguridad en el campo y en el sector agropecuario y garantizar la soberanía alimentaria del pueblo hondureño, sin embargo, esta protección ha sido solo una falacia, las organizaciones campesinas han sido víctimas de desalojos violentos.
La OACNUDH, sólo en 2023, contabilizó 38 desalojos forzosos –las organizaciones campesinas registran más—, en ese sentido, destaca que 24 fueron ejecutados tras la creación de la Comisión de Seguridad Agraria.
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DESALOJOS VIOLENTOS
La falta de acceso inequitativo de la tierra, se evidencia con la ejecución de desalojos violentos en contra de campamentos campesinos, desalojos perpetrados por los entes armados del Estado. En 2023, el organismo internacional documentó al menos 38 desalojos, la mayoría en perjuicio de empresas campesinas y cooperativas agrarias, donde primaron los hechos de violencia, incluyendo tres personas integrantes de las cooperativas campesinas heridas por arma de fuego, en uno de los casos provocado por la Policía Nacional.
Para Víctor Fernández, coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, los daños que enfrentan los defensores de la tierra, son “irremediables”, por la llegada tardía de la administración del Estado para asumir el deber de garantía y respeto de los derechos humanos.
El abogado y defensor de derechos humanos enfatizó, que el problema con los desalojos es que se repite el modelo de dicho desalojo, es decir, no se garantiza la legalidad en la emisión, no se garantiza el respeto al derecho por la forma en la que se materializa ni en las consecuencias.
INSTAN APLICAR PROTOCOLO
Honduras es un país con mucha desigualdad, la pobreza, pese a haber presentado una reducción, sigue con altos índices. Cifras oficiales indican que la pobreza pasó de 73.6% en 2021 a 64.1% en 2023, y la pobreza extrema de un 53.7% a 41.5%.
De igual manera la desigualdad presentó una reducción considerable, el coeficiente de Gini de 0.61 en 2021 pasó 0.51 en 2023.
En ese sentido, el sacerdote Jesuita, Ismael Moreno Coto, remarcó queel punto de fondo sobre las violaciones a derechos humanos es la desigualdad. “Mientras tengamos dinámicas de desigualdades, no podemos hablar de vigencia de los derechos humanos”
Por consiguiente, los desalojos se traducen en violaciones a los derechos humanos, que resultan en un alto riesgo de desplazamiento forzado y movimientos migratorios, pérdida de cultivos, viviendas y otras afectaciones.
Por ello, la representante de alto comisionado de Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó a ver la problemática de la tenencia de la tierra –que estigmatiza a los campesinos y campesinas llamándolos “usurpadores”—, desde la óptica de quienes defienden la tierra.
Bajo este contexto, Isabel Albaladejo, instó a las autoridades estatales a fortalecer y avanzar en medidas que garanticen la seguridad jurídica con arreglo a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, pero indicó “ello no pasa por medidas de desalojo que han dejado a muchas personas en una situación de desprotección”.
En ese sentido apeló a la implementación del Protocolo de coordinación interinstitucional para el abordaje de los conflictos sobre tierras, territorios y ambiente, para garantizar un lugar seguro a las familias que son desalojadas.
