Foto portada: Radio Progreso
Tegucigalpa, Honduras. – Las alertas se encendieron con la llegada de patrullas de la Policía Nacional, tanquetas y un tractor que a su paso destruyó las plantaciones de maíz y otros granos básicos, en la ejecución de un desalojo violento en el sector Guanchías, departamento de Yoro.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) responsabilizan y denuncian que estos desalojos se están desarrollando en confabulación con la empresa Azucarera del Norte S. A. de C. V. (Azunosa), y la complicidad de jueces del poder judicial de El Progreso, Yoro.
Con estas acciones, los desalojos y la criminalización a los campesinos que trabajan la tierra, se incrementan y pone en riesgo la vida de hombres y mujeres que defiende el derecho a la tierra en el marco de una Comisión de Seguridad Agraria, instalada el pasado 6 de junio por la presidenta Xiomara Castro. Según la mandataria hondureña con la finalidad de revisar el estamento jurídico de las propiedades y adjudicarlas a quienes corresponda legalmente.
En este desalojo, el Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del departamento de Yoro, denunció –a través de un comunicado— que las autoridades se han limitado a investigar la verdadera legitimidad de las tierras que pertenecieron a la Cooperativa La Libertad de la Aldea Sarrosa.
Julián Valdez, presidente de la Federación Nacional de Campesinos Hondureños (Fenach), expresó a Criterio.hn “los campesinos en el campo estamos indefensos porque no tenemos autoridades que respondan al beneficio de la gente que no tiene nada”.
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN PELIGRO
Las milpas a punto de producir maíz para cientos de familias, con el desalojo violento fueron destruidas junto con otros granos básicos y legumbres. Destrucción que pone en peligro la seguridad alimentaria ya que dependen de estos cultivos para subsistir.
“Con la crisis que tenemos de seguridad alimentaria y dañarnos más de 100 manzanas de maíz que teníamos ya en el lote, es una acción que no se puede justificar”, señaló el líder campesino.
En marzo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió que, en Honduras, 4,9 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria de moderada a leve.
De acuerdo, con Julián Valdez, la responsabilidad de la destrucción de los cultivos, recae en las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), por no hacer las investigaciones correspondientes, lo que Valdez consideró como “debilidad” del INA.
Con la destrucción de las plantaciones de maíz, en promedio se perdieron 50 quintales por manzana.
Además, las organizaciones campesinas denuncian que, desde la instalación de la Comisión de Seguridad Agraria, los campesinos y campesinas han sido víctimas de desplazamiento forzado y se ha agudizado la problemática agraria.
DESPOJO HITÓRICO
La reforma agraria, en su momento significó la garantía de la justicia social en el campo, por permitir a los campesinos y campesinas, tierras para la producción agrícola.
El abogado Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad, refirió que en el Valle de Sula y en el corredor que va de El Progreso hacia Santa Rita, Yoro, al norte de Honduras, todas las tierras son de naturaleza de Reforma Agraria, mismas que fueron atribuidas a las cooperativas campesinas en los años 1970 y 1980.
Sin embargo, lamentó que en 1992 y 1993, Azunosa –según las denuncias de las bases campesinas— empezó un proceso de despojo, mediante intimidación, fraude, violencia y sobornos obtuvieron títulos de compraventa en los cuales supuestamente las cooperativas campesinas les estaban vendiendo sus tierras, y es a través de estos títulos de propiedad que en la actualidad se están ejecutando desalojos violentos.
“Nosotros reivindicamos que estas demandas u ordenes de desalojo son ilegales”, refirió Pedro Mejía, al tiempo que señaló una prohibición constitucional, establecida también en la Ley de Reformadora agraria. “Se ha han establecido un blindaje a las tierras de Reforma Agraria indicando que siempre deben cumplir su objetivo de naturaleza de reforma agraria, es decir que permanezcan siempre en manos de familias campesinas o de cooperativas campesinas”, señaló el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad.
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EXIGENCIAS AL GOBIERNO
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, al conocer la noticia del desalojo se pronunció en contra de las acciones violentas ejecutadas por los entes armados del Estado, que de acuerdo con la organización defensora de derechos humanos es “ilegítimo e ilegal”.
En este contexto de desalojos violentos agudizados desde la instalación de la Comisión de Seguridad Agraria, la Red Nacional de Defensoras exige al gobierno que “detenga el despojo de los territorios del campesinado a favor de las empresas”.
De igual manera, el movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), instó a la presidenta Xiomara casto y a la Comisión de Seguridad Agraria, además de la abstención de los desalojos que aseguren la tutela de los derechos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Y ante la demanda civil presentada por Azunosa en contra de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y el Movimiento de Campesinos y Campesinas sin Tierra del departamento de Yoro, exigen se respete el estado de derecho.
