Por: César Melgar
Asistente de Investigación del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi)
Al llegar el mes de septiembre, empieza la temporada en la cual los países centroamericanos inician el proceso de discusión para la aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos, a excepción de Panamá, donde desde el 28 de julio se presentó ante a la Asamblea Nacional el proyecto de presupuesto.
Costa Rica y Guatemala también dieron ese paso el 1 de septiembre (según lo estipulado en el artículo 178 de la Constitución costarricense y el artículo 171 de la Constitución guatemalteca). Los próximos países en cumplir con ese mandato son Honduras, que tiene su fecha límite el 15 de septiembre (según el artículo 25 de la Ley Orgánica del Presupuesto); El Salvador, que debe presentarlo antes del 30 de septiembre (según el artículo 38 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado); y, Nicaragua cuya fecha máxima es el 15 de octubre (según lo indica el artículo 35 de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario).
Los procesos de discusión y aprobación de los presupuestos nacionales no solamente conllevan el hecho de dar un visto bueno a una partida presupuestaria, sino también implican visualizar el futuro y dar las herramientas para que los gobiernos puedan solventar los desafíos que cada país debe enfrentar en el 2023 y en los años futuros.
Este año las discusiones y aprobaciones presupuestarias se darán en un contexto en el que los países centroamericanos están experimentando acontecimientos que podrían afectar su desempeño financiero. Por ejemplo, Costa Rica tiene el reto superar las revisiones que realizará el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo de facilidad del Servicio Ampliado por USD1,778 millones, de los cuáles ya se han recibido dos desembolsos. También existe la discusión sobre la emisión de eurobonos por USD6,000 millones, como medida para reducir las tasas de interés y, sobre todo, contribuir a bajar el nivel de endeudamiento del gobierno costarricense.
En el caso de El Salvador se debe solventar el pago de USD800 millones en bonos que vencen en enero de 2023, esperar los resultados de la estrategia gubernamental de recompra de dicha deuda antes de la fecha de vencimiento y del impacto que esta operación pueda tener en los indicadores de riesgo país en los mercados financieros. A eso hay que sumarle la posible reforma de pensiones que, de llevarse a cabo de manera inadecuada, puede agravar la situación financiera del país, ya sea a corto o mediano plazo.
En Guatemala 2023 será un año electoral, lo que acrecienta los temores del uso discrecional de los fondos presupuestarios. Dicho temor se alimenta con la propuesta de que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan utilizar en 2023 aquellos fondos no ejecutados durante el presente año. Además, si la ley del presupuesto no se aprueba en el tiempo estipulado (lo cual ya sucedió para el presupuesto de los años 2018, 2020 y 2021), el presupuesto de 2022 quedará vigente, limitando la capacidad para atender las necesidades prioritarias identificadas para el ejercicio fiscal 2023.
En Honduras, se tiene el debate sobre la intención del gobierno de que el presupuesto de 2023 se realice según la metodología de Presupuesto de Base Cero, técnica presupuestaria mediante la cual se revalúan cada año todos los programas y gastos, siempre a partir de cero, como si fuera la primera operación. Según las autoridades hondureñas con esta metodología se busca «asegurar que los proyectos recogen las prioridades del gobierno en beneficio de la población» (Romero, 2022). El desafío que tendrá el gobierno hondureño es que esta metodología le permita priorizar el gasto, y evitar que exista una baja ejecución presupuestaria como la observada en este año. Otro aspecto que no deja de preocupar es la deuda que tiene la Empresa Eléctrica Nacional (EEN), la cual de ser insostenible, tendrá que ser absorbida por el Estado hondureño.
En el caso de Nicaragua, si bien en 2022 presenta una tasa creciente de recaudación fiscal, los últimos cambios legales con los que el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), ya no tiene registro y control de las cámaras empresariales, sino que ahora está potestad la tiene el Ministerio de Gobernación, aumentan los temores de que el ambiente se vuelva más hostil hacia las inversiones. Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha alertado a los inversionistas de ser “cautelosos” a la hora de invertir en el país. Todo lo anterior crea incertidumbre en cuanto a la recaudación fiscal que se pueda lograr en los años por venir.
En el caso panameño, se tendrán que asumir las responsabilidades financieras que pudieran desprenderse de los acuerdos que se alcancen de la Mesa Única de Diálogo por Panamá (surgida como consecuencia de las protestas contra el alza de los precios que tuvieron lugar en julio pasado), incluyendo las decisiones sobre algunas propuestas de medidas de austeridad gubernamental como la disminución de la planilla estatal en un 10%.
Si bien es cierto que los gobiernos centroamericanos deben tener estrategias para evitar alguna debacle financiera en el futuro, no debemos perder de vista que la política fiscal es la herramienta con la que cuentan los Estados para mejorar el bienestar de todas las personas, promover un crecimiento económico, sostenido y sostenible y fortalecer la cohesión social. Por ello, en los procesos de debate y aprobación de los presupuestos públicos además de considerarlos desafíos ya mencionados, se debe tener presente el mandato ineludible de los Estados de garantizar derechos y un nivel de vida digno a los ciudadanos y ciudadanas centroamericanas.
