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Por: Jorge G. Castañeda

 

CIUDAD DE MÉXICO – El rechazo popular a la propuesta de constitución en Chile se esperaba. Lo que no se esperaba era su magnitud. Este mes, casi el 62% de los 13 millones de votantes que fueron a las urnas le dijo no al proyecto, que debía reemplazar la constitución escrita durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El contundente rechazo a la nueva constitución es un golpe para el presidente Gabriel Boric, que la respaldó. Además, es una muestra clara de que la Convención Constitucional que elaboró el proyecto fue mucho más allá de las aspiraciones y convicciones del electorado chileno.

Boric (un exlegislador de izquierda elegido presidente el año pasado) promovió el proyecto, redactado por una asamblea formada mayoritariamente por aliados y compañeros suyos. Por eso comparte la responsabilidad por el fracaso. Tras la derrota en el referendo anunció un recambio de gabinete, pero ahora tendrá que tomar más decisiones difíciles: qué políticas seguir, qué asesores mantener y cómo cumplir las promesas de reforma que hizo durante su campaña.

Individualizar las razones que llevaron a los votantes chilenos a rechazar la propuesta de constitución no es fácil, pero no hay duda de que las noticias falsas y la desinformación hicieron su parte. No era difícil convencer a votantes que no leyeron las 170 páginas y los 388 artículos del proyecto de que les iban a quitar sus casas, que perderían las pensiones y prestaciones de salud privadas, que se iba a legalizar el aborto hasta el noveno mes de embarazo, y que Chile se iba a convertir en la próxima Venezuela.

Aun así, las muy variadas reformas políticas y judiciales contenidas en la propuesta de constitución generaron el rechazo de muchos votantes que si no fuera por ellas hubieran apoyado muchos de los derechos sociales y económicos que buscaba consagrar. El proyecto designaba a Chile como un «estado plurinacional» y otorgaba a los pueblos indígenas derechos y protecciones que siempre se les habían negado. Pero también buscaba abolir el Senado y sembraba dudas sobre el prestigioso e independiente sistema judicial chileno, con el intento de crear un sistema separado de tribunales indígenas. También incluía amplias protecciones medioambientales que, aunque apreciadas por los activistas, atemorizaron a muchos otros.

El borrador propuesto hubiera garantizado más de cien derechos nuevos (más que cualquier otra constitución en el mundo). Buscaba convertir la atención de salud universal en un derecho, instituir la paridad de género en los poderes ejecutivo y legislativo, dar más poder a los sindicatos y endurecer las regulaciones a la minería. Algunos economistas (incluidos ministros de finanzas de anteriores gobiernos de centroizquierda) consideraron que el costo de todo esto sería excesivo. Aun así, la propuesta podía atraer a una diversidad de sectores y conseguir el apoyo de más de la mitad del electorado. En vez de eso, alejó a los votantes que concluyeron que el proyecto llevaría a Chile demasiado a la izquierda.

No era lo que se esperaba. Cuando en octubre de 2019 estallaron protestas masivas contra el gobierno de derecha anterior, los manifestantes adoptaron el eslogan «no son 30 pesos, son 30 años», un claro mensaje de un malestar juvenil que trascendía el pequeño aumento de precio del metro que obró como catalizador del movimiento. El crecimiento económico y la reducción de la pobreza logrados en las tres décadas transcurridas desde el final de la dictadura de Pinochet no lograron impresionar a los jóvenes chilenos, que mostraron su rabia por el endeudamiento estudiantil, los costosos esquemas privados de pensiones y atención médica, la desigualdad extrema y una sensación más amplia y más intangible de exclusión.

Por algún tiempo, pareció que para la izquierda progresista chilena todo iba sobre ruedas. En octubre de 2020, casi el 80% de los chilenos votó a favor de redactar una nueva constitución. Más tarde, se eligió como presidenta de la nueva Convención Constitucional a la académica Elisa Loncón Antileo (una indígena mapuche). En diciembre de 2021, Boric (un socialista y ex activista estudiantil de 35 años) derrotó por amplio margen al candidato presidencial de ultraderecha José Antonio Kast.

Pero los primeros meses de Boric en el poder fueron difíciles, como resultado del daño económico que sufrió Chile durante la pandemia. El crecimiento del PIB se frenó, aumentaron el déficit presupuestario y la inflación, los delitos violentos se incrementaron (aunque partiendo de un nivel bajo) y la coalición de Boric tuvo dificultades para mantener a raya a sus miembros más radicales. Aunque Boric asumió cuando la nueva constitución ya recibía sus últimos retoques, los votantes terminaron asociándolo con el borrador propuesto, lo cual no le hizo ningún bien a sus cada vez peores índices de aprobación.

En este contexto, el resultado del referendo de este mes no debería sorprender a nadie. Los chilenos son más conservadores de lo que sugieren los hechos que llevaron a la votación, y en general desconfían de cualquier intento de interrumpir lo que, en opinión de muchos, ha sido un largo período de prosperidad.

En los treinta años transcurridos desde la caída de Pinochet, Chile pasó de la condición de país de bajos ingresos a la de ingresos medios. Su desarrollo económico ha sido más lento que lo esperado, y todavía hay mucho por hacer. Pero casi dos tercios de los chilenos enviaron una señal de que no quieren poner en riesgo esa promesa. Es probable que todavía quieran una constitución nueva, pero lo que quieren es socialdemocracia, tal vez incluso socialdemocracia cristiana. Lo que decididamente no quieren, como mostraron este mes, es una revolución.

*Jorge G. Castañeda, ex ministro de asuntos exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).

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