Tegucigalpa, Honduras.- Aunque desde el Congreso Nacional ya eliminaron algunas normativas que blindaban y protegían diputados y exfuncionarios, todavía falta derogar el decreto 117-2019, 04-2022 y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, para que se instale la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad (CICIH) en el país y, de esa manera, cuente con toda la capacidad de investigar y presentar casos de corrupción ante el Poder Judicial.
Por ejemplo, con la aprobación del decreto 117-2019, en la anterior administración nacionalista, bajo el mando de Mauricio Oliva, se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en la que, de manera literal, se estableció que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones o conductas que se deriven de sus funciones como legisladores o “padres de la patria”.
De igual manera, esta normativa establece que, el Congreso Nacional es el único órgano competente que debe conocer, analizar y valorar cada caso en concreto y, en consecuencia, establecer las sanciones respectivas, dejando de lado las investigaciones que el Ministerio Público (MP) y la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puedan presentar en el futuro.
NUEVO PACTO DE IMPUNIDAD
En tanto, el decreto 04-2022, perteneciente a la Ley de Amnistía Política, fue aprobado en enero de 2022, bajo la promesa de permitirle el retorno a personas que fueron exiliadas del país por oponerse al golpe de Estado de 2009 contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Sin embargo, amparados en este decreto, varios exfuncionarios que estaban privados de su libertad por la comisión de delitos contra la administración pública, no sólo en la administración de Zelaya, cobraron su libertad y, algunos, ostentan altos cargos en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Entre los delitos que se están perdonando, gracias a este pacto de impunidad del actual gobierno, figuran: abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración públicos, entre otros.
Por ejemplo, uno de los principales beneficiados con ese pacto de impunidad, es el actual asesor presidencial Enrique Flores Lanza, que también fue funcionario en el gobierno de Zelaya Rosales y fue salpicado por la posible comisión del delito de corrupción, pero tras la publicación de dicho decreto en La Gaceta, retornó al país para sumarse al poder que ostenta Xiomara Castro.
A Flores Lanza el Ministerio Público lo acusó en 2014 por cometer el delito de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, para sustraer dinero de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), en 2009, último año que ostentó el poder de la mano de Zelaya.
Además, de acuerdo con el ente investigativo, Lanza sacó unos 10 millones de lempiras en “carretillas” del Banco Central de Honduras, bajo el objetivo de financiar la cuarta urna que, en aquél entonces, promovió el expresidente Zelaya para lograr su reelección presidencial.
Lanza, en plana defensa propia, argumentó que ese dinero fue destinado a varias instituciones del Estado y que, dichas acusaciones del Ministerio Público, eran parte de un plan orquestado en contra de los exfuncionarios que figuraron en el gobierno del ahora asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales.
De igual interés: Luis Javier Santos urge a la Corte resolver recursos de inconstitucionalidad de decretos que protegen corruptos
LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ: ARCHIVADA
La Ley de Colaboración Eficaz, que fue presentada el pasado 15 de noviembre de 2022, en el Congreso Nacional y fue discutida en un primer debate, pero se mantiene archivada, busca regular las reglas y procedimientos para la aplicación de beneficios que el Estado establecerá a personas que den información y evidencias para la eficacia de la investigación penal.
Dicha ley será el instrumento que podrá contribuir en las investigaciones con la finalidad de desintegrar grupos dedicados al crimen organizado, es decir, con la aprobación de esta normativa, cualquier integrante de las maras y pandillas capturados y procesados, tendrían, por derecho, que cooperar con el ente investigativo, a cambio de algunos beneficios, como ser, reducción de pena o libertad condicional.
Tras cooperar con la justicia como colaborador eficaz, el beneficio que obtenga se regirá dependiendo del delito por el que paga una condena y que posición tiene en el interior de la mara o pandilla, pero no sólo por haber colaborado con la justicia quedará absolutamente libre de responsabilidades.
La derogación de estos decretos faltantes y aprobación de dicha ley, ha sido tema de debate entre los diputados de las distintas bancadas del Congreso Nacional. La oposición opina que el gobierno no permitirá una CICIH que investigue casos de corrupción actuales.
Mientras, desde el oficialismo mantienen que, los diputados del Partido Nacional, no quieren derogar esta serie de decretos porque se pueden revivir casos de corrupción que presentó la extinta Misión de Apoyo Contra la Impunidad (MACCIH), mientras estuvo en Honduras (2016-2020).
PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA CICIH
Aunque falta la derogación de los decretos y aprobación de la ley mencionada, el Congreso Nacional entre junio y principios de agosto de 2023, avanzó, en cumplimiento a lo que establece el memorándum de entendimiento firmado entre Honduras y la ONU en diciembre de 2022, con la eliminación de la normativa 116-2019, 57-2020 y 93-2021.
En la sesión del 12 de julio de 2023, el Congreso con 111 votos a favor, derogó el decreto 57-2020 y reformó el 93-2021, de esa manera, cumpliendo con que manda el memorándum de entendimiento entre Honduras y la ONU.
Por ejemplo, la normativa 93-2021, que era una reforma en los artículos de la Ley de Lavado de Activos y el Código Penal, tenía la finalidad de ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos relacionados al blanqueo de dinero.
Además, este decreto, de manera literal, la daba un espaldarazo al Ministerio Público pidiendo que, a través de sus investigaciones, demostrar que el dinero del funcionario o diputado salpicado, provenía de actos ilícitos, de lo contrario el caso no procedía.
De igual forma, un grupo de expertos de la Organización de las Nacional Unidas (ONU) anda en su segunda visita consecutiva en el territorio hondureño, con el afán de observar y diagnosticar como está el escenario para la posible instalación de la misión anticorrupción en suelo centroamericano.
“Recibimos al equipo de expertos de la ONU para implementación de la CICIH en su segunda visita al país, quienes llevarán a cabo una seria de encuentros con instituciones de gobierno, judiciales, académicas y de sociedad civil”, precisó el canciller hondureño, Enrique Reina.
Agregó que “la instrucción es clara de la presidenta Castro, como lo ha mencionado ella personalmente; la instrucción es concluir con el convenio para la instalación de la CICIH en este año, algo que hemos hecho saber a los expertos de la ONU”.
