La derogación del decreto 116-2019 es una de las sugerencias de Naciones Unidas para el establecimiento de un mecanismo anticorrupción en Honduras. La eliminación de esta normativa se encuentra en el memorándum de entendimiento en el numeral 6 inciso D
Tegucigalpa, Honduras. -Con 82 votos el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019 conocido como “Fondo Departamental”, sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de la mayoría de la bancada nacionalista.
El decreto ha servido para blindar a diputados, exdiputados, a las corporaciones municipales, a las instituciones públicas y descentralizadas, y a las oenegés a recibir fondos del Poder Ejecutivo para realizar proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales.
Dicho decreto obstaculizó al Ministerio Público ejercer acción penal contra funcionarios y congresistas. Un ejemplo de la estela de impunidad que es el denominado caso Red de Diputados, en el cual estuvieron involucrados el actual diputado por el Partido Nacional, Alberto Chedrani y los excongresistas José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino y cuatro empleados de una ONG y cinco particulares.
La derogatoria del decreto 116-2019 fue una de las sugerencias de Naciones Unidas estampada en el memorándum de entendimiento firmado el 15 de diciembre de 2022 por el organismo internacional y el gobierno de Honduras, para una posible instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
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¿SE NECESITABAN 86 VOTOS?
El diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas, explicó que la derogación del decreto 116-2019 se debe hacer con el voto favorable de 86 votos, es decir, mayoría calificada.
Rivera, quien votó en contra de la abrogación de dicha normativa, puntualizó que en su momento la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo declaró como un decreto “constitucional”.
“Lo que están haciendo es un show político, no lo derogaron, no llegaron a los 86 votos. El decreto claramente dice que para reformarlo o derogarlo requiere mayoría calificada”, dijo a medios de comunicación.
Por otro lado, el III vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rasel Tomé, explicó que la abrogación del decreto 116-2019 se hizo conforme al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Dicho artículo dice textualmente que “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por la mitad más uno de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la República y la Ley”.
En ese sentido, Tomé detalló que durante la sesión del miércoles 3 de agosto contó con la presencia de 112 diputados y conforme a la Constitución de la República y el artículo 69 de la ley orgánica sólo necesitaban la mayoría de los presentes.
“Estábamos 112 congresistas, entonces con 57 se aprobaba y votamos 82 derogando el Pacto de Impunidad, los derrotamos con todas sus trampas”, escribió en Twitter el legislador.
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DEROGACIÓN DEL DECRETO 116-2019 PODRÍA REABRIR CASOS DE CORRUPCIÓN
El exintegrante de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Alex Navas, precisó que al abrogar el decreto 116-2019, se puede reabrir el caso “Red de Diputados”.
En una conversación con Criterio.hn explicó que el expediente de este caso fue enviado al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que se realizará una auditoria, es decir, que al eliminar el decreto el Ministerio Público puede pedir la información y “si continúan los presupuestos penales puede perfectamente presentar una continuación del juicio”, lo anterior solo en caso que no exista un sobreseimiento definitivo.
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APLAUDEN ABROGACIÓN DEL PACTO DE IMPUNIDAD
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo que la derogación del decreto 116-2019 representa un gran paso en la lucha contra la Corrupción.
En Twitter escribió que espera que el nuevo fiscal general “apoye y fortalezca las unidades anticorrupción, facilitando el recurso humano idóneo y necesario para judicializar los casos en investigación y reabrir los que se encuentran archivados en el Tribunal Superior de Cuentas”.
En esa misma red social, se pronunció el exsecretario de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Edmundo Orellana, señalando que con la derogación del decreto 116-2019 se “socavan las bases del muro de impunidad construido en la narco-dictadura”.
