La derogación del decreto 116-2019 deja la posibilidad de abrir causas penales en casos donde se haya otorgado un sobreseimiento provisional, no un sobreseimiento definitivo
Tegucigalpa, Honduras. -Con la derogación del decreto 116-2019 el Ministerio Público podrá emitir requerimientos fiscales contra legisladores, exdiputados, y exfuncionarios del Estado que han sido acusados de malversar fondos que debían ser destinados para realizar proyectos de orden social.
En octubre de 2019, el Congreso Nacional presidido por Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022) aprobó la aprobó la Ley Especial del Fondo Departamental, mismo con el que se entregaba fondos
Dicho decreto obstaculizó las acciones del Ministerio Público para requerir instituciones públicas del Estado, descentralizadas, alcaldías, Congreso Nacional y oenegés que cometan actos ilícitos en la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos. Además, faculto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para auditar la liquidación de estos fondos.
Acción que contraría lo que manda la Constitución de la República en su artículo 232, ya que dicho decreto le otorga al Tribunal Superior de Cuentas atribuciones que sólo le corresponden al Ministerio Público.
La aprobación de este decreto dejó como resultado impunidad en el manejo irregular de fondos, un ejemplo es el denominado caso Red de Diputados, en el cual estuvieron involucrados el actual diputado por el Partido Nacional, Alberto Chedrani y los excongresistas José Oswaldo Ramos Soto, Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas y Rodimiro Mejía Merino y cuatro empleados de una ONG y cinco particulares.
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DECRETO 116-2019 IMPIDIÓ AL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGAR
El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, dijo a Criterio.hn que, con la derogación del decreto 116-2019 se ha devuelto la facultad al Ministerio Público para que pueda presentar requerimientos fiscales o acusaciones contra exdiputados, legisladores y contrato funcionarios.
“Cuando estaba vigente que el decreto 116-2019 le quitaba esa facultad al Ministerio Público, es decir que la Fiscalía no podía acusar directamente, sino que tenía que esperar un informe que tenía que dar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC)”, manifestó.
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FISCALÍA DEBE ACTUAR CON CELERIDAD EN CASOS DE MALVERSACIÓN DE FONDOS
Para el abogado penalista, Raúl Paniagua, el Ministerio Público debe proceder a presentar acusaciones penales o reabrir aquellas causas donde se otorgó un sobreseimiento provisional.
El profesional del derecho precisó que, la fiscalía debe analizar sí en la Corte de Apelaciones existe algún tipo de expediente abierto en la cual se podría revocar o cambiar una resolución para decretar lo que es el sobreseimiento definitivo y prosiga el proceso penal.
Seguidamente explicó a Criterio.hn que, en el sobreseimiento provisional el ente acusador del Estado tiene cinco años para presentar acusaciones penales, mediante pruebas para determinar que todavía hay elementos probatorios para reabrir un caso o una acusación penal donde fue otorgado un sobreseimiento provisional.
Agregó que “el sobreseimiento provisional se otorga cuando las pruebas presentadas no son contundentes y este procede cuando no resulta debidamente justificada la comisión del delito que haya motivado la formación de la causa”.
“El Ministerio Público debería actuar con celeridad para que ciertos casos no prescriban. Creo que la fiscalía hace proyecciones a futuro, y deberían tener en cuenta que en algún momento ese decreto iba a ser derogado y para ese tiempo ya deberían de existir una serie de investigaciones”, puntualizó.
En esa misma línea de pensamiento, se expresó el diputado del Partido Libre, Ramón Barrios, al señalar que la fiscalía puede abrir todos los expedientes que estaban archivados, pero sobre todo los que fueron sobreseídos provisionalmente.
Barrios externó que el Ministerio Público no tiene ninguna excusa ni obstáculos para presentar requerimientos fiscales contra diputados, excongresistas y funcionarios que malversaron fondos públicos.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aseveró que con la derogación del decreto 116-2019 el Ministerio Público tiene el “camino libre” para actuar contra la corrupción y la impunidad.
Desde su cuenta de Twitter el jefe del Poder Legislativo declaró que “si algún juez o abogado defensor pretenden no acatar la derogación, que los fiscales presenten sin demora un control difuso de constitucionalidad, ya que el juez o magistrado está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
FONDO DEPARTAMENTAL SIGUE VIGENTE
El abogado penalista, Raúl Paniagua, señaló que al suprimir el decreto 116-2019 es un avance en la lucha contra la corrupción, aunque este continúa vigente en el artículo 81-A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que tiene un origen en el decreto 156-2018, donde en el artículo 81 se le hace un agregado una reforma por adición donde se crea el Fondo Social Departamental.
Detalló que lo que se derogó es la limitante para que el Ministerio Público realizará investigaciones y requerimientos fiscales, “porque ese mismo decreto 116-2019 en el artículo 16 determinaba que quedaban en suspenso todas aquellas investigaciones civiles penales administrativas mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
DEROGACIÓN DEL DECRETO 116-2019
El pasado 2 de agosto, el Congreso Nacional derogó el decreto 116-2019 conocido como “Fondo Departamental”, sin embargo, la iniciativa no contó con el apoyo de la bancada nacionalista.
El decreto ha servido para blindar a diputados, exdiputados; corporaciones municipales; instituciones públicas y descentralizadas, y a las oenegés a recibir fondos del Poder Ejecutivo para realizar proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales.
