Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Frescas están aún las imágenes en el Congreso Nacional con el alboroto de los diputados por querer entrarle a la depuración de los llamados cuerpos operadores de justicia: Ministerio Público, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional.
El crimen de los estudiantes universitarios, fue el escenario propicio que jugó a esas reformas depuradoras que demandaba la ciudadanía, a quien como siempre, le dieron confites, nombres rimbombantes de cambio, mientras en la práctica se ejecutaba una operación de limpieza a los acomodos del partido en el poder y del poder mismo. Las elites imponían su juego.
Se sacudieron así a incómodos magistrados de la Sala Constitucional en lo que fue un golpe a la institucionalidad, el segundo después de la asonada al ex presidente Zelaya. Siguieron en esa escalada, la salida forzada del entonces fiscal general y su adjunto.
Los diputados, lúcidos y comprometidos como nunca y como siempre, fijaron incluso una ruta de medición de resultados en donde los operadores de justicia serían sometidos a su ojo crítico, pues debían rendir cuentas al pleno cada dos meses o algo por el estilo, no recuerdo bien, porque el entusiasmo era demasiado contagioso.
Para volarse al entonces fiscal general y adjunto jugaron con las mismas armas de la fiscalía que en un informe dijo que casi el 95% de los casos que llegan a esa dependencia quedan impunes por diversas limitaciones: presupuestarias, logísticas, humanas, colusión, otras.
Ese dato impactó a los legisladores y a las instancias civiles que acompañaban las reformas en seguridad, sin acordarse de que eran los mismos que se venían dando casi todos los años en los informes anuales en el congreso. Solo que en ese entonces no incomodaban ni asustaban porque nadie estaba indignado con las entonces autoridades fiscales, a excepción de las víctimas de la impunidad que no siempre tienen voz en Honduras.
Hoy con nuevos fiscales y una nueva Sala Constitucional dizque comprometida con la justicia y la institucionalidad, los niveles de impunidad están casi intactos y fiscalías especiales como la de derechos humanos ya ni voz tienen y los crímenes emblemáticos incluyendo los de sus propios fiscales, siguen cayendo en la red de los delitos ignorados.
Los confites dados a la sociedad civil que demandaba cambios de forma y fondo fueron la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) para entrar de lleno a la reforma policial al salir a la luz pública una pudrición de corrupción y criminalidad organizada cuya limpieza o no termina o nunca empezó o se encuentra a medias sin hallar el “campeón” de la depuración.
El otro dulce fue la Comisión de Reforma para la Seguridad Pública, que fue desarticulada rápidamente luego de sendas propuestas de leyes e iniciativas reformadoras que terminaron incomodando al poder político que no dudó en eliminarla de tajo bajo su óptica de “medición” de resultados.
Ahora la existencia de la DIECP parece tener las horas contadas con el nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional enviado por el poder ejecutivo al Congreso, en el cual se concentran poderes en la figura del director de la Policía Nacional para “depurar” a discreción e incluso algunos diputados revelaron que los policías quieren crear un fuero policial para juzgar a sus elementos sin tener que ir a los tribunales civiles. Eso se llama impunidad.
Esta última idea si bien no está plasmada en el documento de proyecto, ha tenido conversaciones off te record con los parlamentarios, reveló uno de ellos a un noticiero televisivo e incluso trascendió que intentaran introducir esa reforma en la discusión de los debates, así como hicieron con la ley de secretos oficiales que nadie se dio cuenta cuando se aprobó.
Las nuevas autoridades de la DIECP revelaron que más de mil uniformados policiales, entre preventivos, oficiales de alto rango y dos comisionados generales, no pasaron las pruebas de confianza y se les presume implicados en algunos ilícitos, pero nadie los tocó, continuaron en la policía como si nada había sucedido. Los titulares de Seguridad que antecedieron al actual conocieron esos hechos pero optaron por guardar silencio. Sepa usted que pasó.
Resulta irónico que el titular del Ejecutivo sea quien ahora—dos años después—envíe una propuesta de contrarreforma a la reforma que él mismo promovió, empujó y hasta “encadenó” cuando se encontraba al frente de la titularidad del Legislativo.
Parece que nos aprestamos a vivir historias pasadas con retrocesos de siempre, mismos actores, mismos escenarios pero con distractores distintos en los llamados juegos del hambre.
