Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) debió iniciar hace meses investigaciones relacionadas con las reiteradas denuncias públicas de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, que señalan a actuales miembros de la cúpula de la Policía Nacional, así como a oficiales recientemente ascendidos por el Congreso Nacional, por supuestos vínculos con el crimen organizado, según la opinión de un analista.
“La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, lleva meses denunciando públicamente la presencia de criminales infiltrados en la Policía, incluyendo a miembros de la cúpula. Ahora, ha señalado que entre los ascendidos por el Congreso también hay personas vinculadas a actos ilícitos. Por la magnitud de estas denuncias, la Fiscalía debió actuar de forma inmediata y citarla para obtener las evidencias necesarias”, opinó el criminólogo Gonzalo Sánchez.
Sánchez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),añadió que la doctora Villanueva, en lugar de limitarse a revelar supuestos delitos cometidos por policías sin presentar pruebas, debería entregarlas al Ministerio Público.
Según el criminólogo, si las evidencias son tan contundentes como asegura, ya deberían haberse emitido requerimientos fiscales.
“Históricamente, se ha denunciado la presencia de criminales dentro de la institución policial y la infiltración del crimen organizado, pero nunca se han formalizado denuncias. Es cierto que ha habido capturas de agentes, pero la mayoría han sido arrestados en flagrancia, no como resultado de investigaciones
Lo señalado por Sánchez cobra relevancia en el contexto hondureño, donde durante años se ha denunciado la existencia de policías vinculados con agrupaciones criminales y redes de narcotráfico. Según estas denuncias, algunos uniformados habrían alcanzado posiciones de mando gracias a sus conexiones con estructuras delictivas. Sin embargo, pocas veces un exdirector o secretario de Seguridad denunciado ha sido procesado judicialmente.
Un ejemplo de esta impunidad es el caso del exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien fue denunciado en Honduras por colaborar con el narcotráfico, pero nunca enfrentó un requerimiento fiscal en el país. Contrariamente, la justicia de Estados Unidos lo procesó y condenó por utilizar su cargo como pieza clave en actividades criminales, reflejando la inacción local frente a estas denuncias.
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La reacción de Gonzalo Sánchez surge tras las recientes declaraciones de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien hace un par de semanas denunció que algunos de los elementos policiales ascendidos por el Congreso Nacional en la sesión del 21 de noviembre de 2024 han sido implicados en actos delictivos y vinculados a grupos criminales.
Además, Villanueva lleva varios meses señalando que la actual cúpula policial estaría ligada al crimen organizado, pero sus acusaciones no han sido respaldadas con argumentos sólidos que puedan servir como evidencia.
Esto ocurre en un contexto donde el Ministerio Público, liderado por el fiscal general Johel Zelaya, impuesto por el oficialismo mediante negociaciones en el Poder Legislativo, no ha tomado acciones contra ningún integrante de la cúpula policial.
“¿Hasta cuándo el Congreso Nacional dejará de aprobar ascensos policiales sin investigar a sus miembros? ¿Acaso no les interesa saber que muchos de esos oficiales de alto rango han participado en actos deshonestos e irregulares y han colaborado con el crimen organizado?”, cuestionó la funcionaria, sin ahondar en detalles de qué elementos policiales son los que tienen esos estrechos vínculos.
Aunque no existen pruebas públicas que respalden sus acusaciones, la denuncia de Villanueva podría tener fundamento. Por ejemplo, el 2 de diciembre, el medio Reportar Sin Miedo informó que el comisionado David Leonardo OrtegaPagoaga supuestamente estuvo implicado en el asesinato del general Julián Arístides González, conocido como “El Zar Antidrogas”, ocurrido en 2009.
Debido a esto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, aseguró que presentará una moción para que la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, sea interpelada en el Congreso Nacional para que presente las evidencias que vinculan a las autoridades policiales con el crimen organizado.
“Como diputada me preocupa lo declarado por la subsecretaria de Seguridad, que hace cuestionamientos serios a la estructura de la Policía Nacional. Es importante que venga al Congreso Nacional y que presente las evidencias, ya que es importante hablar de un proceso de depuración en las filas de las fuerzas de seguridad públicas del país”, dijo en medios de comunicación Mena.
Precisamente, este martes tres de noviembre, Julissa Villanueva llegó hasta el Congreso Nacional acompañada de algunos diputados del Partido Salvador de Honduras para presentar las evidencias sobre los señalamientos que ha realizado.
Al llegar a las instalaciones del Poder Lagislativo, la seguridad privada no permitía el ingreso de la funcionaria, por lo que tuvo que intervenir el diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino. Foto: redes sociales
