Asociaciones campesinas del Aguán se trasladaron, este miércoles 11 de enero, hasta las oficinas del Ministerio Público en la capital hondureña para denunciar la violencia que viven a manos de grupos agroindustriales como Corporación Dinant
Tegucigalpa.- A menos de 72 horas del asesinato de dos defensores del río Guapinol en Tocoa y pese a la ampliación del estado de excepción al departamento de Colón, defensores y organizaciones campesinas denunciaron la violencia ejercida y amenazas vertidas contra las y los campesinos que integran la Cooperativa Agropecuaria El Chile.
Los hechos habrían ocurrido el lunes 9 de enero, alrededor de las 2:00 PM, durante un intento de desalojo de unas 190 familias que conforman la comunidad, y en el que habrían participado unos 25 efectivos de la Policía Nacional y guardias de Corporación Dinant, denunció la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.
De acuerdo a información publicada por la Red de Defensoras, al momento en que las y los integrantes de la Cooperativa El Chile solicitaron la orden de desalojo, las fuerzas policiales se negaron a presentarla.
En el altercado una de las partes involucradas, no se tiene claro si agentes policiales o agentes de seguridad privada, habrían comenzado a gritarles: “ladrones, invasores, muertos de hambre”. Acto seguido, se lanzaron bombas lacrimógenas y disparos de balines contra las y los campesinos, lo que provocó que personas de la comunidad fuesen trasladadas al hospital.
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Previo a esta acción policial, según establece la acusación, guardias de Corporación Dinant abrieron una zanja en la entrada de la propiedad, evitando que las familias de la cooperativa ingresaran al territorio que trabajan y defienden.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos alertó que las acciones violentas fueron acompañadas por amenazas, entre las que se incluye que en caso de no salir de la propiedad retornarán. La organización recordó que el Estado es responsable de garantizar la integridad física.
El viernes 6 de enero se amplió el estado de excepción — en tiempo y territorio— bajo el decreto ejecutivo número PCM 01-2023, en el que se incluyen bajo “el resguardo” de esta figura los municipios de Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental y Sonaguera en el departamento de Colón a partir del 6 de enero hasta el 20 de febrero.
Tras el doble asesinato de los defensores de Guapinol, Aly Domínguez y Jairo Bonilla, la Secretaría de Derechos Humanos emitió el comunicado número 1-2023, en el cual estableció: “Ante la persistencia de hechos violentos con armas de fuego en menos de un mes, la Presidencia de la Repúbllica ha ordenado la ampliación del estado de excepción en este departamento, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos […]”.
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ORGANIZACIONES CAMPESINAS SE TRASLADAN A LA CAPITAL DE HONDURAS A DENUNCIAR VIOLENCIA
Este miércoles 11 de enero, las asociaciones campesinas agrupadas en la Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), con el acompañamiento del Bufete Estudios para la Dignidad, se trasladaron desde Colón en el norte de Honduras hasta la capital hondureña.
Las organizaciones llegaron hasta las oficinas del Ministerio Público, donde interpusieron denuncias contra el propietario de Corporación Dinant, Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz, “por ser actor y cómplice de una estructura criminal armada denominada ‘Los Cachos’ que opera en la zona para reprimir y violentar los derechos de los y las campesinas del valle de Aguán”, señalaron a través de un comunicado.
“Nos hemos desplazado hasta este Ministerio Público para elevar la voz ante la ola de violencia que estamos sufriendo en el Valle del Aguán por parte de Corporación Dinant y su ejecutivo Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saenz. Estamos aquí para elevar la voz ante la ola de violencia contra el sector campesino y especialmente en contra de la Cooperativa Agropecuaria Chile Limitada”, afirmó el vocero de la Plataforma Agraria del Aguán y COPA, Yoni Rivas.
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El abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, manifestó que desde hace un año forman parte en la construcción de los argumentos existentes para denunciar la usurpación de tierras en el Valle del Aguán por parte de grupos agroindustriales, particularmente Corporación Dinant.
“Hemos construido los argumentos y se los hemos planteado a la nueva administración del Estado, al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en el marco de un convenio que se ha suscrito con ellos. Hemos avanzado sustancialmente en establecer sólidamente que las tierras del Valle del Aguán son de las familias campesinas y que han sido usurpadas mediante actos de corrupción y de violencia por actores económicos como la empresa Dinant”, sostuvo Fernández en la conferencia de prensa.
El profesional del derecho apuntó: “Hay una idea en el mundo que con el cambio de gobierno han cambiado las circunstancias, las condiciones de lucha, pero la violencia sigue instalada. Los actores de la corrupción y la violencia en el Valle del Aguán y en el país, siguen operando. Por eso vale este reclamo, esta petición enfática que estamos haciendo a la administración del Estado, que asuma sus obligaciones, las obligaciones que siempre tiene el Estado, pero que particularmente tiene la actual administración del Estado, que asumió el poder bajo un gran compromiso con el pueblo”.
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