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Denuncian tortura a privadas de libertad en Centro Femenino de Adaptación Social

Denuncian tortura a privadas de libertad

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Por: Redacción CRITERIO.HN

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Tegucigalpa. – Una vez más organizaciones de derechos humanos denuncian la práctica sistemática de la tortura en las instalaciones del Centro Femenino de Adaptación Social (CEFAS), localizado en el valle de Támara, a unos 20 kilómetros al norte de la capital.

La acusación trascendió como parte de las violaciones de derechos humanos contra privados de libertad en centros penitenciarios del país, donde la sangre seguirá corriendo por  la inoperancia de sus autoridades.

Las condiciones en las cárceles del país, de por sí ya deterioradas, empeoraron durante la pandemia de Covid-19 al quedar en suspenso las visitas de familiares y aunque el gobierno es el responsable directo de la vida de las personas privadas de libertad, 54 reclusos/as fueron asesinadas en el período.

En octubre pasado 117 organizaciones que defienden la vida presentaron en Ginebra, Suiza, el informe alternativo para el Examen Periódico Universal de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, denunciando las condiciones de desigualdad social, aumento de casos de tortura, abusos contra la niñez, juventud, discapacidad, mujeres, poblaciones indígenas, LGBTI, migrantes, defensores y defensoras, entre otros.

Situaciones corroboradas este día por el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT) que en un comunicado denunció el caso de dos reclusas, no identificadas, sometidas a torturadas en un área destinada para tal fin dentro de las instalaciones del CEFAS.

El ingreso de armas, drogas, teléfonos celulares y armas se da en cárceles con la colusión de mandos penitenciarios y de custodios, y denota que ni la administración del Instituto Nacional Penitenciario ni los anillos militares han sido capaces de cambiar esa historia.

Glenda Ayala, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención en Honduras, (CONAPREV), sostuvo que la denuncia fue recibida de parte familiares de las dos privadas de libertad recluidas en el CEFAS.

A raíz del reclamo autoridades del CONAPREV y del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura visitaron en más de dos ocasiones el área denominada La Plancha, donde al parecer dos privadas de libertad en estado de embarazo han estado siendo sometidas a torturas y tratos crueles prohibidos por la Constitución de la República y en tratados y convenios internacionales que han sido suscritos por el país.

El CONAPREV, “como órgano de control y prevención de la tortura ha emitido recomendaciones para que a las víctimas se les apliquen principios y tratados internacionales que obligan al Estado de Honduras a prevenir el trato diferenciado que deben darse a las mujeres privadas de libertad, sobre todo a estas mujeres que están en condición especial de embarazo”, puntualizó la funcionaria.

Una de las situaciones graves es que la zona de la Plancha no reúne condiciones de confinamiento para personas privadas de libertad, no tiene luz natural y usualmente era utilizada para castigar a la persona privada de libertad que cometía algún hecho dentro de la prisión.

Se han solicitado exámenes psicológicos y físicos para determinar el daño y las autoridades están obligadas a buscar un lugar adecuado para su confinamiento.

En septiembre pasado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresan su preocupación por la crisis en el sistema penitenciario en Honduras debido a la profundización de deficiencias estructurales, especialmente en materia de salud y seguridad, exacerbadas en el marco de la pandemia del COVID-19.

Asimismo, manifestaron con preocupación la extensión del periodo de intervención del sistema penitenciario nacional por parte de la Comisión Interventora de la Fuerza de Seguridad Institucional (FUSINA).

Según INP, al 31 de agosto del 2020 la población carcelaria ascendía a 21,670, de las cuales mil 193 son mujeres. Un año antes la población penitenciaria nacional era de 21,589 personas, por lo que no ha habido un cambio significativo en el número de privados de libertad.

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