Cuatro años después del ataque que dejó víctimas fatales y heridos de gravedad, la OACNUDH y la representación legal de los afectados alertan sobre patrón recurrente de impunidad en casos que involucran a fuerzas del Estado
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresó preocupación por lo que denominó retrasos injustificados en la investigación. Indicando, además, que la “inacción refleja un patrón recurrente en los casos que involucran a fuerzas de seguridad y constituye un incumplimiento grave de la obligación estatal de investigar, sancionar y reparar violaciones de derechos humanos”.
El profesional del derecho afirmó que, tras los análisis sobre la implicación directa en el caso, es evidente que existió autorización de los mandos militares para efectuar los disparos, tanto de la fuerza naval como aérea y terrestre. Por lo que, corresponde imputar responsabilidad a quienes participaron y autorizaron la operación.
Fernández apuntó que desconocen el posicionamiento de las Fuerzas Armadas, aunque fiscales y agentes de investigación indicaron que la institución castrense se resistió inicialmente a remitir los requerimientos planteados desde el Ministerio Público. Si bien finalmente enviaron el informe sobre los participantes en la operación y la dinámica en la que según ellos se dieron los hechos, no descartan que inicialmente se intervino la comunidad por la entidad castrense con el objetivo de librar de responsabilidad a sus miembros.
Conozca más: En impunidad permanece caso de misquitos abatidos por las FF. AA. en Ibans, Gracias a Dios
Esta no es la primera vez que civiles mueren durante una operación “antidrogas” en Gracias a Dios. En mayo de 2012, durante una operación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en conjunto con fuerzas del Estado de Honduras, cuatro personas murieron e igual número resultaron heridos mientras se transportaban en un taxi acuático.
En agosto de 2017, el New York Times obtuvo mediante el Acta de Libertad de Información el video que desmintió la versión de la DEA, agencia que sostuvo que quienes iban a bordo del taxi acuático fueron quienes abrieron fuego en su contra. La grabación mostró que los disparos provenían del helicóptero y la canoa en las que se transportaban tanto agentes de la DEA como fuerzas estatales de Honduras.
El abogado Víctor Fernández señaló que los ataques contra la población civil en La Moskitia se repiten porque es una zona donde predomina la ley del más fuerte. La fuerza estatal –policías y militares– actúa a menudo al margen de la legalidad, y junto otros grupos fuera del Estado, crea un entorno donde los agresores quedan impunes y la población sufre sin protección.
Muestra de esta realidad es el desplazamiento forzado que viven las comunidades predominantemente indígenas a causa del narcotráfico, la ganadería y agricultura extensiva, así como la ocupación de colonos, señaló el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad.
