Policía y militares acompañaron a los taladores al cerro Los Hornillos, donde la comunidad maya chortí mantiene un campamento para proteger sus fuentes de agua y frenar la expansión de la mina San Andrés, que ya destruyó el camposanto pese a resolución de la Sala de lo Constitucional.
Tegucigalpa, Honduras. –– Organizaciones denuncian que cuerpos armados del Estado acompañaron a taladores al cerro Los Hornillos, en Azacualpa, La Unión, Copán. La comunidad indígena maya chortí, que se opone a la expansión minera, considera la zona la última barrera entre la mina a cielo abierto San Andrés y el poblado.
Desde ACI Participa señalaron que la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), hoy filial en Honduras de Aura Minerals, tiene más de 20 años desplazando a comunidades y destruyendo cementerios, por lo que en noviembre de 2024, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas admitió la denuncia del pueblo maya chortí.
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Lestter Castro, abogado e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), explicó a Criterio.hn que el jueves, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a bordo de cuatro patrullas, acompañaron a taladores, presuntamente enviados por la empresa minera.
El histórico cementerio maya chortí de San Andrés fue destruido como resultado de la expansión de Aura Minerals en Azacualpa, pese a dos sentencias judiciales que dictaban la preservación del camposanto, y que fueron emitidas por la Sala de lo Constitucionaly la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán.
En 2025, el Instituto de Conservación Forestal (ICF), dirigido en ese momento por Luis Soliz, autorizó mediante la resolución No.DE-DE-002-2025 un plan de salvamento que permite el corte de 6,093 árboles en el área denominada como “La Bufa”, de aproximadamente 41.39 hectáreas y con vigencia entre el 24 de enero al 24 de julio de 2025.
La población afectada afirmó que no fue consultada y, además de denunciar el hecho instaló el Campamento Digno por el Agua y por la Vida para proteger sus fuentes hidrícas y resguardar el cerro que –según Castro– funciona como barrera entre las operaciones mineras y Azacualpa.
Castro añadió que, como representantes legales de los afectados, solicitaron al ICF la impugnación del plan de salvamento, pero fue declarada sin lugar. También interpusieron acciones contra el licenciamiento ambiental ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) y el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
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En el marco de la denuncia contra el Estado de Honduras ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por el pueblo indígena maya chortí, el profesional del derecho instó al “Estado, a través de sus diferentes instituciones, a abstenerse de seguir profundizando violaciones de derechos ya denunciados internacionalmente”.
La semana pasada, colectivos ambientalistas y comunitarios exigieron en Guatemala frenar la impunidad y los privilegios en la mina Cerro Blanco, rebautizada como Era Dorada y adquirida en 2024 por la transnacional Aura Minerals. Advirtieron que sus operaciones amenazan una cuenca transfronteriza en la zona del trifinio en el norte de Centroamérica.
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