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El fin de semana dos militares acusados de tratos crueles contra privados de libertad recibieron medidas distintas a la prisión
Tegucigalpa. -Defensores de los derechos de las personas privadas de libertad denuncian que los tratos crueles y degradantes contra esta población continúan registrándose en los centros penales y cuestionan el otorgamiento de medidas distintas a la prisión para militares acusados de tortura en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto”.
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Las reacciones de diferentes sectores surgen luego que del pasado fin de semana se diera a conocer la captura de dos altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que fungieron como director y subdirector de la Penitenciaría Nacional, quienes están siendo acusados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, tortura y lesiones contra varios privados de libertad.
El fin de semana el Juzgado de Letras de lo Penal dictó medidas sustitutivas distintas a la prisión para el coronel Mariano Obdulio Pacheco y el teniente coronel Ewart Arnaldo Padilla. La audiencia inicial, para estos militares que han sido beneficiados con no ir a prisión, fue programada para el viernes 1 de julio del presente año.
La representante del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de la Tortura (CPTRT), Alba López denunció a Criterio.hn que las torturas a los privados de libertad son constante y permanentes y que la mayoría de los privados de libertad sufren de malos tratos.
“El problema de la comunidad penitenciaria es grave, el Estado debe de actuar y debe aplicar medidas” expuso.
Con respecto a la captura de los oficiales acusados de torturar a privados de libertad, López es del criterio que se debe castigar porque de no ser así, los problemas y el maltrato a los privados de libertad va a continuar como ha sido históricamente en Honduras.
Dijo no estar de acuerdo con las medidas sustitutivas que les dieron a los militares, “creo que se les tuvo que haber aplicado todo el peso de la ley, la tortura es condenable, es un delito y el problema que se da con la tortura es que en algunos casos la aplauden”.
La defensora de los derechos humanos lamenta que Honduras siga experimentando la aplicación de una justicia selectiva.
A pesar que la presidenta Xiomara Castro en su discurso, cuando asumió el poder el pasado 27 de enero, ordenó la desmilitarización de los centros penales con la finalidad de frenar la violencia a lo interno de los mismos y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, esto no se ha cumplido hasta la fecha.
La presidenta de la Asociación de Privados de Libertad (Asocidepl), Delma Ordóñez, manifestó a Criterio.hn que hay algunos Centros Penales en el país que continúan siendo dirigidos por miembros de las Fuerzas Armadas y que en los centros de reclusión se siguen registrando tratos crueles hacia los familiares de los privados y hacia los propios privados de libertad.
Criterio.hn buscó una entrevista con la titular de la secretaría de los derechos humanos, Natalie Roque, para conocer su postura sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios y sobre las medidas sustitutivas a favor de dos militares acusados por tratos crueles contra los privados de libertad y no se obtuvo ninguna respuesta.
Según la presidenta de Asocidepl, los hechos de tortura se vienen denunciando desde el inicio de la pandemia de la covid-19 y que estos se han denunciado ante el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Delma Ordóñez asegura que las violaciones a derechos humanos y los actos de violencia en general dentro de las cárceles de Honduras se han producido cuando estas están bajo la dirección de los militares.
Ordoñez dice que desde que fueron nombrados como directores los militares se empezaron a ver tratos crueles, “no solo en este centro se cometen estos actos, (refiriéndose a la Penitenciaría Nacional), también en las cárceles de máxima seguridad como “La Tolva” en Ilama, en Santa Bárbara; “El Pozo”, en Morocelí, El Paraíso; El Porvenir, en Francisco Morazán.
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Según datos oficiales que maneja el Conaprev, las cifras por muertes violentas a nivel nacional en los centros penales establecen que, en el 2020 se registraron 22, en el 2021, 23 y en lo que va del 2022 ya se registran cuatro muertes violentas
A partir de 2019 los centros penales de Honduras comenzaron a ser administrados por los militares, razón por la cual a partir de 2015 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), comenzó a instar al gobierno de Honduras a quitar a los militares de las funciones en las cárceles.
Ordóñez denunció que, en la Penitenciaría Nacional, ubicada en Támara, Francisco Morazán se construyó una celda especial para los privados que cometieran alguna falta o infracción. En la celda, bautizada con el nombre de “La Bestia”, los privados de libertad son castigados y sometidos “como si fueran animales, metidos en unas jaulas como si fuese un zoológico, solo un animal puede estar metido en ese tipo de jaulas”.
La defensora condenó las medidas aplicadas por la justicia en beneficio de los militares. “Esperamos que ellos paguen por todos los delitos que ellos han cometido, así como los privados de libertad están pagando sus delitos. Esperamos que estas personas sean castigadas, si se les llega a comprobar estos hechos”.
En declaraciones a medios el oficial de comunicaciones de las Fuerzas Armadas, el teniente José Coello, manifestó que “en ningún momento se va a tolerar a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que estén al margen de la Ley realizando acciones que vayan en contra de la imagen y el decoro”.
El vocero explicó que la institución tiene sus propios procedimientos internos contemplados en la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas que establece la separación de cargos, luego de un proceso legal.
