Tegucigalpa. – A 24 días del asesinato de Juan López, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) pidió la protección de la familia y compañeros del líder ambiental y regidor de Tocoa, Colón.
Bertha Oliva, coordinadora general del Cofadeh, en conferencia de prensa llamó al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a estar “muy pendiente, preocupado y accionando” protección para su familia y compañeros, quienes corren peligro.
En el comunicado de prensa, Cofadeh detalló que la familia del defensor “está en total desprotección” y que “sus vidas pueden estar en alto grado de peligrosidad”. Instó, además, a las autoridades a no quedarse únicamente en la investigación del caso, sino también prevenir que se repitan los hechos.
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“A Juan no lo mataron porque pegaba gritos, a Juan lo quitaron porque golpeó esa clase económica despiadada, golpeó al gran capital y el gran capital significa lo que está en [el Parque Nacional] Montaña [de Botaderos] Carlos Escaleras”, declaró Oliva.
En la conferencia participaron también Sonia Bustillo, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (Sitrapani); Sergio Rivera, delegado de Poder Popular; y Ruy Díaz, del Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP).
Sergio Rivera remarcó la importancia de una investigación a fondo que devele a los autores intelectuales del crimen. “Mientras los responsables intelectuales de este asesinato estén libres corren peligro las familias y los compañeros de Juan López”
Agregó que reconocen la labor del Ministerio Público en la captura de los supuestos autores materiales, “pero la exigencia es dar con quienes dieron la orden porque esas personas pueden dar la orden de seguir asesinando, y esto no es justicia sino damos con los verdaderos responsables”.
Al finalizar la conferencia, anunciaron que este jueves 10 de octubre a las 10:00 de la mañana realizarán un plantón frente al Ministerio Público, exigiendo justicia y demandando seguridad para la familia de Juan López y sus compañeros defensores.
Tras el asesinato de Juan López, desde distintas entidades se ha realizado un llamado al resguardo de la vida de sus familiares, así como sus compañeras y compañeros que integran el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa (CMDBCPT).
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El pasado domingo 6 de octubre, la Parroquia San Oscar Arnulfo Romero, de la Diócesis de Tocoa, exigió que ante el peligro desencadenado se implementen de forma inmediata medidas “para garantizar la integridad física y la vida de los familiares de nuestro compañero Juan: de las defensoras y defensores, sus familias y las comunidades que defienden los territorios, los bienes comunes y públicos, los DD.HH. y la vida en toda su plenitud”.
López además de sus labores de defensoría ambiental y regidor de la Corporación Municipal de Tocoa, fue delegado de la palabra, coordinó la Pastoral Social Diócesis de Trujillo y fue miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral en Honduras.
Este miércoles, el sacerdote jesuita Ismael Moreno demandó la protección de los ambientalistas que acompañaron la lucha de Juan López, quienes “corren un altísimo peligro para sus vidas y las de sus familias. Demandamos que de parte del Mecanismo de Protección haya acompañamiento cercano, en coordinación con los ambientalistas y sus familias para que se proteja su vida”.
Moreno, quien se dirigió a los medios previo a la audiencia inicial de los tres supuestos autores materiales del asesinato de Juan López, exigió se implemente el decreto 18-2024 y se desmantele el funcionamiento del megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares-Ecotek, del Grupo Emco Holding, en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), el cual coordinaba López, emitió un comunicado el sábado 5 de octubre, en el que advirtió que tanto sus integrantes como su equipo jurídico son víctimas de amenazas, vigilancia y campañas de estigmatización y odio.
Juan López junto a las y los integrantes del CMDBCPT, así como su equipo legal, cuentan con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre del año pasado, sin que a la fecha el estado de Honduras les de cumplimiento.
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Amante de la historia y la lectura, en permanente búsqueda del ritmo en las narrativas. Soy una periodista incisiva, las contradicciones son una invitación a investigar y la normalidad está sobrevalorada. Me rehúso a sobrevivir dentro de los pensamientos erróneos de una sociedad asfixiante. Investigo y construyo reportajes sobre el modelo extractivista y su impacto en los derechos humanos de los pueblos ancestrales, grupos vulnerabilizados y sociedad en general. Ver todas las entradas