Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. -El año pasado más de 23 mil hectáreas forestales del país se hicieron humo en incendios provocados casi siempre por humanos, y en la tala ilegal como una tendencia que se mantiene y que hoy alarma a organizaciones y vecinos de 19 comunidades de Comayagua, La Paz e Intibucá, en la zona central de Honduras, que reclamaron la inoperancia del fiscal del Ambiente del Ministerio Público en Siguatepeque en resolver este caso.
Dirigentes de patronatos, juntas de agua, la iglesia católica local y residentes en un área de la Reserva Biológica de la Cordillera de Montecillos entre estos tres departamentos, llegaron a las oficinas del fiscal del Ambiente de Comayagua, que no procede contra personas particulares que desde hace un año se dedican a talar el bosque del área protegida donde nacen las microcuencas que abastecen de agua a estas 19 comunidades, entre estas la ciudad de Siguatepeque.
Desde el año pasado el caso fue denunciado al Fiscal del Ambiente de asignado en Siguatepeque, Juan José Rubí, sin que hasta la fecha haya procedido conforme a las leyes forestales del país.
La Reserva Biológica Montecillos abarca las microcuencas Puente de Piedra, El Rincón, El Cedral, La Hacienda, Las Canoas, Potrerillos, La Porra y El Achiote, de donde estas poblaciones se abastecen del vital líquido.
Un diagnostico biofísico del área donde se encuentra la quebrada o toma de agua y sus alrededores y otro biofísico que busca, entre otras cosas, identificar la cantidad y calidad del agua, las especies de flora, fauna y las características ecológicas que determinan la rica biodiversidad de la Reserva Biológica Montecillos.
La cantidad y calidad de agua que viene de las montañas de Montecillos depende directamente de la salud y de la respiración de los árboles y plantas de sus bosques, los que a la vez ayudan a retener el agua que cae de la lluvia con lo que se evitan deslaves, derrumbes e inundaciones.
Los bosques y plantas dependen directamente de los animales en su entorno pues son estos los que permiten que las plantas se propaguen y aseguran sus generaciones al dispersar sus frutos, semillas y polen a sitios óptimos; de no existir la fauna, los bosques morirían rápidamente por el simple hecho de que no podría reproducirse de manera efectiva.
La reserva cuenta con una biodiversidad importante en aves, con 123 especies; además de cuatro tipos de anfibios, tres de reptiles, nueve de mamíferos, incluidas tres subfamilias.
Honduras, con una extensión territorial de 112.492 kilómetros cuadrados, anualmente pierde de 60 mil a 65.000 hectáreas de bosque por la tala ilegal y los incendios forestales, según fuentes ambientalistas públicas y privadas.
Cada año el país pierde 2% o hasta 3% de bosque debido al corte ilegal de árboles y las quemas sin control, unas 23 mil hectáreas de acuerdo a un reporte del Consejo Hondureño para la Certificación Forestal Voluntaria del mes de julio de 2019.
Al final de ese año la destrucción de la capa forestal, además de los daños por el gorgojo descortezador del pino, arrasaron con 71.850 hectáreas de bosques y pasto en 1.162 incendios registrados en el país, según datos del Instituto de Conservación Forestal.
En 2020 las lluvias descomunales que dejaron los fenómenos del clima Eta e Iota mostraron la pérdida de capacidad de absorción de agua lluvia del suelo, lo que provocó derrumbes, deslaves e inundaciones, así como destrucción y muertes en casi todo el país.
La zona de reserva forestal donde se realiza la tala ilegal en la cordillera de Montecinos fue inspeccionada el año pasado por unos 400 vecinos, alcaldes, organizaciones de las comunidades junto al fiscal del Ambiente de Siguatepeque asignado al caso, de apellido Rubí, sin que hasta la fecha la tala se haya detenido.
Tiburcio Lara, un defensor de la naturaleza de la localidad, indicó que hace un año interpusieron la demanda por delitos ambientales contra las personas que descombran la montaña.
“El fiscal tiene evidencias como está la tala de árboles para que actuara, y mire cuanto tiempo ha avanzado y no tenemos respuesta, por eso venimos hoy”.
“Ha pasado mucho tiempo en el que se ha ignorado y no se ha atendido a los patronatos, a las juntas de agua y a los miembros de las comunidades a ver qué respuesta nos da y si no, vamos a tomar medidas drásticas, precisó Lara.
Se manejan los nombres de algunas personas que han comprado esos terrenos que son tierras ejidales que pertenecen al municipio de San Isidro, que tiene los títulos de propiedad, además que tampoco pueden ser vendidas por tratarse de una zona de reserva productora de agua.
“Siendo una zona de reserva que abarca los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá porque no le dan seguimiento a eso si lo que más estamos tratando a nivel mundial es el cuido del medio ambiente, de la casa común”, añadió.
Tras una entrevista con la coordinadora local del Ministerio Público, porque el fiscal a cargo no los atendió, esta autoridad se comprometió en que el 15 de febrero tendrá un dictamen listo.
Esperamos que sea a favor del pueblo y si no, vamos a seguir adelante, concluyó el defensor del ambiente.
