Tegucigalpa.- Pese a que el Estado es el encargado de la seguridad de las privadas de libertad, en Honduras, sus familias se estarían responsabilizando de garantizar este derecho a sus parientes a través de pagos a las estructuras criminales que dominan la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), según testimonios que recopiló Criterio.hn a dos días de la masacre en ese recinto, en el que murieron 46 mujeres.
“Mi hermana tenía un presentimiento negativo, como si algo malo le iba a pasar. Ella me lo contó el lunes (19 de junio), el último día que pude hablar con ella. Y todo eso aun cuando nosotros pagamos para que la cuidaran en el interior de la cárcel, y después sucedió la tragedia en la que murió”, contó Damarys Gutiérrez (nombre ficticio), familiar de una de las víctimas.
“Ella no pertenecía a ninguna agrupación criminal. Estoy segura que, tras ver que estaba desprotegida en medio del caos, buscó esconderse, en lugar de defenderse de alguna manera, porque ella no era así; no sabía cómo defenderse ni manipular armas, por eso se pagaba para que la cuidaran”, añadió, quebrantada.
En la mañana del 20 de junio, la rivalidad entre la Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18 derivó en una sangrienta escena, en la que 46 privadas de libertad fallecieron, de las cuales 25 fueron calcinadas y 16 acribilladas a tiros, según informes preliminares del Ministerio Público.
Según los reportes preliminares, las pandilleras del Barrio 18 encerraron a las de la Mara Salvatrucha e incendiaron el módulo con ellas adentro, mientras otro grupo (del Barrio 18) atacó a otras (de la Mara Salvatrucha) a disparos hasta acabar con sus vidas.
Los vecinos de la Penitenciaría Nacional Femenina dijeron a Criterio.hn que aproximadamente a las 8:00 de la mañana del martes, se escucharon gritos de mujeres pidiendo ayuda porque se estaban quemando y, a los segundos, comenzó a salir humo de ese recinto carcelario. Posteriormente, dijeron, se escucharon sonidos de balas, como si fuese una ráfaga.
Luego que se conociera la dimensión del suceso, familiares de las privadas de libertad llegaron a la entrada de la cárcel, Hospital Escuela (HE) y de la morgue del Ministerio Público para saber si sus parientes seguían con vida o estaban entre las víctimas.
De acuerdo con la información policial, la investigación del caso está avanzada en un 70%, la institución asegura tener las identidades de las mujeres que supuestamente se encargaron de ejecutar la matanza y, pese a contar con los datos, no han aclarado si las tienen bajo su custodia.
VERSIÓN REFUTADA
Esta versión ha sido refutada por defensores de derechos humanos, quienes cuestionan que la policía siempre que ocurre este tipo de hechos aseguran tener las pruebas de quienes cometen los crímenes, pero los casos siempre quedan en impunidad.
Asimismo, que no se puede apuntar únicamente contra las supuestas autoras materiales porque atrás hay un patrón delictivo que seguramente se dirige a la verdadera estructura criminal que tiene el poder.
“Nosotros siempre hemos sabido que las autoridades han sido los encargados de meter drogas y armas de grueso calibre al interior de todas las cárceles. Aquí no voy a recriminar la muerte de mi sobrina porque ya pasó; aquí quiero recalcar que esto pasó por pura negligencia de los custodios”, dijo a Criterio.hn Santos Armando Orellana, de 50 años, en la morgue de Tegucigalpa.
A Orellana le sorprende lo que pasó en la PNFAS. ¿Cómo pueden decir que los familiares ingresan drogas y armas?, sí cuando llegamos, lo primero que hacen es revisarnos y después manosear las comidas que llevamos y los utensilios de baño. La comida queda toda hurgada, como que lo hacen por maldad y los jabones los entregan en pedazos”, agregó el hombre que reclamaba el cuerpo de una sobrina que fue una de las víctimas carbonizadas.
Lo paradójico de la masacre es que ocurrió en medio de una intervención penitenciaria que, hasta el 21 de junio, era ejecutada por la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, y un estado de excepción que está vigente en Honduras desde el 6 de diciembre de 2022 y se mantendrá hasta el 5 de julio de 2023, aunque se prevé que continuará por tiempo indefinido.
De interés: Estado enfrentaría demandas internacionales producto de muertes múltiples en penitenciaría femenina
MOVIMIENTOS EN EL PODER
Después de la masacre, el primer movimiento que hizo la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue destituir a Ramón Sabillón, quien era el secretario de Seguridad y ahora será enviado al servicio diplomático en el exterior. Sabillón ha sido sustituido por Gustavo Sánchez, que se desempeñaba como director de la Policía Nacional.
De igual manera, Julissa Villanueva, después de dos meses de haber sido nombrada al frente de la comisión interventora de las cárceles de Honduras (a raíz de varios amotinamientos) fue separada del cargo, como consecuencia de la masacre suscitada en PNFAS. Pero continúa siendo la subsecretaria de Seguridad.
Castro además ordenó que a partir del próximo 1 de julio, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), creada por el expresidente Juan Orlando Hernández, será la encargada de tomar las riendas de todas las cárceles del país y se sumarán a las tareas de seguridad junto a la Policía Nacional, lo que contradice lo que prometió en su campaña proselitista, de no usar la fuerza militar en operativos por sus antecedentes en la violación de los derechos humanos.
El Poder Ejecutivo solicitó al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres privadas de su libertad en la PNFAS, que no están sujetas a una condena y que sufren enfermedades terminales, mientras que las que son consideradas de alta peligrosidad continuarán tras las rejas.
La presidenta también ordenó que las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) habiliten la Islas del Cisne, situada al oeste de Honduras, en el Caribe, muy alejada de tierra firme, con el objetivo de mantener a los privados de libertad que sean enviados sin ningún tipo de comunicación.
