Con la creación y aprobación del Consejo de la Judicatura se logrará separar las funciones judiciales de las administrativas dentro del Poder Judicial, y con ello el Estado estaría cumpliendo con la obligación que tiene de garantizar la impartición de justicia con imparcialidad y en el marco de la más estricta objetividad
El artículo 317 de la Constitución de la Republica que establece la creación del Consejo de la Judicatura cuyos miembros, organización, alcances y atribuciones serán objeto de una ley, aprobada con las (2/3) dos terceras partes del voto favorable de la totalidad de los diputados del Congreso Nacional
Tegucigalpa, Honduras. –La detención judicial del juez y excoordinador de los Juzgados con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Vallecillo, e investigaciones contra funcionarios del Poder Judicial abre la necesidad de reactivar el Consejo de la Judicatura en Honduras y la creación de la Ley de la Carrera Judicial.
Profesionales del derecho consultados por Criterio.hn señalaron que la normativa es crucial para garantizar una administración de justicia independiente y efectiva en Honduras.
Asimismo, exponen que con la reactivación del Consejo de la Judicatura se logrará separar las funciones administrativas y la función judicial del Poder Judicial. De igual manera, recomendaron que, de redactar una nueva ley, debe ser socializada con las asociaciones de jueces, las organizaciones de sociedad civil, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la academia y demás sectores interesados.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), subrayó que la importancia de contar con una Ley de la Carrera Judicial que establezca normas rigurosas y transparentes para el desarrollo profesional y nombramiento de los jueces.
Precisó que la creación del Consejo de las Judicatura es uno de los grandes pendientes que dejó la anterior Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la actual administración -presidida por la magistrada Rebeca Lizette Ráquel Obando—.
Agregó que se debe crear un Consejo de la Judicatura que sea totalmente independiente del pleno de la Corte Suprema de Justicia y del presidente, en este caso presidenta, “porque si no vamos a estar a expensas se repitan los vicios del pasado”.
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SEÑALAMIENTOS DE CORRUPCIÓN
El 9 de abril del 2018, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción relacionados al manejo irregular de fondos públicos, en contra del pleno del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, entre los que se incluyó al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
Los demás imputados, también integrantes del Consejo, fueron Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Teodoro Bonilla, todos ellos acusados por más de 600 delitos de malversación de caudales públicos.
No obstante, el 2 de noviembre de 2021, un Juzgado de Letras Penal en materia de corrupción dictó sobreseimiento definitivo a favor de los seis exintegrantes del Consejo de la Judicatura.
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CORRUPCIÓN EN EL PASADO DEJA DUDAS SOBRE REACTICAR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA
En noviembre de 2011, se aprobó la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, por lo anterior se constituyó el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa.
La referida ley fue cuestionada desde su aprobación en el Congreso Nacional, presidido en ese entonces por Juan Orlando Hernández, hasta que el 15 de abril de 2016 la Sala de lo Constitucional la declaró inconstitucional. De esa forma, todas las funciones administrativas recayeron en la presidencia del Poder Judicial que en ese entonces era ostentada por Rolando Argueta, una herencia que a partir del 16 de febrero recayó en la nueva titular de la CSJ, Rebeca Lizette Ráquel Obando.
En 2016, el Consejo de la Judicatura fue desarticulado por señalamientos de corrupción contra los titulares del ente, que tenía entre otras funciones, nombrar y remover a magistrados de Corte de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.
Al respecto el abogado constitucionalista y analista político, Raúl Pineda Alvarado, expresó que para evitar que los errores del pasado se repitan se debe evitar que los integrantes del Consejo de la Judicatura dependan de la presidencia y del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, se debe someter procedimientos estrictos y a pruebas de confianza a las personas que integrarán el ente.
A juicio de la abogada constitucionalista y catedrática universitaria, Ana Pineda, lo que falló en el pasado fue la escogencia de las y los miembros del Consejo de la Judicatura.
Pineda dijo a este medio, en una entrevista brindada meses atrás, que, aunque hubo una participación de las organizaciones de sociedad civil la misma se hizo de manera político- partidaria de tal forma que las y los miembros del Consejo se convirtieron en activistas de los partidos que los habían puesto.
En marzo de 2023, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, nombró una Comisión Especial para trabajar en una nueva ley para trabajar en un borrador de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, pero hasta la fecha no se han dado avances sobre este proyecto.
La iniciativa surgió siete años después de la disolución del ente por los señalamientos de corrupción contra varios de sus integrantes.
