Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. Tras la detección del alarmante repunte de contagios por Covid-19 en las cárceles de Honduras, organizaciones de derechos humanos acuerpadas en la Mesa Penitenciaria, exigieron este lunes a las autoridades gubernamentales ejecutar una “intervención humanitaria” en el Centro Penitenciario de Támara, ubicado en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán.
La Mesa Penitenciaria, también conformada por los familiares de los privados de libertad, demandó una rápida intervención con la presencia del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Secretaria de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
Por lo que solicitaron para la penitenciaria de Támara, “la contratación inmediata de más personal de salud, la aplicación de pruebas PCR a toda la población penitenciaria y empleados, el aislamiento y tratamiento en las condiciones seguras y adecuadas de los y las contagiados y la coordinación inmediata con los familiares de los afectados”.
Igualmente, exigieron al Estado hondureño “garantizar la integridad física y salud de los más de 22,000 privados de libertad que se encuentran en los 28 centros carcelarios del país”.
La Mesa Penitenciaria responsabilizó a las autoridades judiciales por la crisis sanitaria que hoy sufren los centros penitenciarios, ya que, según denunciaron, los magistrados de la sala constitucional del Poder Judicial de Honduras, se negaron a aceptar una solicitud sobre excarcelación de privados de libertad de la tercera edad con padecimientos crónicos-terminales, que fue presentada además por el Comité Nacional de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos (CONAPREV).
La “solicitud fue rechazada y ahora vemos los resultados de tal decisión, más de 120 privados de libertad positivos por Covid-19 y los últimos 5 fallecimientos de privados de libertad sospechosos de la misma causa”, señaló.
En Honduras, la propagación del Covid-19 en los centros penitenciarios ha alcanzado un carácter inexplicable, ya que a pesar de las restricciones de visitas, ordenada desde la declaratoria de emergencia sanitaria, las autoridades han sido incapaces de contener los casos de Covid-19 en las cárceles hondureñas.
