El esquema de seguridad de cinco hospitales públicos estaría quedando en manos de los colectivos del oficialista Partido Libertad y Refundación, quienes no solo en los últimos meses, sino también en años anteriores, han generado un ambiente de incertidumbre y violencia que ha culminado en la suspensión de labores hasta por 15 días en varias instituciones del Estado, como la Secretaría de Niñez y Familia (Senaf) en marzo de 2024.
Esta responsabilidad, que argumentan fue ganada, no recae sobre los colectivos afines a políticos que buscan precandidaturas presidenciales, como los diputados Jorge Cálix y Rasel Tomé, quienes concentran poder dentro de la estructura. La responsabilidad está en manos del Movimiento 28 de junio (M-28).
Tegucigalpa, Honduras – La decisión de la Secretaría de Salud (Sesal) de dejar en manos de los colectivos del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) el esquema de seguridad de cinco hospitales públicos ha desencadenado un ambiente de incertidumbre e inquietud, provocando varias dudas que parecen no tener respuesta.
Por ejemplo, el analista político Raúl Pineda Alvarado opinó que este es un proyecto de Libre que, bajo la misma dinámica, busca continuar concentrando el poder. Ahora, esta estrategia estaría mutando de forma novedosa hacia los principales centros asistenciales de la capital: El Tórax, El San Felipe, Santa Rosita, el Hospital Escuela y el Laboratorio Nacional de Virología.
“Este proyecto de Libre es novedoso aquí en Honduras, pero son modelos aplicados en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El motivo es que el partido de gobierno desconfía de la seguridad privada para manejar ciertos temas, por lo que crean su propia fuerza de choque, enmascarada en procesos de dar seguridad a instituciones del Estado”, mencionó Alvarado en conversaciones con Criterio.hn.
Según Pineda Alvarado, exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), esta estrategia es peligrosa para la gobernabilidad y contraria al diseño democrático que establece a Honduras como un Estado de Derecho. “Esto les resuelve muchos problemas, ya tienen gente armada que eventualmente puede servir para complementar los proyectos de interés del gobierno”, valoró.
Además, Alvarado cuestionó que, aunque los estén contratando como personal civil, los colectivos de Libre no están preparados ni capacitados para lidiar con la envergadura que exigen estas funciones. De igual forma, hizo hincapié en de dónde y quién les asignará las armas de fuego que portarán para brindar seguridad, como parte del equipo técnico.
De igual manera, a los cuestionamientos se sumó el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, quien opinó que esta es una estrategia desacertada por parte de las autoridades sanitarias, politizando, de alguna forma, lugares que no deberían ser manejados por personas con intenciones político-partidarias.
“Esto le va a pasar factura al gobierno, porque desafortunadamente siempre van a pasar cosas lamentables. Antes la responsabilidad recaía sobre la compañía de seguridad, ahora va a ser responsabilidad de un partido político”, valoró.
Aunque se presume que son cinco centros hospitalarios en los que la seguridad estaría en manos de activistas de Libre, solo el Hospital Escuela ha informado que estos fueron contratados como “personal de seguridad interna” y que, además, se sometieron a procesos de selección en los que, dependiendo de sus capacidades, fueron distribuidos en distintas áreas.
“El Hospital Escuela garantiza que el personal de seguridad interna cuenta con la preparación y capacidad necesaria para brindar seguridad en el manejo de situaciones y eventualidades que se presenten en la gestión de este hospital”, dice parte del comunicado compartido por el centro hospitalario capitalino.
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“TIENEN DERECHO A TRABAJAR”
Melvin Cevallos, líder del Movimiento 28 de junio (M-28), afín a la línea de Manuel Zelaya Rosales y ahora de la exministra de Finanzas Rixi Moncada, precandidata presidencial, confirmó que son cinco los hospitales en los que su militancia tendrá el control de la seguridad. Además, explicó estas personas fueron previamente capacitados y sometidos a un proceso de selección.
“Ahora la seguridad ya está en manos del pueblo porque estaba secuestrada por personas ajenas. Son todos militantes, pero fueron sometidos a un proceso de capacitación y selección; ellos tienen todo el derecho de trabajar”, mencionó Cevallos en pláticas con este medio de comunicación.
Cevallos, quien está afinando su precandidatura por la comuna capitalina, señaló que todos los procesos de contratación se están llevando a cabo conforme a lo establecido en la ley. El objetivo principal de distribuir las plazas entre los colectivos es retirar la seguridad de los centros hospitalarios de las empresas de seguridad que estaban vinculadas a la oposición.
Esta postura es respaldada por la ministra de Salud, Carla Paredes, quien aseguró que la facción de Libre que está a cargo de la seguridad en los centros asistenciales públicos está igual o mejor preparada que los guardias de seguridad privada.
“No es que estemos en guerra; todos cambiamos a seguridad pública. Claro que se contrata gente del partido Libre, se ha dado oportunidad de trabajo a nuestras bases. ¿Cuál es el pecado? Es un derecho, por lo tanto, que pertenezcan a un partido político no les da derecho a criminalizarlos”, defendió Paredes en un medio de comunicación.
