Los defensores denunciaron que la audiencia programada para hoy, cuyo objetivo era reconocer el derecho de los ciudadanos de Tocoa a participar en decisiones relacionadas con las actividades mineras, fue cancelada
Señalaron que el caso ha estado cerrado durante un largo período y, aunque se había programado una audiencia para esta fecha, esta fue suspendida. Según los defensores, este retraso refleja una clara negligencia por parte del Poder Judicial
Tegucigalpa, Honduras. – Integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa protestaron frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a la cancelación de una audiencia clave.
Esta audiencia buscaba reconocer el derecho de los ciudadanos a participar en decisiones relacionadas con actividades en el municipio minero donde opera Ecotek, una empresa vinculada a proyectos de alto impacto ambiental en la zona.
Según Rita Romero, representante legal del comité, la audiencia estaba programada para el martes 10 de diciembre de 2024, pero fue aplazada para el próximo año.
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RETRASO EN PROCESO
La defensora Juana Esquivel expresó su descontento por la constante postergación de la audiencia por parte del Estado de Honduras. Según indicó, el motivo presentado para el último aplazamiento es que la representante estatal, abogada de la Procuraduría General de la República (PGR), no pudo asistir debido a un contagio de COVID-19.
Esquivel enfatizó la determinación de las comunidades afectadas para seguir adelante con la demanda: “nos mantenemos firmes en nuestra búsqueda de justicia frente a los ataques contra nuestro territorio y en defensa de Juan López. Continuaremos exigiendo nuestro derecho de participación”, expresó la defensora en diálogo con Criterio.hn.
REFLEJO DE PODER JUDICIAL
De su lado, el defensor Pedro Landa calificó la reciente cancelación de la audiencia como una burla y un engaño hacia las comunidades afectadas, destacando que esta situación refleja una falta de diligencia debida y podría sumarse a las acusaciones internacionales contra el Estado de Honduras.
Landa subrayó que esta no es la primera vez que ocurre algo similar, mencionando la suspensión previa de la audiencia preliminar relacionada con el defensor Juan López. “El mensaje es claro: no se respeta la vida ni el debido proceso cuando se trata de justicia para defensores”, denunció.
Además, advirtió que Honduras enfrenta un próximo examen de Naciones Unidas y que los informes sobre derechos humanos deben enviarse este año. Según Landa, estas circunstancias probablemente mantendrán al país en la lista de naciones que incumplen sus obligaciones y violan derechos fundamentales.
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CASO PARALIZADO
La abogada Rita Romero criticó la cancelación de la audiencia, señalando que refleja la constante situación que enfrentan los defensores de derechos humanos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Explicó que el expediente de la demanda permaneció cerrado durante todo el año, y aunque se logró avanzar en enero con la programación de la audiencia para hoy, está finalmente fue suspendida sin previo aviso.
Romero también mencionó que aún no se ha fijado una nueva fecha, ya que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un documento médico que justificaba la ausencia de la abogada representante del Estado, lo que impidió su participación en la audiencia programada.
La abogada cuestionó lo sucedido, sugiriendo que la cancelación parece una maniobra premeditada, pues según afirmó, la representación legal del Estado ha sido cambiada en cuatro ocasiones, lo que genera dudas sobre la intención detrás de la suspensión.
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REPITE HISTORIA
Es importante destacar que, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa ha demandado al Estado de Honduras por la vulneración de derechos fundamentales en el municipio minero.
Las demandas incluyen el derecho de las comunidades a participar en decisiones sobre proyectos que afectan su territorio, como los de la empresa Ecotek.
Además, el Comité ha defendido en innumerables ocasiones los derechos de los pueblos originarios, cuyos recursos naturales son explotados sin su consentimiento.
También se han denunciado irregularidades en los procesos judiciales, como la cancelación de audiencias cruciales,como en este caso, y la falta de transparencia en los contratos y el impacto ambiental de los proyectos.
