Fotos: Horacio Lorca
Tegucigalpa.- Cansados de ser ignorados, unas trescientas personas se trasladaron a la capital de Honduras a expresar su frustración ante la inacción del Estado y a exigir justicia por los asesinatos, persecución y criminalización contra los y las defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente.
Tras un sangriento inició del 2023, representantes de dieciséis organizaciones campesinas e indígenas del norte y occidente de Honduras reclamaron justicia para las víctimas de crímenes y la elección de una Corte Suprema de Justicia “que aborte para siempre los normalizados pactos de impunidad que favoreció a la élite corrupta”, señalaron en un comunicado conjunto.
La movilización inició a las 10:00 de la mañana frente a Casa Presidencial, pasando por el Instituto Nacional Agrario (INA) y finalizó en los bajos del Congreso Nacional, donde se dirigieron a los diputados y diputadas, demandando no se repitan las vergonzosas prácticas del pasado como la compra de votos y pactos de impunidad en favor de determinados sectores, continuó el comunicado.
SECTOR JUDICIAL Y MILITAR HAN VALIDADO INJUSTICIA EN HONDURAS
“La Corte Suprema de Justicia nos importa centralmente porque son los jueces y las juezas, magistrados y magistradas, los que han validado toda la injusticia en este país y por eso estamos teniendo posición sobre la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué sabe un campesino y campesina? Claro que lo sabe, lo sabe porque sufre las prácticas de la perversa administración de justicia”, afirmó el abogado y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, frente a Casa Presidencial.
El abogado Fernández remarcó que la posición crítica contra el militarismo que tienen no es porque los militares caigan mal como personas, sin embargo, la estructura militar es constructora de la desgracia del país y del luto individual, y colectivo de la sociedad y porque son quienes avalan el atraco contra el pueblo. Ejemplificó, este extremo con la militarización del Aguán, a la vez que ocurren asesinatos contra defensores del territorio.
“Todos los movimientos genuinos en este país tienen una propuesta porque tienen el derecho a la tierra, saben cómo reclamarlo. Muchas y muchos, como en el Aguán, no están pidiendo tierra están pidiendo que les devuelvan la tierra que les robó el empresariado agroindustrial criminal y asesino que opera en esa zona”, señaló.
“Justicia para el Aguán” fue la exigencia generalizada, luego que entre diciembre de 2022 y enero de 2023, fueron asesinados al menos cinco defensores de la tierra, territorio y ambiente: Mauricio Esquivel, Jairo Bonilla, Aly Domínguez, Omar Cruz Tomé y Andy Martínez Murillo.
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LOS FISCALES COMO VERDUGOS DE LA SOCIEDAD
“Estamos cruzados por el funcionamiento perverso de la institucionalidad de este país. Preguntan: ¿Qué les importa la elección del Fiscal General? Claro que nos importa […] porque los fiscales son los verdugos, y si quieren, son los perros de garra del sistema. Esa institución que nos costó tanto”, agregó Fernández.
El abogado abordó que cuando los fiscales acusan a los campesinos, indígenas, estudiantes y trabajadores, estos dicen actuar en nombre de la sociedad. “Nosotros no creamos ni luchamos por un Ministerio Público para que nos persiguiera como sociedad”, remarcó.
Fernández refirió que tras 365 días de gobierno del Partido Libre y la alianza electoral, ya es tiempo. Un año es suficiente para poner las cosas en orden en caso que hayan encontrado la administración pública destruida y saqueada. Afirmó que han visitado cuatro veces Casa Presidencial, sin que al final se resuelva nada.
Tras referirse a la gestión de la presidenta Xiomara Castro y las tareas pendientes en la resolución de los conflictos socio territoriales y ambientales en diferentes puntos del país, así como el papel que juegan los militares y la justicia, los manifestantes caminaron por el bulevar Juan Pablo II hasta la calle principal de La Alameda, con dirección al Instituto Nacional Agrario (INA).
REFUNDAR HONDURAS PASA POR DEFENSA DEL TERRITORIO Y AMBIENTE
El coordinador conjunto del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Martín Fernández, declaró que desde las organizaciones de base se ha ido refundando Honduras en cada uno de los territorios donde han defendido el río, los bosques, la tierra y minerales.
Al llegar al INA, algunos de los integrantes fueron invitados a pasar al interior de la institución. No obstante, Martín Fernández afirmó que se quedarían fuera y que esperarían a que saliera el director del INA, Francisco Funes.
“Aquí [INA] ha sido un espacio generador de crisis en el agro, pero también puede ser un espacio de generación de oportunidades y construcción del proceso que necesitamos en el país”, comentó Fernández mientras esperaba al director de dicha institución.
DEFENSORES AMENAZADOS POR SU LUCHA
El representante de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, declaró que desde el 27 de octubre del año pasado vienen denunciando el plan para asesinar a la dirigencia de la Plataforma Agraria, que incluía el asesinato de unas siete a ocho nombres de personas que están amenazadas y perseguidas.
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“Tienen precio nuestras cabezas por parte del señor Miguel Mauricio de la Soledad Facussé Saénz, que se ha asociado para delinquir y que desafortunadamente goza de privilegios con este gobierno. No es posible que alguien que se organiza para cometer crímenes tenga la bienvenida de un gobierno que su discurso es el respeto de los derechos humanos”, acusó Rivas.
El presidente de Corporación Dinant, Miguel Mauricio Facussé,hijo del extinto terrateniente y empresario agroindustrial, Miguel Facussé y otras dos personas fueron denunciados el 11 de enero de 2023 por usurpación agravada, desplazamiento forzado y asociación ilícita para delinquir.
“Esta más que descubierta la estructura criminal que sigue asesinando en el Aguán, ya supera los 160 compañeros y compañeras asesinados. Sabemos que estar denunciando este hecho como lo estamos haciendo hoy, pues no sabemos cuántos días nos va a dejar vivir esos grupos criminales”, denunció Rivas.
Rivas afirmó que “es mejor morir de pie luchando antes que de rodillas ante este poder fáctico que domina en este país”. Agregó, que hay una gran responsabilidad del Estado con relación al asesinato que se están dando en el Aguán, porque ya han elevado la denuncia y no se toman las decisiones correctas para proteger la vida de los defensores y defensoras.
PODER LEGISLATIVO TIENE EN SUS MANOS SOLUCIONAR PROBLEMA AGRARIO
El integrante de la tribu Tolupán, Heriberto Murillo, contó que tienen 25 años de lucha por la recuperación total de su territorio ancestral. Esto a causa de la división de territorio que se realizó durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, pasando de 3,334 hectáreas de tierra a 2,902 hectáreas.
El subdirector del INA, Rafael Alegría, argumentó que al Poder Legislativo pareciera que no le interesa el sector agrario. “Hablan, discuten de todo, menos del problema agrario y agrícola del país. […] Hay un marco jurídico agrario que nos impide terriblemente hacer justicia agraria y es esa famosa Ley de Modernización Agricola. Tenemos que luchar para hacer esos cambios en el Congreso Nacional”.
“El sicariato en el Aguán se ha reactivado y ya sabemos quiénes ponen los muertos”, dijo Alegría al atribuir la responsabilidad a los terratenientes y colocar como víctimas a los campesinos e indígenas.
Mientras que el director del INA, Francisco Funes, condenó que el “sicariato esté reviviendo” en el Aguán, lo que calificó como injusto, a la vez que manifestó que no quieren que se repita el número de muertos en el Aguán como ocurrió durante la dictadura al registrarse 147 crímenes. A raíz de la violencia que se vive en la zona, considera urgente la puesta en marcha del convenio de febrero de 2022.
