Foto portada de archivo
Tegucigalpa.- Con denuncias de incumplimiento de la resolución sobre la publicidad total del juicio por parte del Poder Judicial, se reanudó este lunes el juicio contra los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro en el Tribunal de Sentencia de Tocoa, Colón, al norte de Honduras.
La alerta fue realizada por el Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, quienes lamentaron que se incumpliera el compromiso de «asegurar los mecanismos necesarios para la publicidad absoluta del juicio de manera inmediata y mediata desde la virtualidad». Esto debido a una transmisión virtual deficiente y entrecortada.
La denuncia fue seguida por la solicitud de exclusión por parte de la defensa de un medio de prueba documental presentado por el Ministerio Público y el equipo acusador privado en el que la empresa de seguridad de Inversiones Los Pinares habría participado en labores de investigación e inteligencia contra defensores y defensoras que participaban en las manifestaciones y periodistas que cubrían los mismos.
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El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, durante su argumentación en la audiencia afirmó a los jueces del Tribunal que el medio de prueba debía ser excluido, pues no se pueden incorporar medios de pruebas que violan los derechos humanos y recordó que la inteligencia está restringida a las fuerzas del Estado y no así a las empresas de seguridad privada.
Además, señaló que el medio de prueba presentado, violenta el artículo 78 de la Constitución de la República, en el que se «garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres». Por lo que la vigilancia se realizaba contra los defensores ambientales era ilegal, declaró.
La audiencia fue suspendida a la hora de almuerzo y pasada la hora de retorno, 2:30 P.M., el Ministerio Público habría pedido más tiempo argumentando contratiempos, por lo que la audiencia fue reprogramada para mañana martes a las 9:00 de la mañana.
NO ES CAPRICHO, ES ILEGAL REALIZAR LABORES DE INTELIGENCIA CONTRA CIUDADANÍA
Posteriormente, el abogado Tabora en conferencia de prensa señaló que no se oponen al medio de prueba por «capricho» o porque establece «responsabilidad penal», «el tema principal es que la empresa Los Pinares, de manera ilegal, durante cuatro meses, de agosto a diciembre del año 2018, realizó labores de inteligencia militar tomando fotografías de los principales liderazgos de las manifestaciones contra la imposición de este proyecto minero y ese es un delito».
Incluso explicó que cuando la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas o la Dirección de Inteligencia realizan labores de inteligencia estas deben estar relacionadas con asuntos de política criminal como el narcotráfico y crimen organizado para ser entregados directamente a las máximas autoridades de dichos entes: el director de la Policía, el Secretario de Seguridad o el Secretario de Defensa.
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«Pero no pueden vigilar a los periodistas, que ese informe lo que hace es vigilar a personas que participaban en conferencias de prensa, vigilar a periodistas que llegaban a cubrir los eventos y vigilar a los defensores y defensoras de derechos humanos que se oponían a la imposición de esta gente. Entonces eso es ilegal», señaló Tabora.
También apuntó: «lo que exigimos es que haya un proceso que no esté basado en mentiras, que no esté basado en ilegalidades» y recalcó que fueron el mismo jefe de seguridad de la empresa y sus subalternos «que usurparon funciones del Estado que son los únicos que pueden realizar investigaciones de vigilancia en el marco de la Constitución».
EMPRESAS DE SEGURIDAD COMO ENTES DE RECOLECCIÓN DE INTELIGENCIA
Tabora manifestó que tanto en el caso del asesinato de Berta Cáceres como en el juicio contra los ocho defensores de los ríos Guapinol y San Pedro se puede establecer a qué realmente se dedican las empresas de seguridad contratadas por las empresas extractivas, sean estas mineras o energéticas: «vigilar a las personas que defienden el ambiente, que defienden los derechos humanos y eso es ilegal. Por eso hay como ocho personas condenadas en el caso de Berta»
Destacó que es muy relevante que toda la información y los patrones que van siendo revelados sean denunciados pues no son hechos aislados e incorporan tanto a las empresas extractivas como a la Policía Nacional, el Ministerio Público y las empresas de seguridad.
Finalmente, resaltó la importancia de denunciar y exigir al nuevo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro que pare este tipo de conducta, porque las empresas de seguridad cometen estas arbitrariedades porque la Secretaría de Seguridad no pone un alto a los abusos cometidos por estas empresas «que se prestan para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos».
