Tegucigalpa. – A pocos días de cumplirse un mes de la prórroga del estado de excepción la Policía Nacional informó que se está previendo otra ampliación de esta medida, con lo que sería la tercera aplicación de manera consecutiva.
Este estado de excepción fue la medida que utilizó la presidenta Xiomara Castro, a través del PCM 29-2022, para declarar una guerra en contra de la extorsión y delitos conexos.
Es evidente que Honduras, por años, ha sufrido las consecuencias de la criminalidad que han cobrado la vida de miles de hondureños y delitos como el cobro de extorsión que usando la intimidación se han agenciado de millones de lempiras, fruto del trabajo de aquel ciudadano que tuvo la visión de emprender con un pequeño negocio.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en su estudio “Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, menciona que este delito recoge aproximadamente 18 mil 270 millones de lempiras, es decir 737 millones de dólares anuales.
El Comisionado de Policía, Miguel Martínez Madrid, director de la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional de Honduras, mencionó que están a la espera que la Secretaría de Seguridad realice las diligencias oportunas ante el Poder Legislativo y Ejecutivo, para una posible ampliación del estado de excepción.
Ante esta posible prorroga, la preocupación se extiende para los defensores de derechos humanos, ya que esta medida puede generar abusos de la policía y de militares en 73 municipios del país y en 162 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, norte de Honduras, donde es efectiva esta medida a través del PCM 01-2023 publicado en el diario oficial La Gaceta y que dio continuidad al PCM 29-2022.
De acuerdo con la investigadora en temas de seguridad, Mirna Flores, “los riesgos de estar con esta continuidad de estados de excepción es que se violenten derechos humanos y se generen abusos policiales y militares”.
Estas acciones las diferentes organizaciones de derechos humanos lo han enfatizado en reiteradas ocasiones.
De igual manera, el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera, reflexionó que si en el 2023 se siguen aplicando estados de excepción “significa que no ha servido para resolver la violencia de manera absoluta sino nada más para mitigarla”.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN: REALMENTE HAY RESULTADOS TANGIBLES
Los informes presentados por la Policía Nacional, sobre los resultados de las diferentes acciones que han desarrollado en el marco de esta medida en el territorio nacional, han generado dudas en una parte de la ciudadanía, al punto de cuestionar si realmente es efectivo que el Estado de Honduras continúe declarando emergencias en seguridad sin tener una estrategia de contingencia integral.
Flores, lamentó “desde la policía no se tienen informes que muestren la efectividad del estado de excepción”, y enfatizó que estos informes son debatidos por algunas organizaciones de derechos humanos.
Desde el 6 de diciembre de 2022, hasta la fecha, se registró un total de 3 mil 954 detenciones de ciudadanos por diversos delitos, datos de la Secretaría de Seguridad.
Por su parte mejía, recriminó que el Estado no aplicó esta medida con un abordaje que combata las causas que generan este tipo de violencias.
“Esta es una media reactiva que no toca las causas de la violencia, es una medida que no va a cortar el grave problema de extorsión que hay en el país y lo único que va a hacer es minimizar el impacto”, advirtió Mejía Rivera.
MEDIDAS EFECTIVAS
Dado a los altos índices de criminalidad en el país, la ciudadanía hondureña está a la espera de la implementación de medidas efectivas encaminadas al combate de estos delitos.
De acuerdo a las estadísticas del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), en el 2022 cerró con una tasa de homicidios por cada 100mil habitantes 35.83, es decir 3 mil 439 víctimas de homicidio.
Ante este panorama, Mejía Rivera reconoció que se necesitan este tipo de medidas excepcionales porque la situación es grave y el Estado debe tomar medidas efectivas para reaccionar frente a este crimen.
Pero aclaró a Criterio.hn que a la par de esas medidas excepcionales reactivas o represivas, se requieren otro tipo de medidas que abordan a la criminalidad de manera integral.
“A la par de este tipo de medidas excepcionales, que, aunque sean legales, requieren además de otro tipo de enfoque para que el Estado pueda abordar la criminalidad, el delito de la extorsión de manera integral no solo a través de la intervención policial y militar” exigió el experto en derechos humanos.
De igual manera, para contrarrestar estos delitos, Flores sugirió en entrevista con Criterio.hn que estas medidas coercitivas deben estar acompañadas de la investigación criminal efectiva, porque “estos hechos no se pueden quedar en la impunidad y tienen que llagar sobre todo a los grandes extorsionadores”.
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DESAFÍO DE CRIMINALES AL ESTADO
Recientemente, en una intervención por las fuerzas de seguridad estatal en La colonia Divanna, miembros de estructuras criminales dieron muerte a Luis Armando Zambrano, un efectivo de la Policía Nacional.
Ante este hecho, el comisionado Madrid mencionó que “los pandilleros están sondeando al gobierno, a la Policía Nacional, al sistema judicial, están analizando hasta dónde puede llegar y quieren ver si vamos a llegar a implementar las mismas iniciativas como el gobierno de Guatemala y de EL Salvador”.
Sin embargo, aclaró que no serán las mismas políticas, sino que realizaran análisis continuos para determinar qué municipios se deben agregar a esta política de Estado.
La colonia Divanna, forma parte de los 89 barrios y colonias intervenidas por la Policía Nacional con el estado de excepción, que luego de este hecho, al menos unos 200 policías y militares tienen intervenida esa colonia capitalina.
