Tegucigalpa, Honduras. – El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V. por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», ubicado en Tocoa, Colón. Defensores cuestionan la tardanza de la fiscalía para actuar contra las empresas involucradas.
Los imputados son: Lenir Alexander Pérez Solís, en su condición de representante legal y presidente del Consejo de Administración de ambas empresas; Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manaces Padilla Diaz y Douglas Alexis Alvarenga Mendoza y Domingo Pineda Puerto.
Otros implicados son: César Noel Padilla Alcántara (por dos delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público); Mario Antonio Martínez Padilla (por tres delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público); José Santos Antúnez Zavala, Víctor Alfonso Romero Molina y Santos Didi Haylock Amaya (por daños agravados); y Otoniel Flores Mira, Mizraim Ebiazaf Tábora Izaguirre y Filemón Flores Mira.
Los delitos incluyen explotación ilegal de recursos naturales, daños agravados, abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas y violaciones a normativas ambientales. Según las investigaciones, el proyecto minero habría causado deforestación masiva, afectando la vegetación nativa y los ecosistemas locales.
El comunicado emitido por la fiscalía señaló que dichos actos fueron supuestamente cometidos en perjuicio del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), también daños al equilibrio de los ecosistemas, del medio ambiente del Estado de Honduras, y abuso de la administración pública y la fe pública.
Las indagaciones del ente acusador indican que, desde el inicio del megaproyecto minero se habrían cometido múltiples violaciones a las normativas y permisos ambientales, generando una deforestación que incluye áreas no contempladas en las autorizaciones otorgadas.
El requerimiento fiscal señala que las intervenciones de ambas empresas extractivas incluyeron la apertura de carreteras y otras obras dentro de la zona núcleo del parque, utilizando maquinaria pesada y explosivos, lo que habría alterado no solo la superficie del suelo y el subsuelo, sino que también la eliminación de la vegetación natural boscosa que cubría el área.
Adicionalmente, se registraron daños por las actividades de la empresa sobre los ríos San Pedro, Guapinol y Tocoa, que alimentan la cuenca del río Aguán. La construcción de infraestructura en estas áreas podría haber puesto en riesgo la disponibilidad de agua para las comunidades locales. Ante estos hechos, el Ministerio Público ha solicitado en este requerimiento fiscal que se autorice la restauración del equilibrio ecológico del sitio.
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DEFENSORES CUESTIONAN LENTITUD DE LA FISCALÍA PARA REQUERIR A EMPRESARIOS DETRÁS DE LA MINERA
Esly Banegas, integrante del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMBCP), dijo a Criterio.hn que este requerimiento fiscal tiene varios meses de estar en posesión del Ministerio Público, pero “hasta ahora lo hicieron efectivo”.
“Lo que no nos parece y nos molesta es que esperaron al asesinato de nuestro compañero Juan López, para publicar estos requerimientos que tenían un año ya de estar listos”, enfatizó la defensora de los bienes comunes.
Banegas espera que se siga el debido proceso y todos los involucrados sean capturados para que comparezcan antes los tribunales de justicia y se “aplique verdadera justicia”.
Mientras que el regidor independiente de la Municipalidad de Tocoa y defensor, Leonel George, espera que exista “verdadera justicia y no sólo sea limpieza de delitos cometidos” en el caso que se sigue contra Lenir Pérez y otras personas relacionadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V.
George lamentó que en Honduras la justicia sea “vendida al mejor postor, pues quienes son encargados se venden a estructuras mafiosas”. De igual manera, mencionó que falta otros requerimientos contra involucrados en la destrucción del Parque Nacional Carlos Escales.
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LENIR PÉREZ Y SU GRUPO EMPRESARIAL BENEFICIADO CON MEGAPROYECTOS EN HONDURAS Y EL SALVADOR
Durante la administración de Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad, Lenir Alexander Pérez Solís y su conglomerado de empresas –Grupo EMCO Holdign Inc.— obtuvo varias concesiones y licencias para la edificación de megaproyectos extractivos.
Lenir Pérez y su esposa de Ana Facussé, hija del ya fallecido empresario hondureño Miguel Facussé, son propietarios de Inversiones Los Pinares. Esta empresa minera ha criminalizado a defensores y defensoras que se opusieron a la instalación y operación de una mina de óxido de hierro a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras y que atenta contra la seguridad del agua para consumo humano en los ríos Guapinol y San Pedro.
El Grupo EMCO Holding Inc., está conformado por empresas como Alutech (venta de techos y materiales de construcción); Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, Aeropuerto Internacional de Palmerola (PIA) y Puente Alto Energy.
En junio de 2016 el Congreso Nacional aprobó el contrato de concesión para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional de Palmerola, en el departamento de Comayagua.
La concesión de la construcción de la terminal aérea fue adjudica al Grupo EMCO Holding Inc, por el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, sentenciado a 45 años de prisión por delitos relacionados a la narcoactividad.
Además, la empresa minera Los Pinares e inversiones Ecotek, ambas ubicadas en Tocoa, en el departamento de Colón, obtuvieron una licencia ambiental para la construcción de la planta peletizadora de óxido de hierro que se localizaría también en el Parque Nacional Montaña Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.
Ambas empresas han estado vinculadas en la destrucción del Parque Nacional Carlos Escaleras, y la criminalización, persecución y judicialización de defensores de los bienes comunes en Tocoa.
La presencia de EMCO Holding se extendió hacia El Salvador con la empresa Alutech, una de las financistas de la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2021, en ese momento la Asamblea Legislativa y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) le otorgaron el contrato para la ampliación y administración de la terminal de carga del aeropuerto Internacional de Comalapa.
Según la publicación del medio ElSalvador.com Alutech S.A. de C.V. fue la única empresa en entregar una oferta técnica y económica de 33 interesadas que compraron las bases de licitación del concurso para el APP en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
De igual manera, señalaron que un informe de Acción Ciudadana indicó que la empresa adjudicada por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) para ampliar la terminal de carga aparece como donante de $1 millón a GANA para las elecciones de 2019 cuando Bukele corrió con esa bandera.
