La presidenta Xiomara Castro realizó una serie de promesas encaminadas a la realización de proyectos con el fin de reducir situaciones como discriminación, violencia y homicidios en mujeres, pero las defensoras dicen que hasta el momento el cumplimiento sigue en deuda
Tegucigalpa, Honduras.- En el capítulo 5 del plan de gobierno para refundar Honduras 2022-2026 la presidenta Xiomara Castro, promete la ejecución de nueve proyectos en favor de las mujeres hondureñas, con el fin de menguar el panorama desolador en tema de género que afronta el país.
Los proyectos están encaminados en solventar la problemática de violencia, discriminación, derechos sexuales y paridad de género en el involucramiento político.
Para cada una las problemáticas se prometieron una serie de soluciones, en temas de participación de la mujer en la política resalta: introducir la perspectiva de género mediante la participación de verdad paritaria en todos los procesos políticos.
En cuanto a derechos sexuales se encuentra: aumentar el presupuesto para asegurar el abastecimiento de métodos de planificación familiar para las mujeres en los centros de salud y educativos.
Asimismo, facilitar la distribución, venta y uso de la PAE, despenalizar el aborto por tres causales y aprobar e implementar la educación sexual integral
DEUDA EN DERECHOS SEXUALES
Sobre el tema, la directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, dijo a Criterio.hn que hasta el momento existe una deuda evidente por parte del gobierno en implementación de proyectos en favor de las mujeres ya que hasta la fecha solo ha habido proyectos promovidos y ejecutados desde la cooperación internacional.
Menciona el veto de la Ley de prevención de embarazos en adolescentes, Ley integral de atención a las violencias, Ley de violencia obstétrica y violencia política, como algunas de los proyectos que siguen sin aprobarse en el Congreso Nacional.
“Estos es un retroceso para los derechos de las mujeres”, expresa la defensora quien critica además la falta de una política pública en favor de las mujeres.
Por ello, reitera el llamado que han venido realizado las organizaciones defensoras de mujeres en que se cumplan los derechos de las mujeres y asimismo, que se respeten los convenios que el país ha suscrito.
ORGANIZACIONES HAN HECHO FRENTE ANTE DESATENCIÓN DEL ESTADO
En cuanto a los proyectos de reinserción tanto para mujeres retornadas, tras migrar, como para las mujeres que han sido víctimas de violencia domestica se prometió: impulsar la reactivación económica y social mediante una estrategia de inserción y participación efectiva y beneficiosa de la mujer en la economía del país.
Además de impulsar proyectos agroecológicos productivos en las comunidades con miras a construir una alternativa de ingreso para las mujeres.
En reinserción de mujeres víctimas de la violencia se prometió crear refugios de mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia, en tanto, para las mujeres migrantes se mencionó establecer un centro de atención integral especializado para mujeres migrantes que impulse la reinserción social para las retornadas.
Sobre dichas promesas la abogada integrante del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), María Esther Ayala, opina que la deuda en proyectos en favor de las mujeres pasa en primera instancia por el cumplimiento de las leyes ya aprobadas en favor de las mujeres por ejemplo la Ley contra la Violencia Doméstica.
“El rol es darle seguimiento a las medidas que se infieran a un agresor y eso no se está dando, además de cumplir plazos una vez que una mujer interpuso una denuncia el cual establece que la audiencia debe celebrarse después de las 24 horas, pero eso no se está cumpliendo”, apunta la abogada.
Resalta, además, que no existen un rol efectivo de las consejerías de familiares y juzgados especializados de violencia solo están en ciudades grandes.
Por ello en los demás departamentos de país las mujeres no tienen dónde acudir, “ante esta carencia lo que hacen las mujeres es acudir a iglesia donde el pastor, entonces, en efecto, hay una obligación del Estado que no se está cumpliendo”, critica Ayala.
En tanto, desde el Estado también se ha desatendido la obligación de realización de campañas para incitar a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia, ante ello coincide con la defensora Ana Cruz, al decir que, ante la indiferencia del Estado han sido las organizaciones las que han asumido ese papel.
