Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Ana Mirian Romero tiene sólo 29 años pero lidera la lucha de su comunidad indígena contra un proyecto hidroeléctrico que pone en peligro la superviviencia de su pueblo. A eso dedica su vida. “¿De profesión? Yo soy defensora”, dice orgullosa.
La joven hondureña acaba de recibir en Dublin, Irlanda, el Premio Anual 2016 de Front Line Defenders para Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo, un galardón que rinde homenaje a la labor de quienes través del trabajo no violento, hacen una contribución sobresaliente a la promoción y protección de los derechos humanos de sus comunidades, a menudo enfrentando gran riesgo personal.
“En Honduras hace tiempo que no se puede respirar“
Ana Mirian ha viajado hasta Dublín para recoger el premio. Es la primera vez que sale de su país. “Lo que más me ha llamado la atención es el aire limpio y el ambiente saludable. En Honduras hace tiempo que no se puede respirar”, asegura a RTVE.es.
Torturas y amenazas de muerte
Desde el golpe de Estado en 2009, el gobierno hondureño ha otorgado 240 concesiones para la explotación minera e hidroléctrica del subsuelo. De los 850 megaproyectos extractivos, 51 están en territorios indígenas de la comunidad lenca. La instalación de la represa hidroeléctrica “Los Encinos”, contra la que se opone Ana Mirian, es uno de ellos.
En 2010 su grupo, el Movimiento Indígena Lenca de La Paz Honduras – MILPAH y del Consejo Indígena de San Isidro Labrador presentó un recurso para que se reconozcan las tierras ancestrales de las comunidades, y ahora tanto ella como su familia son blanco de reiterados ataques de parte de la policía, el ejército y grupos civiles armados relacionados con la compañía hidroeléctrica.
“Me torturaron a mí y a mi esposo y saquearon la casa“
Uno de las agresiones más graves ocurrió el 2 de octubre de 2015. “Unos 30 soldados entraron en mi casa a patadas, sin orden de registro, en plena madrugada. Me torturaron a mí y a mi esposo y saquearon la casa”, recuerda Ana Mirian, que en aquel momento estaba embarazada de 24 semanas. Fue ingresada en el hospital en estado grave y corrió el riesgo de sufrir un aborto como resultado de los golpes.
Ana Mirian Romero estuvo a punto de perder a su hija por una paliza de los militares.
La impunidad de los poderosos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de Ana Mirian Romero y su familia, y de otros 12 miembros del Consejo Indígena de San Isidro Labrador y del MILPAH el 24 de noviembre de 2015. Pero la intimidación y las amenazas de muerte no han cesado.
El último ataque ocurrió hace un mes, el pasado 9 de mayo. Cuatro hombres intimidaron a la familia en su domicilio, en el municipio de Santa Elena, departamento de La Paz, tras la visita de una periodista de la BBC Radio y un periodista hondureño, ese mismo día. Tal es el hostigamiento, que sus hijos han dejado de ir a la escuela.
“Mis hijos han tenido que dejar la escuela“
“Es peligroso. La policía me amenazó y me dijo que como no detuviera mi lucha iba a ir a por mis hijos. El año pasado se perdieron casi todas las clases. Ellos y casi todos los miembros de la comunidad”, lamenta. Ahora sólo van los días que se sienten menos perseguidos. La más pequeña tiene tres meses, y la mayor 13 años.
“Están asustados, traumados, cuando un carro se acerca a casa tienen miedo de que puedan hacernos algo, pero no me piden que deje lo que hago. Me acompañan. Saben que lo hago por ellos”, asegura.
La dignidad de los pueblos indígenas
La lucha de Ana Mirian y sus compañeros ha conseguido paralizar el proyecto, de momento. Pero no saben por cuánto tiempo. El Río Chinacla es su fuente de vida. “No luchamos. Defendemos. Defendemos el río, los bosques, y el aire puro que respiramos. Eso es todo lo que queremos -tierra, aire y agua que no se contaminen por las presas. Estamos perseguidos y amenazados por esto, pero lo hacemos por el futuro de nuestros hijos. No sabemos qué más nos va a pasar, pero estamos dispuestos y listos para defender lo que tenemos”, ha dicho en su discurso de aceptación del Front Line Defenders en Dublín.
El premio, dice, le da aliento para continuar. “El hostigamiento al que nos someten busca nuestro desánimo pero ahora estamos más fuertes que nunca. Este reconocimiento es un logro de los pueblos indígenas y se lo dedico a ellos y a mi familia. No vamos a renunciar a nuestra tierra.”, dice, mientras su bebé, el único acompañante que se ha traído a Europa, reclama su atención. Espera que el galardón sea un seguro de vida, aunque sabe bien que las balas en Honduras no entienden de títulos.
Berta Cáceres, la prominente activista ganadora del premio Goldman, el Nobel verde, fue asesinada a tiros hace tres meses en su casa. La investigación ha revelado la implicación en su asesinato tanto del poder como de la compañía hidroeléctrica a la que se enfrentaba.
Entre 2009 y 2016 más de 100 activistas ambientales han muerto en territorio hondureño.
Los datos
1. La empresa Los Encinos es propiedad de la Presidenta del Partido Nacional, Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro, aún no investigados por el caso Bertha Cáceres, quien además del Gualcarque luchaba para detener la represa sobre el Chinacla.
2. Los Encinos — auto otorgada por Aurora desde la vice presidencia del CN en 2011 tras el golpe — pretende imponerse sobre el río Chinacla en Santa Elena, La Paz, occidente de Honduras, sin respetar la oposición del pueblo indígena lenca representado por MILPAH y CInPH, que han perdido asesinados al menos 20 liderazgos entre 2015 – 2016.
3. El premio de Front Line a Ana Miriam, como el Goldman a Bertha, representan NO a la imposición del capitalismo salvaje en los territorios ancestrales indígenas.
