Tegucigalpa.- La Ley de Amnistía para Perseguidos Políticos y Presos de Conciencia sigue siendo tema de discusión que contrapone la alianza política entre el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), que promueve su continuidad y el Partido Salvador de Honduras (PSH) que apuesta por una reforma para evitar que sindicados en corrupción sean beneficiados.
Desde el Poder Ejecutivo la postura es contraria frente a la reforma que promueven los congresistas del PSH que aseguran la amnistía política fue “mal planteada” y está beneficiando a corruptos y corruptores durante la gestión del gobierno de 2006 a 2009 al mando de Manuel Zelaya Rosales, actual coordinador del Partido Libre, esposo de la presidenta de Honduras y que funge como asesor.
“El primer compromiso que hicimos fue el decreto de justicia, ese decreto de la amnistía donde dábamos el primer paso para la reconciliación. Hay quienes siguen señalando en el Congreso Nacional que hay que revisarlos y yo les pregunto: -por qué tienen que revisar si lo que hemos pedido es que haya justicia, que aquellos y aquellas que fuimos ultrajados, golpeados, perseguidos durante doce años que era necesario que para poder dar el paso de la reconciliación”, declaró Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Noticia relacionada Los tres poderes del Estado confabulados para darle vida y trámite a cuestionada amnistía
Sin embargo, la congresista del PSH, Ligia Ramos, cuestiona que desde el propio Poder Ejecutivo se obstaculiza llegar a acuerdos debido que ni siquiera tienen acceso a conversar con Castro siendo su esposo quien se vuelve el intermediario.
“Me siento muy confrontada con el Ejecutivo en el tema de la amnistía, siento que no escuchan. El decreto se tiene que reformar precisamente para la reconciliación de todo el país. El decreto fue mal planteado, la reforma es más incluyente; esta reforma no es una confrontación, sino que es mejorar algo que se necesita en el país”, dijo.
La congresista destaca y mantiene su postura que, si bien la amnistía política era necesaria, se tienen que implementar las reformas para evitar que personas ligadas a corrupción reciban el beneficio.
De igual manera, el diputado Carlos Umaña develó que llevan más de dos meses tratando de impulsar dicha reforma, pero no se ha logrado llegar a consensos.
“No estamos pidiendo que se derogue sino mejorarla y así evitar excesos tal como la sociedad lo exigió. Llevamos más de 2 meses consensuando esto. Hay muchos perseguidos y son beneficiados, pero también hubo excesos en liberar corruptos”, cuestionó.
En entrevista a Criterio.hn, la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del PSH, Fátima Mena detalló que la reforma es un tema que se viene dialogando durante bastante tiempo ya que existe la necesidad de proteger a personas que fueron criminalizadas en el marco del golpe de Estado de junio 2009, en el marco de la crisis electoral de 2013 y 2017.
“Los grandes beneficiados con esta amnistía han sido defensores de la tierra, jóvenes universitarios, estudiantes, personas que los medios de comunicación ni la sociedad los conoce porque son luchadores sociales. No podemos desconocer que también este decreto ha tenido un componente de mala aplicación y por eso es que inicia la discusión a nivel del PSH”, declaró.
Noticia relacionada Amnistía: el “perdón y olvidó” que beneficia a corruptos y perseguidos políticos
La preocupación por la que promueven la reforma es que existen casos a donde los jueces han otorgado beneficios a personas que claramente no reúnen los requisitos que la amnistía establece como una motivación política que garanticen que son perseguidos o presos políticos.
“El planteamiento del PSH de proyecto de reforma ya se presentó en la secretaría en el Congreso Nacional. En la política se trata de dialogar, construir acuerdos y consensos y para el PSH siempre y en todo momento estará primero el país”, dijo Mena en respuesta a un posible resquebrajamiento de la alianza entre PSH y el Partido Libre.
Añadió que “habrá momentos es que estaremos de acuerdo en otros no. Dentro de la política disentir no es pecado ni es motivo de poder romper un acuerdo sobre la unidad que en este momento se ha construido”.
El propio congresista del Partido Libre, Marco Eliud Girón cuestiona que con la ley de amnistía “se les pasó la mano” y aseguró que no apoyarán una reforma porque “no están de acuerdo que se aplique para delitos comunes” dejando a entrever que la posición de los diputados insurgentes rojinegros es su derogación.
EL MOTIVO PARA SU REFORMA
La Ley de Amnistía, otorga absolución de acciones penales contra presos y perseguidos políticos y contra quienes se opusieron al régimen de facto que se instauró tras el golpe de Estado contra Zelaya, además contra los civiles que, en el marco de la defensa de la Constitución, el medio ambiente y la democracia, fueron criminalizados durante los tres gobiernos nacionalistas por doce años consecutivos (2010 al 2022).
Mediante Decreto Legislativo 4-2022 se aprobó la amnistía, el capítulo II, artículo 4, inciso A, es calificado como el “pacto de impunidad” por diversos sectores de la sociedad, porque los exfuncionarios, empleados, directores y autoridades que hayan fungido en los cargos entre el 27 de enero de 2009, día en que asumió el poder la administración Zelaya, hasta el 28 de junio de 2009, día que se perpetró el golpe de Estado, pueden invocar la amnistía de manera directa ante un juez a favor de delitos que, quizás, no tienen que ver con acciones políticas sino con actos de corrupción.
Entre tanto para beneficiar a los ambientalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, campesinos, maestros, entre otros, que fueron criminalizados y judicializados durante el golpe de Estado y la dictadura del Partido Nacional deben ser certificados como víctimas de persecución política por parte del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y validados por la Secretaría de Derechos Humanos.
Noticia relacionada Amnistía política no debe ser opción para evasores de la justicia
Otro factor que se cuestiona es que se contemplaron dentro de los delitos que abarca la amnistía delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública.
De igual manera, el enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, posesión ilegal de armas de guerra, delitos que permiten a exfuncionarios acusados o condenados en corrupción ser absueltos.
Para el caso, fue favorecido Enrique Flores Lanza, quien tenía orden de captura por extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto “Cuarta Urna” siendo acusado por delitos de malversación de caudales, fraude y abuso de autoridad.
Flores Lanza recibió carta de libertad definitiva acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos, figurando como uno de los exfuncionarios más perseguidos de la administración de Zelaya Rosales. Asimismo, fue beneficiado al extinguirse la acusación de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
De igual forma, Marcelo Chimirri, primo de la presidenta Castro, se benefició. Había sido condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso de autoridad y fraude más nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Chimirri fungió como gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), durante el gobierno de Zelaya, fue condenado al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió por parte de la empresa estadounidense Latin Node, quienes se declararon culpables de haber sobornado a altos funcionarios a cambio de recibir contratos con el Estado.
Otro exfuncionario que invocó el beneficio fue el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien se encuentra prófugo desde el 2017. Sunseri ha presentado ocho solicitudes de amnistía por ocho acusaciones en su contra.
El exedil ha sido condenado por delitos de abuso de autoridad al donar, durante su gestión, un área verde a la asociación Ministerio Palabra de Vida. También, tiene casos pendientes por delitos de malversación dolosa al supuestamente emitir cheques para pagos de planillas fantasmas, entre otros casos de corrupción.
Además, el actual diputado del Partido Libre, Edgardo Casaña, solicitó amnistía condenado por el delito de abuso de autoridad agravado en perjuicio de la administración pública, será el próximo lunes que conocerá su fallo.
A juicio del coordinador de justicia y seguridad de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Kenneth Madrid, el “daño” con la amnistía “ya está hecho” debido que en caso de reforma o derogación la ley no es retroactiva a menos que beneficie al acusado.
“En este caso el daño ya se ocasionó y cualquier persona se va a poder acoger a esa ley penal que estuvo vigente antes de la reforma encasillando todos los delitos de la administración pública. El daño ya está hecho”, sentenció.
